A falta de estadísticas oficiales actualizadas, las proyecciones de las ONG indican que 10 millones de venezolanos viven en situación de pobreza, las ONG que expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la situación de los derechos sociales en Venezuela fueron contundentes: “En tres años Nicolás Maduro desmanteló los avances sociales que su predecesor logró en 12 años. Venezuela cerrará 2015 con una cantidad de personas pobres similar a la que tenía en 2000”.
La afirmación es de Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, quien en la audiencia celebrada ayer hizo hincapié en las desacertadas políticas económicas del gobierno que dejan a Venezuela muy mal parada: hace cuatro años, indicó, no había ni la inflación ni la escasez que hoy padecen los venezolanos.
“Para el segundo semestre de 2000 la pobreza en Venezuela era de 46,3%, un poco menos de 11 millones de personas. La política de promoción de misiones de 2004 la redujo en tres años a 33%. La inversión en materia social de esos años logró para el segundo semestre de 2012 llevarla a 21,2%”, reconoció Uzcátegui en la sesión.
Pero todo empeoró: “Empezó un proceso de regresión en la lucha contra la pobreza. Cifras oficiales revelaron que en 2013 se incrementó hasta 27%. Eso significa que 416.326 hogares se incorporaron a la gran población de personas que viven en condiciones de exclusión. Venezuela cerró 2013 con 9.200.000 pobres”, explicó el activista.
En 2014 el gobierno dejó de divulgar cifras sobre la pobreza, por lo que las ONG trabajan con proyecciones: “Al analizar las proyecciones se concluye que en Venezuela hay más de 10 millones de personas viviendo en la pobreza, como en 2000”, aseveró Uzcátegui.
Caos en salud y educación. Francisco Valencia, presidente de Codevida, denunció la precariedad de la salud en Venezuela. Citó ejemplos: en el Hospital Universitario de Caracas hay solo 300 camas operativas de 1.200; el Banco Municipal de Sangre tiene un déficit presupuestario de 95% y las neveras que almacenan la sangre están dañadas; en el Hospital J. M. de los Ríos cerraron neurocirugía y la emergencia por una inundación de aguas negras.
“Cada año 250 personas con accidentes cerebrovasculares o con obstrucciones coronarias están en riesgo por falta de insumos. 58% de las embarazadas no recibe atención prenatal. Las personas con cáncer no tienen reactivos”, denunció.
Alexis Ramírez, coordinador de Fenasopadres, denunció que desde 2001 el gobierno vulnera el derecho a la educación, con la pretensión de imponer un modelo socialista y con las manipulaciones históricas en los programas escolares.
Instituciones secuestradas. Carlos Ayala Corao, ex presidente de la CIDH, abrió fuegos en la audiencia sobre la situación general de los derechos humanos en Venezuela al referirse al deterioro de la institucionalidad irrefutable: las autoridades de los poderes Judicial, Ciudadano y Electoral han sido designadas a través de la aplanadora chavista en la Asamblea Nacional y no por la mayoría calificada (dos terceras partes) de sus integrantes. “No hay quien controle al gobierno”, resumió el jurista.
Ayala Corao destacó la debilidad del Poder Judicial como consecuencia de que la mayoría de los jueces (66% reconoció la representación estatal, lo cual en opinión del presidente de la CIDH, José de Jesús Orozco Henríquez, es preocupante) ejercen sus cargos sin estabilidad y son vulnerables a todo tipo de presiones.
Mencionó como uno de los más graves episodios de la historia judicial del país que la Sala Constitucional se haya erigido en tribunal penal, y a través de juicios sumarios y sin derecho a la defensa haya condenado, encarcelado y destituido de sus cargos a los alcaldes de San Diego, Enzo Scarano, y de San Cristóbal, Daniel Ceballos. Para colmo, contra ambos se emprendieron otras acciones judiciales para prolongar su prisión.
Otras consecuencias de lo que Ayala Corao denominó secuestro de las instituciones es la inhabilitación de diputados sin juicio previo ni condena penal, como es el caso de María Corina Machado, así como la detención del alcalde Antonio Ledezma, en cuyo caso el mandato del presidente Maduro sustituyó la debida orden judicial.
La directora ejecutiva de Cofavic, Liliana Ortega, precisó que en 2014 hubo 1.018 presuntas ejecuciones extrajudiciales, mientras que el año anterior se contaron 669, lo cual implica un incremento de 52%.
Cofavic registró 188 casos de presuntas torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes durante el año pasado, así como 3 casos de presuntas desapariciones forzadas de personas.
Sobre la impunidad de las violaciones de derechos humanos, Ortega aseguró que solo 1,3% de los casos llegan a juicio.
El representante del Estado, Germán Saltrón, trató de justificar: “En 15 años no podemos solucionar todas las irregularidades que se venían arrastrando desde hace 100 años”. Y no desaprovechó la oportunidad para decir ante la CIDH que el decreto del presidente Barack Obama que declara la situación venezolana como una amenaza para Estados Unidos equivale a una declaración de guerra.
El Estado defiende resolución 008610
Sobre la resolución 008610 del Ministerio de la Defensa, que autoriza el uso de armas potencialmente mortales en la represión de manifestaciones, la comisionada Rosa María Ortiz emplazó al Estado a precisar qué tipo de armas.
Sin responder a la pregunta específica, Germán Saltrón señaló que la protección constitucional se limita a las manifestaciones pacíficas. Desde su punto de vista, la simple interrupción del tránsito de vehículos implica violencia y amerita procedimientos más severos para el control del orden público.
“Lo que establece la resolución es la actuación de un primer cordón por parte de la Policía Nacional Bolivariana. Si la PNB es rebasada, interviene un segundo cordón de la Guardia Nacional Bolivariana, y si esta también es rebasada, procede la participación de un tercer cordón del Ejército”, dijo Saltrón sin despejar las dudas de los comisionados.
Una vez más, el Estado negó la posibilidad de que la CIDH visite Venezuela. En todo caso, el comisionado presidente advirtió que seguirá monitoreando la situación de los derechos humanos en el país, “en cumplimiento de su mandato”.
El dato
En el examen del caso de Linda Loaiza López se planteó la necesidad de una reparación integral de la víctima y el establecimiento de garantías para la no repetición de hechos tan atroces. Parte del debate se concentró en la impunidad en que quedó el delito de violación sexual. María Alejandra Díaz, en representación del Estado, dijo que, en definitiva, todo fue el resultado de falta de pruebas, sin reprochar al Ministerio Público que no haya hecho una investigación efectiva.
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