Además Patricia Elena Mirabal Rengel está denunciada por corrupción en la Fiscalía 12°. Los abogados chavistas la protestan y sostienen que ella firmó contra Chávez y aparece en la lista Tascón, sin embargo ahora es la mandamás de la justicia penal en la tierra de Diosdado Cabello

 

“…cosas vedere sancho que non credere”

 

Patricia Elena Mirabal Rengel, cedula de identidad N° V-11.778.639, es una abogada muy suertuda, políticamente hablando. Ella firmó contra el difunto Hugo Chávez y así aparece en la célebre lista Tascón, sin embargo fue perdonada por su sucesor, Nicolás Maduro. Está denunciada en la Fiscalía 12° del estado Monagas a cargo del Fiscal Provisorio Terry Del Jesús Gil León, por corrupción; pero a pesar de todo lo anterior, fue designada el 17 de este mes, es decir hace 6 días, en la tierra de Diosdado Cabello, Presidenta Encargada del Circuito Judicial Penal del estado Monagas. Esto no lo entiende nadie en el Foro de aquella entidad. Patricia Mirabal, nacida el 29/05/1973 en el estado Miranda y con solo 3 años viviendo en Maturin, sostiene entre sus allegados que llegó al cargo gracias a que es comadre del Magistrado Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia ¡vaya usted a saber si eso es verdad!

Lo cierto es que una buena cantidad de los litigantes en Monagas califican de inaceptable este nombramiento y sobre todos muchos de ellos chavistas, pues sostienen que tienen información que hasta hace unos años, la nueva Presidenta Encargada del Circuito Judicial Penal del estado Monagas, era furibunda antichavista, al extremo que firmó contra el fallecido líder Hugo Chávez. Ahora dice ser madurista hasta los tuétanos.

¡Otras denunciadas!

DENUNCIADAS EN FISCALIA CONTRA LA CORRUPCION

E  INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES JUEZAS  PENALES

DEL ESTADO MONAGAS

Las jueces Primera y Cuarta de Primera Instancia en funciones de Juicio de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, abogadas  Patricia Mirabal y Bárbara Lucero,  fueron  denunciadas por ante la Fiscalía  contra la Corrupción del Ministerio Publico de esta entidad, asimismo por ante la Inspectoría General de Tribunales  y la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, por graves irregularidades cometidas en una causa penal que lleva esos juzgados. Según la denuncia, estas operadoras de justicia no  cumplieron  con lo establecido en las leyes y menos con el noble oficio para lo que han sido encomendadas por el Poder Judicial, menos aún con el Código de Ética del Juez venezolano. El denunciante Gustavo Felipe Guzmán López, C.I : V-5.548.289; acompañado  de su apoderada judicial, abogada Carmen Loreto, refirió que cursa por ante el referido Tribunal Cuarto de Juicio una Querella Acusatoria Privada  que interpuso en el año 2.014, y que hasta la presente fecha no se ha logrado realizar la audiencia oral y publica, aun cuando en varias oportunidades han estado todas las partes notificadas. Según por lo afirmado por el denunciante la jueza Cuarta de Juicio. en ocasión de una Recusación que él le hiciere y de una Acusación Privada que le presentare la abogada Carmen Loreto, la misma se separó del conocimiento de la causa, mientras duraba la incidencia recusatoria, pero es el caso que por distribución la causa para el momento de ser presentada la recusación en su contra, le fue asignada al Tribunal Primero en funciones de juicio, pero la incidencia fue declarada SIN LUGAR  por la Corte de Apelaciones del estado Monagas y le envió nuevamente  las actuaciones al Juzgado Cuarto de Juicio para que siguiera conociendo del caso, cosa que no sucedió ya que la Jueza Cuarta de Juicio Bárbara Lucero, quien debió presentar su inhibición de conocer la causa ante la Corte de Apelaciones a los fines que declarara con lugar la INHIBICION, envió la totalidad de las actuaciones al Juzgado Primero de Juicio a cargo de la jueza Patricia Mirabal, quien le dio entrada sin que estas actuaciones estuvieran acompañadas del cuaderno de inhibición. Solo consta en la causa el cuaderno de recusación, y no solo que reciben la causa, sino que hasta fijaron y celebraron audiencias donde fueron diferidas las mismas por diferentes motivos, hasta que en fecha seis (6) de Octubre de 2016 que estaba fijada la audiencia en el tribunal Primero,  a cargo de una jueza suplente quien se negó a celebrar dicha audiencia alegando que en ese expediente no constaba que la jueza cuarta de juicio se le  haya declarado con lugar inhibición alguna, lo que si constaba era que la Corte de apelaciones declaro SIN LUGAR la Recusación que interpuso el ciudadano Gustavo Guzmán contra  la jueza Bárbara Lucero , por lo que la jueza suplente decidió regresar la causa lugar de origen , y efectivamente lo regresó y le dieron entrada y hasta le fijaron audiencia para el año 2.017. Ante la situación presentada y que el expediente estáplagado de irregularidades. Afirma el denunciante que ha decidido presentar formal denuncia ante la fiscalía competente a los fines que se castigue a los responsables, asimismo refiere el denunciante que esta situación le ha causado y le sigue causando graves daños patrimoniales ya él y su abogada  reside  en el estado Guárico y que la audiencia ha sido diferida en varias oportunidades y el colmo ha sido que el pasado dos (2) de Noviembre del presente año el juzgado Primero en función de Juicio regresa el expediente al Tribunal Cuarto de Juicio, dizque porque no se encuentra consignado el cuaderno de inhibición de la jueza cuarta de juicio, cabe acotar que el denunciante manifiesta que siente que se le han  quebrantado todos sus derechos constitucionales, ya que asimismo manifestó que después que ha transcurrido casi un año y medio que esa causa la recibió el tribunal primero de de juicio sea ahora que se dan cuenta de lo que adolece el expediente para que sea conocido por el referido tribunal, y hace un llamado al ciudadano Silio Sánchez Director Ejecutivo de la Magistratura a meter  la lupa en los Tribunales Penales antes mencionados a los fines de tomar los correctivos necesarios, refiriéndose el denunciante a el ERROR INEXCUSABLE cometido por las operadoras de justicia antes señaladas. Finalmente  el denunciante anuncia las acciones penales, civiles y administrativas  a que haya lugar. Haciendo un llamado a los órganos involucrados, ya que si estas irregularidades suceden en distintas causas penales con personas que  pueden trasladarse de una entidad a otra. Que dejaran estos funcionarios  para el colectivo de a pié que no posee medios económicos para costear un juicio.

 

 

José Rafael Ramírez
Periodista, CNP 3.141