El proceso de embargo que adelanta la empresa Crystallex contra Citgo para cobrar la suma total de 1.400 millones de dólares originados en un laudo del tribunal internacional de arbitraje CIADI había sido detenido por discusión sobre si Citgo debiera responder por esa deuda que no era suya sino de Venezuela. El 29 de julio de 2019 la Corte Federal de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos en Filadelfia, confirmó sentencia del Tribunal de Distrito que autorizó a Crystallex embargar Citgo por deudas de Pdvsa. Crystallex procedió a embargar las acciones de Pdvsa en Citgo que son el 51% del total accionario. Esta medida fue apelada y suspendida en su ejecución. Ahora la Corte Federal de Apelaciones ha dictado sentencia autorizando la prosecución del embargo.
La respuesta de la Asamblea Nacional
Mediante un comunicado la Asamblea Nacional ha dicho lo siguiente:
1-Citgo está protegida por la orden ejecutiva dictada por el gobierno de Donald Trump
2-La sentencia de la Corte Federal de Apelaciones tiene en curso un proceso de apelación por lo que no se han agotado las instancias y llevarán el caso hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.
3-Crystallex demandó a Venezuela en 2017 y fue el gobierno de Maduro el que estuvo a cargo del juicio cuando una Corte de Estados Unidos decidió que Crystallex podía cobrar su deuda ejecutando la propiedad de PDV Holding propietaria de Citgo
4-El ilegítimo procurador de Maduro firmó una transacción reconociendo derecho a Crystallex para cobrar lo sentenciado y abonó 425 millones de dólares con bonos de PDVSA lo cual es nulo.
Medias verdades, mentiras y peligros
LA ORDEN EJECUTIVA ES UNA MEDIA VERDAD: La protección por la Orden Ejecutiva dictada por el gobierno norteamericano y que reconocemos como un gran aporte a Venezuela y a las luchas por la libertad, es relativa, ni anula la acreencia, ni es definitiva. Esa es una medida que toma el Ejecutivo por circunstancias políticas que son cambiantes y puede ser anulada por otro presidente distinto a Trump, también por un tribunal. No sería la primera vez que ese tipo de medida sea controvertida judicialmente, en estados Unidos funciona el sistema de control de poderes, de pesos y contrapesos. En todo caso, restituido un gobierno legítimo en Venezuela la deuda no desaparece en virtud de dicha orden ejecutiva, estaría allí esperando ser cobrada.
LA MENTIRA DE UNA APELACIÓN EN CURSO: En el proceso judicial norteamericano no existe apelación de una apelación. Es falso que exista en curso un nuevo proceso de apelación ni que no se hayan agotado las instancias, todas están agotadas, solo quedaría el llevar caso ante la Suprema Corte que como sabemos los abogados, no es una “instancia”. Solo nos queda el recurso de Revisión que para la Corte Suprema no es obligatorio admitirlo, es un recurso excepcional y potestativo.
La organización judicial en Estados Unidos no admite apelación de una sentencia de apelación, esa afirmación es un disparate y solo deja ver la falta de conocimiento litigante de quien elaboró esa nota que ha publicado la Asamblea Nacional.
En Estados Unidos hay una doble estructura judicial, una en los estados y otra nacional (federal). Este caso se tramita en la jurisdicción federal que está compuesta por los tribunales de Distrito que son la primera instancia, y cuyas decisiones son apelables para ante las Cortes Federales de Apelaciones que son la segunda y última instancia. Las sentencias de estas Cortes de Apelaciones solo pueden ser recurridas ante la Suprema Corte mediante recurso excepcionalísimo de revisión cuya admisión es potestativa y muy limitada, las estadísticas dicen que apenas un 5% de esos recursos son tomados por los jueces para examinarlos y sentenciarlos.
Este caso lo conoció en primera instancia un tribunal de Circuito que sentenció a favor de la demandante Crystallex, de allí se apeló a la segunda instancia que es la Corte Federal de Apelaciones de Filadelfia que confirmó ese fallo. Ya no hay otra instancia, no existe tercera instancia, no cabe otra apelación, es mentira la “apelación en curso” que dice el comunicado de la Asamblea Nacional y que evidentemente fue redactado por alguien que ignora la estructura y el proceso judicial norteamericanos
PELIGROS: En ese comunicado que aparece en nombre de la Asamblea Nacional se dice que fue el régimen de Maduro el que estuvo a cargo del juicio donde condenaron a Venezuela y con eso trata de evadir la responsabilidad que pesa sobre el procurador designado por Juan Guaidó, el señor José Ignacio Hernández, quien ha debido avocarse al proceso y demandar su nulidad por indefensión del país como tantas veces se le ha pedido inútilmente.
Como ese caso hay otros tramitándose ante el CIADI y hasta ahora no se ha sabido de diligencia alguna ante tal tribunal ni para cuestionar la representatividad del régimen de Maduro ni la de su falso procurador Reinaldo Muñoz.
Conflicto de intereses
El Procurador José Ignacio Hernández sigue cometiendo gravísimos errores en la conducción de la defensa de Venezuela
RECORDATORIO: El procurador designado por el presidente interino Juan Guaidó, José Ignacio Hernández, abogado venezolano ha tenido vinculación con Crystallex a través del bufete en el que prestaba sus servicios y allí fue nominado como “experto legal” para emitir un dictamen que pagó dicha compañía, antecedente por el que se le ha cuestionado su participación en este caso contra Venezuela. Ha dicho que esa actividad se la ha manifestado al embajador Carlos Vecchio y a la Asamblea Nacional, e incluso que se separó del caso dejando incertidumbre la veracidad de tal afirmación y sobre la defensa que al país le corresponde hacer, si es que sigue en el caso a pesar de ese antecedente, o si es que estamos sin defensa, y si es que en verdad se separó, quien estaría ejerciendo nuestra defensa y bajo cual autorización legal. Es un caso tan grave que no puede estar sometido a tales interrogantes. El procurador José Ignacio Hernández sigue cometiendo gravísimos errores en la conducción de la defensa de Venezuela ante los ataques que por via judicial se nos están haciendo, así lo he denunciado y ratifico y la responsabilidad también la está asumiendo sin que sea tomado en cuenta por la Asamblea Nacional.
Carlos Ramírez López
@carlosramirezl3
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