Carlos Ramírez López: Bonistas contestan demanda en New York

Como se ha informado, la Junta Directiva Ad hoc de PDVSA demandó la nulidad del Bono 2020 por haber sido emitido contraviniendo la disposición constitucional del control legislativo necesario en todo contrato de interés nacional. Pero en realidad, la resistencia venezolana a reconocer esta deuda tiene un motivo de fondo que va mas allá del tema de su inconstitucionalidad, es que son dineros que se han ido por los canales de la corrupción. No es que estamos ante una asunto de mala administración, ni de meras disputas políticas internas, sino que se trata de malversación y de  robo masivo que ha llevado a la población a la grave crisis humanitaria que padece. Es decir, la discusión no se puede circunscribir a la validéz del trámite jurídico en la emisión de los bonos sino que hay que hurgar en su verdadera esencia delictiva no solo para anular el proceso de cobro sino para que se nos regresen esos capitales que son indispensables para la reconstrucción del país.

Los argumentos de los demandados

La periodista Maibort Petit en días pasado publicó una reseña sobre este caso de la demanda, y allí informa que los demandados consignaron un escrito ante la Corte del Distrito Sur de New York donde hacen los siguientes alegatos: -Los representantes de Juan Guaidó no pueden argumentar que las notas son ilegales y nulas porque ellos mismos las han reconocido al haber pagado los intereses vencidos en abril 2019. -Tambien alegan que la legalidad de las notas se basa en la legalidad sustantiva de New York y no en la ley venezolana por lo que los argumentos de ilegalidad fundados en las leyes venezolanas es irrelevante -Dicen que los contratos son exclusivos de las leyes de New York, que están nominados en dólares estadounidenses, comercializados en Estados Unidos y garantizados por una prenda de acciones otorgada por PDV Holding que es una sociedad registrada en Delaware y que es la empresa matríz de Citgo con sede en Texas, que los pagos de capital e intereses debe hacerse en New York. -Que PDVSA durante años ha incurrido reiteradamente en deudas sin buscar ni obtener la aprobación de la Asamblea Nacional -Que el asesor de Juan Guaido (refiriéndose a Ricardo Hausman) admitió que decidieron no iniciar un litigio porque creían que era una ventaja esperar.

La respuesta aconsejable

Los demandados argumentan que toda la estructura de la deuda proveniente de estos bonos 2020 está vinculada a Estados Unidos y por tanto son sus leyes las que deben regir excluyendo la ley venezolana. Esto choca con la ley norteamericana que penaliza el lavado de activos de origen ilícito. Si esos papeles son producto de un hecho ilícito en Venezuela, sigue siendo ilícito donde vaya, aunque se haya utilizado toda una estructura legal en otro país diferente para materializar el beneficio del delito. No puede admitirse que lo que nació como producto de una ilegalidad en Venezuela se legalice en Estados Unidos por haber sido el lugar escogido por los delincuentes como el de legitimación de los capitales obtenidos en ese hecho ilícito. Si nació como un hecho ilícito en Venezuela sigue siendo ilícito en EE.UU.

El argumento de que antes en Venezuela se han emitido otros bonos y asumido otras deudas sin la aprobación de la Asamblea Nacional choca con el argumento de que la repetición del hecho ilícito no lo legitima. Por el hecho de que el robo sea repetido no significa se transforme a ser un hecho lícito.

La deuda venezolana no es un asunto de naturaleza Civil-Mercantil sino penal

La deuda que nos ahoga no es solo la de estos bonos 2020, esa es solo una pequeña parte. Tenemos tras nosotros la persecución de acreedores por sumas que conservadoramente se dice anda por el orden de los 200 mil millones de dólares y que se nos reclaman en base a otros bonos, también por sentencias condenatorias en procesos judiciales y en laudos arbitrales. Ante semejante desafío debemos tener una política clara que nos permita diseñar un programa de reestructuración en el que se convoque a aquellos grupos de acreedores legítimos, que los hay, a que se sumen a un plan que nos permita pagarles a la vez que reconstruirnos, única verdadera garantía de satisfacción de esas acreencias. Pero también, y como factor de presión para ello tenemos que ir a fondo en la persecución penal de los depredadores y en la búsqueda de los dineros que se nos han robado en estos 20 años de saqueo.

La recuperación de activos

A los acreedores les conviene mucho que hagamos un reordenamiento entre su interés en que se les pague y la posibilidad real de satisfacerles. Esto pasa por una política de unir esfuerzos, nada que nos vengan con cobros y ejecuciones desordenadas como una manada de lobos arrancando girones de un cadaver que solo tiene algo de piel y huesos. Hay que revivir a la víctima, ayudarla a restablecerse para que pueda tener capacidad de dar a cada quien lo suyo. Esa ayuda pasa además por la necesaria colaboración en ubicar y recuperar los dineros robados para reactivar la economía y aliviar a los acreedores que además puedan sumarse a esa reactivación invirtiendo en el país y creando fuentes de empleo.

Tenemos que clasificar a los acreedores, examinar si se trata de inversionistas y empresarios verdaderos, acreedores con causa real, y a estos hay que dirigirles una política seria de reestructuración de sus deudas bajo compromiso de contribuir a que nos rcuperemos para pagarles. Pero tenemos que ubicar a los ladrones, a esos falsos acreedores que esgrimen deudas provenientes del desfalco. Incluso entre estos bonistas con toda seguridad que hay beneficiarios del saqueo y a esos no solo es que hay que negarles pago alguno, sino que tenemos que perseguirlos penalmente. También deben ayudarnos a ubicar y perseguir los dineros robados a Venezuela que están invertidos en muchos lugares, y que están plácidamente  resguardados en entidades financieras urbi et orbe.

 

 

Carlos Ramírez López

@CarlosRamirezL3

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