Carlos Ramírez López: Demandar y acusar penalmente, la decisión correcta

En comunicado de prensa de la Junta Administradora ad hoc de Petróleos de Venezuela se informa que presentó demanda por ante el Tribunal de Distrito Sur de New York por la nulidad del Bono 2020. La acción legal se interpuso contra dos grandes instituciones financieras de Estados Unidos, el Union Bank y Glas America. El primero (Union Bank) presenta antecedentes de litigios por involucrarse en lavado de dinero de drogas con casas de cambio de México, y el segundo ha sido el agente escogido por el régimen corrupto de Maduro para manejar reestructuración de deudas de PDVSA y como Agente colateral en el intercambio de 7 mil millones de dólares de los bonos PDVSA.

También el gobierno legítimo de Juan Guaido emitió un comunicado en el mismo sentido al del anterior. Esto demuestra que se ha desautorizado la gestión que venía haciendo el procurador José Ignacio Hernández quien solo tenía como opción buscar arreglos con los agiotistas y en lo cual ya se ha perdido mucho tiempo. También de forma absurda y por consejo suyo se dispuso indebidamente de 71 millones de dólares para  abono a la deuda ilícita. Esto tendrá consecuencias.

Es una decisión correcta

La explosiva información anterior es la materialización de las denuncias que se han venido haciendo sobre la ilicitud de la horrorosa deuda que amenaza a Venezuela con quitarle CITGO.Ahora tenemos estos detalles gracias a la correcta determinación de esta Junta Administradora de enfrentar legalmente la amenaza que con el fraudulento Bono 2020 se cierne contra el país, actitud muy distinta a la hasta ahora sostenida por el citado procurador a quien correspondía tomar esa decisión como defensor de bienes patrimoniales de la república pero ha hecho todo lo contrario.

La gran diferencia con la actitud anterior

En el comunicado se informa que para esta acción legal se ha escogido a dos grandes bufetes norteamericanos, que son Paul Hastongs LLP y Willkie Far & Gallager LLP.Muy distinto a los contratados por este procurador que contrató al mismo bufete que trabajaba para Maduro y además se buscó a otroque antes trabajaba para un gran bufete de abogados de acreedores buitres y cuyo planteamiento era buscar acuerdos con los agiotistas que poseen los fraudulentos Bonos 2020 lo cual incluyó ese pago infame que se hizo por 71 millones de dólares en el pasado mes de abril y que solo logró alimentar las expectativas de los cobradores.

Gracias a la actitud asumida por el gobierno norteamericano de emitir medidas ejecutiva paralizando en dos oportunidades por tres meses cada una las acciones de los dueños de estos bonos buitre es que no nos han quitado a Citgo. Pero, como lo hemos venido advirtiendo, son medidas temporales, el monstruo se mantiene vivo, y solo la judicialización del tema es lo que nos ofrece la posibilidad real de combatir y matar al monstruo, de allí la gran importancia de este paso que ha dado la Junta Administradora de demandar la nulidad del Bono 2020 cuyos tenedores ahora si estarán bajo una posibilidad real de perderlo todo.

Antonio Ledezma promoverá la acción penal

La ilicitud que se invoca en la comentada demanda contra los tenedores del Bono 2020 se basa en que éste fue emitido sin contar con la aprobación de la Asamblea Nacional, y es que la constitución expresamente establece que todo contrato de interés público nacional debe pasar por el control legislativo en ejercicio del principio de interelación de los poderes públicos. Es clara la posibilidad de éxito de esta acción de nulidad por violación del texto constitucional, pero sin embargo es necesario apretar mas la cuerda con una acción penal contra quien emitió esa ilegal deuda -Nicolás Maduro- y tambien contra quienes a conciencia de tal ilegalidad adquirieron esos instrumentos. En ese camino está Antonio Ledezma quien ya anunció que iría a poner denuncia ante el Fiscal General de Estados Unidos.

La acción penal

En un primer examen sin mucha profundización tenemos los siguientes elementos que conforman la evidente actuación delictiva en la emisión y comercialización del Bono 2020. Primer indicio: Este Bono fue emitido por un régimen reconocidamente corrupto en un ejercicio abusivo de poder al hacerlo violando el texto constitucional. Segundo indicio: Quienes adquirieron por cualquier título (canje o compra) este bono tenían que saber sobre la falta del indispensable requisito de la aprobación parlamentaria. Eso fue un hecho público comunicacional, cuya notoriedad lo hizo conocer profusamente en Venezuela y en todo el mundo. No hubo inocencia en su adquisición, no hubo sorpresas en la buena fe. Por otra parte, los compradores de este bono son empresas con gran experiencia en estos manejos, y es imposible que se hayan dispuesto a invertir miles de millones de dólares en este negocio sin estudiar a fondo el caso. El primero de los demandados es Union Bank de Estados Unidos que tiene antecedentes en lavado de dinero proveniente del narcotráfico por lo que le han abierto juicio penal y ha firmado acuerdos con el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro en los años 2004 y 2007 en los que ha tenido que pagar multas y decomisos por 3.6 millones de dólares. Esto aparece reseñado en el sitio https://en.wikipedia.org/wiki/MUFG_Union_Bank Tercer indicio: El gobierno de Estados Unidos ha emitido dos órdenes ejecutivas prohibiendo actos de tranasmisión por cualquier título de estos Bonos 2020. Estas medidas arrojan otro indicio sobre lo delictivo del caso pues son de carácter excepcional ya que chocan con la extrema libertad con que opera el sistema financiero. El hecho de haber interferido con tales medidas evidencian que hay un mar de fondo, turbio, ilegal en esto. Cuarto indicio: Las condiciones inusuales bajo las cuales se negociaron estos Bonos 2020 con el exagerado premio de 8.5% de intereses, mas la garantía colateral de las acciones de Citgo y el depósito que se hizo ante el Union Bank de las acciones que sobre Citgo tiene Venezuela para que en caso de impago del préstamo le sean entregadas a los acreedores sin necesidad de proceso judicial alguno.

En resumen, si estos agiotistas quieren negociar, ahora es otra la situación.

 

Carlos Ramírez López

@CarlosRamirezL3

 

 

Be the first to comment on "Carlos Ramírez López: Demandar y acusar penalmente, la decisión correcta"

Leave a comment