Carlos Ramírez López: El desastre de la deuda y su manejo por la que podemos perder CITGO

El desastroso manejo que desde la Asamblea Nacional y del abogado de la nación se está equiparando al terrible daño que ha causado el dictador Nicolás Maduro con la contratación de deuda. Maduro endeudó a PDVSA para continuar con el saqueo al que han sometido a Venezuela y entre el Legislativo y su procurador están haciendo posible que ese crimen llegue con éxito a su final.

Como se llegó a esta deuda

Sin ningún tipo de control Hugo Chávez inició esta espiral de deuda comprometiendo a PDVSA en la emisión de bonos de la deuda pública únicamente destinada al robo. Maduro continuó con esa práctica y ante la desconfianza del mercado financiero fue emitido este denominado Bono 2020 que fue vendido en condiciones evidentemente fraudulentas, pero hubo grandes capitales que asumieron el riesgo de comprarlos cuando se les ofreció retribución con altísimos intereses fuera de lo habitual en este tipo de operaciones, y además ofreciendo CITGO como garantía. Cabe señalar que en aquel momento la Asamblea Nacional se pronunció públicamente por la ilicitud de dicho bono lo cual obligatoriamente fue del conocimiento de quienes los compraron, pues se trata de grandes empresas de capitales que antes de meterse en este tipo de operaciones las estudian a profundidad.

El extraño manejo del problema

Primer comunicado del procurador

Llegado el momento de pagar esta deuda no había como hacerlo, estamos quebrados, entonces nuestro abogado, el Señor Procurador especial José Ignacio Hernández propuso a la Asamblea Nacional que se pagara parte de los intereses vencidos, así lo informó en un comunicado que emitió el 7 de mayo de 2019 y donde dijo que había agotado todas las opciones para lograr diferir ese pago pero que los acreedores se negaron a eximirlo. Agregó el Señor Procurador que sería muy complicado obtener a tiempo una orden judicial de protección. También dijo en su comunicado que al hacer ese primer pago estaríamos en mejores condiciones para renegociar la deuda y que “El pago de intereses del Bono 2020 no es solo una consecuencia de una obligación que vincula a PDVSA, sino que, además, es la mejor opción que permitirá salvaguardar a Citgo y garantizar las mejores condiciones para el proceso de renegociación de la deuda pública venezolana.”

1. En este primer comunicado el funcionario da legalidad a ese bono al declararlo vinculante para PDVSA en contra del pronunciamiento que antes dio la Asamblea Nacional proclamando la nulidad de dicha deuda por haberse adquirido en violación al texto constitucional.

2. Dice el procurador que había agotado todas las opciones para diferir el pago, opciones que limitó a pedir a los acreedores que nos eximieran del pago

3. El procurador renunció a la posibilidad de obtener una orden judicial de protección, pues dice que eso era muy complicado, y afirmó que pagar era la mejor opción para renegociar esa deuda. Obviamente eso fue un engaño porque no ha habido tal renegociación.

En resumen, nuestro abogado, el procurador especial, a sabiendas de que se trata de una deuda ilícita creada por el dictador Maduro con violación a la Constitución y por ello rechazada, negada por nuestro Poder Legislativo, la reconoció y su actuación se dirigió a pedir a los fondos buitre dueños de esos bonos que por favor no nos cobraran. Ese comunicado lo que resume es una desesperación para que se pagaran aquellos 71 millones de dólares por intereses de la deuda ilícita, inconstitucional, delictiva.

El procurador contrató a un experto abogado norteamericano quien nos trabaja “pro bono” (gratis)

En mayo de 2019 el procurador José Ignacio Hernández logró que la Asamblea Nacional autorizara el pago de intereses por 71 millones de dólares de esa deuda antes calificada de ilícita. Es de advertir que cuando aconsejó a la A.N autorizar ese pago ya había contratado a un famoso abogado ex integrante de un tambien famoso bufete de New York, Cleary, Gottlieb Steen y Hamilton, que representa a acreedores que poseen 60 mil millones de dólares de deuda contraida por Maduro, es decir, un bufete de acreedores buitres. Se trata del abogado Lee Buchheit pero advirtió que no nos cobraría nada, trabajaría “pro bono”, es decir, de gratis.

No hay que hacer mucho esfuerzo para deducir de donde le llegaron los consejos de hacer ese pago que nunca debió haberse hecho.

El Procurador y su segundo comunicado

Ahora el procurador ha emitido un nuevo comunicado donde trata de justificarse, dice que la Asamblea Nacional autorizó el pago pero bajo protesto, lo que permitiría dejar cuestionada la legalidad del bono 2020 -dice él- Que esa fue una decisión acertada para defender a CITGO que había sido dado en garantía por Maduro. Que la estrategia defensiva consiste en lograr un acuerdo con los acreedores en una renegociación razonable. Este procurador también ha producido unas declaraciones donde explica que hay cuatro alternativas que son: 1.- Llegar a un acuerdo con los acreedores. 2.- Que el gobierno de EE.UU ratifique que los acreedores no pueden tomar conrol de CITGO 3- Que no se impida a los acreedores tomar CITGO. 4-Que las Cortes de Nueva York dicten alguna medida que suspenda la pérdida de CITGO.

El triste papel del procurador Hernández empeñado en pagar esa deuda ilícita

En Mayo de 2019 el procurador recomendó pagar los intereses de este bono ilícito “bajo protesto” .Transcurrieron hasta ahora mas de 4 meses, tiempo suficiente como para que se hubiera intentado una demanda judicial para que se sentenciara sobre la legalidad del Bono 2020 emitido por una persona que no es reconocida como gobernante legítimo sino como dictador -Nicolás Maduro- y sin la aprobación del Parlamento como lo exige la Constitución venezolana. No es verdad lo que afirma el procurador José Ignacio Hernández que solo la ley de New York es aplicable pues paraaplicarla debe pasar revista a las circunstancias específicas de cada caso, a la ley del lugar donde se originó la supuesta obligación.

En este caso donde también es discutible la responsabilidad de los acreedores que invirtieron en dichos bonos a sabiendas de sus debilidades legales las cuales son de conocimiento universal, sobre todo cuando esos acreedores son grandes empresas multinacionales de sofisticados mecanismos para la verificación de las condiciones para la inversión de sus capitales. No sería la primera vez que ese tema se planteara en tribunales norteamericanos ¿Porqué no lo hizo el Procurador? ¿Por qué la Asamblea Nacional no exigió explicaciones en este sentido a José Ignacio Hernández antes de tomar tan desdichada medida de mandar a pagar una deuda inconstitucional?

Pago bajo protesto

El procurador Hernández invoca como la genialidad salvadora que aquel pago de intereses que promovió con tanto empeño y que la Asamblea Nacional le aprobó por 71 millones de dólares, que se hizo “bajo protesto”, figura legal prevista en la Ley de Bancarrota de Estados Unidos para que un deudor hipotecario quebrado pueda organizar sus pagos, es decir, pagar ordenadamente bajo supervisión y control del tribunal. No es que “bajo protesto” significa algo así como “te pago estos intereses para tener tiempo de buscar el modo de no pagarte lo demás”. Eso no existe.

Pero en todo caso, o gratia arguendi como decimos los abogados, ¿eso significa que demandarás a quienes les pagaste para que nos devuelvan esos 71 millones?

Todo es un desastre

El martes 15 de octubre de 2019 la Asamblea Nacional volvió a sentenciar que el Bono 2020 es inconstitucional. Esto es una grave contradicción con lo que hasta ahora ha sucedido, por una parte el Organismo ha impugnadio la validéz del Bono 2020 por inconstitucional, pero por otra parte ha aceptado pagar intereses de dicho bono y tambien admite que el procurador esté en plan de negociar lo que queda por pagar.

Si la deuda es ilícita mal se puede admitir honrarla pagando los intereses que genera, es una contradicción insalvable que nos hunde en un desastre. El procurador en todo momento ha dicho que busca un acuerdo, una negociación para efectuar el pago, y desde que anda en eso no ha informado si ha hecho uso de algún recurso judicial, si ha presentado alguna demanda para que se anule dicha deuda.

Al final se avizora un desastre que pasa por la responsabilidad personal del procurador Hernández y por la falta de atención a sus actos por parte de la propia Asamblea Nacional en este caso, pero también en con el caso Crystallex, con el caso US Pdvsa Litigation Trust, con los casos que se procesan en el CIADI, con el proceso que por el Esequibo se tramita por ante la Corte Internacional de Justicia.- . https://youtu.be/5aZR7yR3B1g

 

 

Carlos Ramírez López

@CarlosRamirezL3

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