*** Por ese despelote que genera una danza de millones, el CONAS y el SEBIN investigan entre otros al juez presidente de la Corte de Apelaciones del circuito judicial del estado Cojedes, Gabriel España Guillén; a la Coordinadora Judicial, Mariana Pérez; así como a DORIS JOSEFINA SOLORZANO BRICEÑO, C.I N° 13.733.415; NEYROSMAR CELESTE ABREU ARIAS, C.I N° 23.604.904; ALEJAIN ANTONIO DINARDO, C.I N° 15.272.793; JUAN GABRIEL NUÑEZ ROMERO, C.I N° 12.769.564; y a varios alguaciles.
*** Entre lo investigado, está el caso del expediente HP21-P-2015-000516, cuyo procesado es RAFAEL TOVAR RANGEL, un sujeto que fue detenido por el CICPC involucrado en un homicidio doble.
El Palacio de Justicia de San Carlos en el estado Cojedes se ha convertido en una especie de mercado persa, donde todo se vende y todo se compra. No referimos a sentencias, boletas de libertad, medidas sustitutivas y paremos de señalar. Lo sorprendente de esto es que los regidores de ese “mercado judicial” son el juez presidente de la Corte de Apelaciones del circuito judicial del estado Cojedes, Gabriel España Guillén; y la Coordinadora Judicial, Mariana Pérez. Veamos:
El juez presidente Gabriel España Guillen, fue jubilado, pero quién permanece en el cargo porque aún no le designan sus sustituto; conjuntamente con su amiga intima y Coordinadora Judicial, Marian Pérez; en un movimiento inusual desincorporo abruptamente, al juez 2do de juicio, Víctor Bethelmy para colocar como suplente al abogado Víctor Dayar, quien en solo 5 días, desde el lunes 05 al viernes 09/02/2018, por instrucciones expresas de sus mentores concedió 30 órdenes de libertad a delincuentes de alta peligrosidad. Todas esas libertades se han producido en expedientes de casos de delitos graves, tales como homicidios, secuestro, tráfico de estupefacientes y robos agravados y los cuales, en circunstancias normales, de aplicación justa de la ley, esas libertades no les procede. El caso es que cada una de esas boletas de libertad han tenido su precio en esa especie de “casa de bolsa judicial”
Igual sucedió con la jueza Solangel Mérida, quién a pesar de aparecer con el estatus de secretaria jubilada, fue convocada por España Guillén para que ejerza como jueza suplente única de ejecución. Ella, igualmente por ordenes de sus mentores, en solo en 5 días concedió unas 20 libertades a penados por delitos graves, con el agravante de que ninguno de ellos cumplió con los requisitos exigidos por el Código Orgánico Procesal Penal, además que en los informes no aparecen las evaluaciones respectivas que debe realizar el Ministerio de Asuntos Penitenciario. Repetimos, está abogada a pesar de estar jubilada desde hace más de 2 años del cargo de secretaria, fue convocada por el juez presidente Gabriel España para que haga las suplencias de los jueces de instancia, lo que es absolutamente ilegal.
En los últimos días, se han producido negociaciones descaradas, con depósitos y transferencias bancarias, hechos a nombres de familiares de funcionarios judiciales, ordenadas por el juez presidente de la Corte de Apelaciones del circuito judicial del estado Cojedes, Gabriel España Guillén; y la Coordinadora Judicial, Mariana Pérez y gestionadas por secretarias y alguaciles. Se nos aseguró que el e CONAN y el SEBIN tienen adelantadas investigaciones al respecto y que posiblemente de un momento a otro se produzca una oleada de detenciones en el Palacio de Justicia. Sabemos que entre los investigados están: DORIS JOSEFINA SOLORZANO BRICEÑO, C.I N° 13.733.415; NEYROSMAR CELESTE ABREU ARIAS, C.I N° 23.604.904; ALEJAIN ANTONIO DINARDO, C.I N° 15.272.793; JUAN GABRIEL NUÑEZ ROMERO, C.I N° 12.769.564. Entre lo investigado, está el caso del expediente HP21-P-2015-000516, cuyo procesado es RAFAEL TOVAR RANGEL, un sujeto que fue detenido por el CICPC involucrado en un homicidio doble.
El juez presidente de la Corte de Apelaciones del circuito judicial del estado Cojedes, Gabriel España Guillén ha pretendido sacudirse su responsabilidad argumentando que cada juez es autónomo, pero resulta que el mismo emitió hace unos meses la orden de que ninguna boleta de libertad sale del Palacio de Justicia sin su aprobación.
José Rafael Ramírez
Periodista, CNP 3.141
Todas las imágenes que publicamos adjuntas a esta nota tienen que ver con la investigación:
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