*** La UIP cuestionó que los cargos contra algunos legisladores estén motivados «políticamente en lugar de legalmente»
El Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria criticó la inhabilitación de varios legisladores de la oposición venezolana y su persecución penal, especialmente de la diputada María Corina Machado.
«El comité está preocupado porque la Asamblea Nacional, en vez de las autoridades judiciales, tomó la iniciativa, al menos en los casos de Richard Mardo y Machado, de procesar con cargos penales a los miembros de la oposición, dando así argumentos a la alegación de que los cargos están motivados políticamente en lugar de legalmente», dice el comité.
Los congresantes indicaron que el proceso de inhabilitación se hizo sin base legal alguna y sin seguir el debido proceso y que «las decisiones de impedirle presentarse a las próximas elecciones son iguales de frívolas».
El comité mostró su preocupación por la investigación contra Machado y «las discrepancias entre la versión de las autoridades y la demandante con respecto a los hechos para sustentar esa averiguación».
También se refiere al caso de los diputados Biagio Pilieri, José Sánchez Montiel, Hernán Claret Alemán, Richard Blanco Cabrear, Richard Mardo, Gustavo Marcano, Julio Borges, Juan Carlos Caldera, Nora Bracho, Ismael García, Eduardo Gómez Sigala, Wlliam Dávila y Mará Mercedes Aranguren.
El comité desea que la nueva Asamblea Nacional que surja de las elecciones de diciembre no actúe igual a la anterior. «Esperamos que las autoridades parlamentarias abordarán estos casos de otra manera y dejarán cualquier proceso criminal contra un parlamentario en las manos de la Fiscalía y las cortes judiciales», indica.
Tomado de El Nacional
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