Editorial El Nacional: La fiscal en el banquillo

La atmósfera de la reciente interpelación del gobierno de Venezuela en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, iniciada el 29 de junio, se apreció de manera contundente en una elocuente reacción de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y en la réplica rotunda que hizo de su airado comentario el propio presidente del comité, Fabián Salvioli.
Molesta por las observaciones del organismo internacional sobre la insólita persecución contra la jueza María Lourdes Afiuni, la fiscal, fuera de sí, sin control de su temperamento, llegó al extremo de ordenar a uno de los interrogadores, el abogado Ben Achour, en forma terminante: “¡Cierre la boca!”. De inmediato, el mencionado presidente del comité, Fabián Salvioli, ripostó de la siguiente manera: “Aquí nadie manda a callar a nadie. Los miembros del comité son expertos y el diálogo debe ser respetuoso”.
La fiscal respondió como responde en Venezuela a los constantes reclamos sobre la desidia de su despacho, a las habituales críticas sobre su vista gorda frente a la violación de derechos humanos que ocurre en el país. Una afirmación apresurada que no admite averiguación, o también un grito lapidario para después encerrarse en su fortaleza blindada.
Así hace ante los periodistas que buscan información sobre los asuntos que discurren en su oficina, o ante las denuncias de la oposición, sin que nadie se atreva a llamar la atención sobre la irresponsabilidad y la falta de respeto de quien así responde.
Pero en la ONU las cosas son distintas. Acostumbrada a actuar a sus anchas, no captó la funcionaria que estaba en un lugar que le obligaba a guardar las formas y a no sacarle el cuerpo a la jeringa, es decir, a exhibir la conducta que también debe distinguirla en su país, si en él se respetaran el Estado de Derecho y el dolor del prójimo. Actuó en Nueva York como actúa en Caracas, pero le salió el tiro por la culata.
Serias denuncias le espetaron en la ONU. Por ejemplo: la protección de grupos violentos que actúan contra las manifestaciones de la oposición; las medidas restrictivas que se ordenan contra los jóvenes que salen de la cárcel después de ejercer el derecho de participar en marchas y en otros actos de protesta; la violación de las prerrogativas y el irrespeto de la dignidad de la jueza Afiuni.
Es evidente el aprieto en cuyo seno la pusieron unos expertos bien informados, unos profesionales que ejercen de manera ecuánime su trabajo desde la atalaya de un ente internacional que debe velar por la justicia a escala universal.
¿Van a cerrar la boca, como quiere la irrespetuosa señora? ¿Quiere que guarden un silencio que no perturbe su tranquilidad de burócrata todopoderosa e incuestionable, según está malacostumbrada.
La soberbia de la fiscal general, su intempestiva y desconsiderada contestación, valen tanto como las evidencias que se manejan en las Naciones Unidas para confirmar las arbitrariedades, los desatinos, las inequidades que distinguen a la impúdica “justicia” que el chavismo ha establecido en Venezuela.