Resulta realmente insólita, sorprendente, injustificada e inexplicable la conducta asumida por Cerecita Olavarrieta Aguirregomezcorta, Presidenta de la Junta Administrativa de C.N.A. de Seguros La Previsora y, la del abogado Antonio José Fermín García, director de litigios de la misma, con respecto a la defensa de los intereses de la República de Venezuela en un juicio contra la empresa mexicana Health Digital Systems, S.A.
El 28 de febrero del año 2018 la Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, con ponencia de la Magistrada Eulalia Coromoto Rivero Guerrero (Exp. 2014-0696), declaró procedente una medida preventiva solicitada por la empresa del Estado, sociedad mercantil Seguros La Previsora. En consecuencia, se decretó medida de embargo preventivo sobre bienes muebles propiedad de la empresa mexicana Health Digital Systems, S.A. DE C.V., domiciliada en la capital mexicana, por la cantidad de dieciocho millones doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América (USD$ 18.200.000,00).
Resulta que Luis Antero Rodríguez Guevara, en su condición de Presidente de Seguros La Previsora le otorgó el 7 de junio de 2018, un Poder Especial al abogado venezolano José Humberto Prieto Leal para que este se encargara de tramitar la ejecución del embargo decretado por el TSJ contra Health Digital Systems, S.A. DE C.V., ante los tribunales mexicanos. El anterior Presidente de La Previsora actuó diligentemente y con premura, tomando en cuenta que la sentencia del Máximo Tribunal expresó textualmente: “… cada día de retraso genera una mayor afectación al patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela”.
A continuación el doctor Prieto Leal, expresamente facultado para ello, sustituyó el poder en los abogados del Bufete Flores Albor y Asociados, S.C., presidido por el prestigioso Maestro y Profesor mexicano Arturo Flores Albor, quién de inmediato se puso a trabajar en el caso, realizando las gestiones previas correspondientes para materializar el embargo decretado, presentando ante los tribunales mexicanos la demanda de Exequátur (procedimiento jurídico internacional por el cual un Estado solicita a otro Estado el reconocimiento, la ejecución u homologación de una sentencia que se dictó en el Estado, en este caso el TSJ de Venezuela).
A mediados del mes de noviembre de 2018, se produce la intempestiva y sorpresiva salida de Rodríguez Guevara, designándose en su lugar a Cerecita Olavarrieta Aguirregomezcorta como nueva Presidenta de la Junta Administrativa de Seguros La Previsora mediante la Resolución Nº 093 de fecha 28 de noviembre de 2018.
Inexplicablemente, con el cambio de Directiva, se interrumpió totalmente la comunicación con el Bufete Mexicano, al punto tal que La Previsora hizo caso omiso a los múltiples correos electrónicos y llamadas telefónicas que hizo el abogado Flores Albor a la aseguradora. No obstante, ante la gran responsabilidad asumida con el Estado venezolano, el Bufete mexicano continuó con las gestiones jurídicas correspondientes en procura de darle cumplimiento a la Sentencia que ordenó el embargo, pese a no recibir ninguna respuesta de La Previsora, no obstante que esta no llegó siquiera a proveerle las expensas necesarias para llevar adelante su labor, ni menos aún cumplió con el acuerdo de honorarios profesionales pactado.
En los tribunales de México el caso se paralizó debido a que el juez de la causa requirió, para continuar con el procedimiento de exequatur, la consignación de las copias certificadas del expediente mercantil que se sigue en el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, las cuales fueron requeridas una y otra vez a La Previsora por el abogado Flores Albor, pero la aseguradora jamás respondió, demostrando con ello un total desinterés en que se practicara el embargo por los 18 millones 200 mil dólares americanos que son patrimonio del Estado venezolano y que están a punto de perderse en perjuicio de la Nación por la negligencia extrema de la nueva Junta Directiva de Seguros La Previsora.
El abogado Antonio José Fermín García, Director de Litigios de Seguros La Previsora se ha hecho el desentendido y se ha negado a enviar las copias certificadas requeridas para poder continuar con el trámite judicial iniciado. Jamás llegó a contestar ni un solo correo al Bufete Flores Albor ni tampoco atendió ninguna de las llamadas que le hizo su representante.
Según nuestros informantes, a raíz de esta anómala e inexplicable situación, el bufete mexicano se ha visto obligado a denunciarla ante distintos organismos en Venezuela, planteando el asunto, entre otros entes, al Ministerio de Finanzas (de quien depende Seguros La Previsora), el cual contestó el requerimiento del abogado Arturo Flores Albor, diciendo que se lo enviaría a la directiva de Seguros La Previsora.
Del caso también está en cuenta la Procuraduría General de la República, que desconocía lo que estaba sucediendo hasta que el Bufete mexicano se lo hizo saber, prometiendo tomar cartas en el asunto, en razón del grave perjuicio que le está ocasionando al patrimonio de la República la inercia y desinterés de Seguros La Previsora en dar cumplimiento a la orden de embargo decretada por el Máximo del país, sin importarle para nada la premura en proceder a embargar que el mismo fallo ordenó.
De allí que tanto en el Ministerio de Finanza, como en la Procuraduría General de la República, están sorprendidos por la sospechosa pasividad de la directiva de Seguros La Previsora en no responder al Bufete Albor y Asociados, de Ciudad de México y, sobre todo, por la falta de interés demostrada en recuperar los 18 millones 200 mil dólares para el Estado venezolano, adeudados por la empresa mexicana Health Digital Systems, S.A. DE C.V, pese a existir la sentencia del TSJ a favor de nuestro país.
Según nuestras fuentes, se sabe con precisión que el Director de Litigios de La Previsora, abogado Antonio José Fermín García ha venido obstaculizando sistemáticamente el proceso de embargo en perjuicio de los intereses de la Nación venezolana, y es quien ha evidenciado no estar interesado en que se practique esa medida judicial, lo que hace presumir que tiene un interés particular en el caso a favor de la empresa mexicana Health Digital Systems.
Nuestras fuentes indican que el abogado Fermín García fue uno de los que contribuyó al derrumbe y destitución de Rodríguez Guevara. Lo traicionó, dicen en la empresa Estatal. Antonio Fermín «sobrevivió» al cambio de directiva, pues él estuvo en la lista de funcionarios de confianza del ex presidente Luis Antero Rodríguez Guevara.
A estos funcionarios de Seguros La Previsora le recordamos que la Ley Contra la Corrupción señala sobre la materia: “Ética Pública: Sujeción de la conducta a los principios de honestidad, equidad, decoro, lealtad, vocación de servicio, disciplina, eficacia, responsabilidad, transparencia y pulcritud que rigen el ejercicio de la función pública, exigible a las personas señaladas en el artículo 3 de esta Ley”.
Resulta realmente insólita, sorprendente, injustificada e inexplicable la conducta asumida por Cerecita Olavarrieta Aguirregomezcorta, Presidenta de la Junta Administrativa de C.N.A. de Seguros La Previsora y, la del abogado Antonio José Fermín García, director de litigios de la misma, con respecto a la defensa de los intereses de la República de Venezuela en un juicio contra la empresa mexicana Health Digital Systems, S.A.
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