«Luisa Ortega y Susana Barreiros deben responder por crimen de lesa humanidad»

LUISA-ORTEGA

La fiscal general, Luisa Ortega Díaz debe renunciar

*** Ex magistrado y el Foro Penal consideran que las declaraciones del fiscal Franklin Nieves evidencian cómo se usa el sistema judicial para perseguir a la disidencia política y que la Fiscal Ortega Díaz debe renunciar por avalar pruebas falsas

*** El constitucionalista Román Duque Corredor dijo que la revelación de que a Leopoldo López lo condenó la jueza Susana Barreiros con pruebas falsas obliga a llevar el caso a la Corte Penal de La Haya. Además, emplazó al Parlamento y al Consejo Moral a investigar la responsabilidad de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, que a su juicio debe renunciar

*** El activista Alfredo Romero expresó: «El sufrimiento que este esquema de jueces investidos de maldad o sometidos a la maldad ha ocasionado es terrible y encuadra perfectamente en el concepto de persecución por motivos políticos, crimen de lesa humanidad de conformidad con el artículo 7 del Estatuto de Roma»

FranklinNieves640El fiscal Franklin Nieves

La confesión del fiscal Franklin Nieves referida a que Leopoldo López fue enjuiciado con pruebas falsas evidencia cómo en Venezuela se usa el sistema judicial para perseguir a la disidencia política, lo que acarrearía sanciones penales en el ámbito nacional e internacional contra los jefes de los poderes públicos, sostienen expertos y el Foro Penal Venezolano.

L LLeopoldo López fue enjuiciado con pruebas falsas

«Las declaraciones de Nieves de que forjó pruebas contra López muestran el deterioro institucional del país. En una nación democrática y seria, si un fiscal arma un juicio con pruebas falsas tiene que poner su cargo a la orden y como se evidencia que recibía instrucciones del jefe superior, en este caso de la fiscal Ortega Díaz, el Parlamento y el Consejo Moral deben investigar la responsabilidad de sus miembros porque su conducta ética está en tela de juicio», afirmó el ex magistrado Román Duque Corredor.

dr.-roman-duque-corredorEl ex magistrado Román Duque Corredor.

En el campo jurídico y procesal señaló que el sistema de justicia violó el principio constitucional del debido proceso y la tutela de garantía efectiva al sentenciar con pruebas falsas, lo que implica sanciones contra el Ministerio Público y el tribunal. En consecuencia, por el Código Procesal Penal, López tiene que ser liberado.

«El Poder Judicial, en este caso la jueza Susana Barreiros, admitió pruebas falsas, lo que es algo grave y por ende Barreiros y Ortega Díaz tendrán que responder ante la justicia nacional e internacional por intimidación y persecución a la disidencia política. En Venezuela, los poderes planifican para condenar a la disidencia por lo que la confesión de Nieves debe llevarse a la Corte Penal de La Haya junto con otras que revelan cómo se criminaliza a la disidencia», expuso Corredor.

jueza Susana Barreiros La jueza Susana Barreiros

Sin embargo, aclaró que Ortega Díaz no puede alegar que Nieves actuó a modo personal para así evadir su responsabilidad: «Aunque la Constitución dice que todo funcionario es responsable de sus actos, en el caso de López se violaron derechos humanos y la ética pública, por lo que Ortega Díaz debe renunciar. El silencio del gobierno preocupa porque pudieran preparar una estrategia para lavarse la cara nacional e internacionalmente. Si fuera un gobierno inteligente, la fiscal debe renunciar y someterse a una investigación».

Alfredo Romero, director ejecutivo de Foro Penal, denunció que hay «responsables directos»: «Es decir, personas que se visten provisionalmente de jueces o fiscales al servicio de otras personas en el poder para dictar fraudulentas decisiones judiciales que tienen el único objetivo de perseguir, encarcelar y torturar incluso a los políticamente inconvenientes».

alfredo romeroAlfredo Romero, director ejecutivo de Foro Penal

Romero describió las «consecuencias terribles» por las decisiones de tribunales y fiscales como Nieves: 78 encarceladas, más de 2.000 personas con restricciones a su libertad, 200 torturados y obligados a solicitar refugio por razones políticas.

«En definitiva, el sufrimiento que este esquema de jueces investidos de maldad, o sometidos a la maldad, ha ocasionado es terrible. Esta situación encuadra perfectamente en el concepto de persecución por motivos políticos, crimen de lesa humanidad de conformidad con el artículo 7 del Estatuto de Roma».

 

Hernán Lugo-Galicia / El Nacional

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