*** Analistas descartan que las acciones emprendidas por el Ejecutivo puedan mejorar su imagen para las próximas elecciones parlamentarias
La reunión de hoy entre los presidentes Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos, en Quito, se produce un mes después del inicio del cierre fronterizo con decretos de estado de excepción en 20 municipios del país. Una medida que según el mandatario nacional se tomó para luchar contra el contrabando y el paramilitarismo, pero que a juicio de analistas ha dejado más fracasos que victorias.
Una de las consecuencias directas del cierre ha sido la agudización de la caída del intercambio comercial. Gremios empresariales han denunciado la afectación del comercio formal y la persistencia de las fallas de abastecimiento y las colas en las zonas fronterizas.
«Se están vulnerando los derechos de 150.000 personas que viven en San Antonio y Ureña, que cada día salen buscando alimentos y no consiguen. La gente esperaba que una vez cerrada la frontera las 24 horas del día aparecieran los alimentos, pero a estas alturas lo que hay es más escasez», afirmó José Rozo, representante de Fedecámaras Táchira.
Los habitantes de los municipios de frontera se han tenido que trasladar a la capital del estado para comprar comida.
Sin embargo, en San Cristóbal también se encuentran con colas y restricciones para hacer las compras. «Uno no se puede llevar la cantidad de productos que quiere o que necesita porque no hay y siguen los controles, qué es lo que ha cambiado con el cierre de frontera», se preguntó Evelin Márquez, consumidora.
Aunque no hay cifras oficiales, el gremio empresarial de la entidad calcula que el sector comercial pierde diariamente 3 millones de dólares. Las operaciones aduaneras son las más afectadas, no han percibido impuestos por concepto de importación porque cerca de 700 gandolas con alimentos, materias primas y mercancías permanecen retenidas en Colombia.
La Cámara de Comercio de Apure indicó que el cierre no estimula la recuperación económica del país ni es garantía de acabar con «el contrabando y el bachaqueo».
Rozo reconoció, no obstante, que ha mejorado el suministro de combustible. Hace 15 días el ministro de Petróleo y Minería, Eulogio del Pino, destacó que se había normalizado el abastecimiento de gasolina en los estados fronterizos de Zulia y Táchira, lo que implicaba un ahorro de 7 millones de litros diarios.
Con efectos el 6-D. Alrededor de 6.000 miembros de la FANB han sido enviados para fortalecer el resguardo fronterizo, sin embargo las denuncias de carácter humanitario han abundado.
La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios registró, hasta el 10 de septiembre, 1.500 deportados y más de 18.000 colombianos que decidieron regresar a su país de manera voluntaria. Aunque el defensor del pueblo de Táchira desmintió la información, el Ministerio del Interior de Colombia denunció que 34 menores de edad fueron separados de sus padres.
El politólogo John Magdaleno sostuvo que los señalamientos sobre maltratos y desalojos, pueden afectar la imagen de Maduro tras el conflicto. «Se echa por tierra la explotación del nacionalismo pese a que hubo un intento para promoverlo. Esto es difícil que se logre con la polarización que hay en el país», dijo.
Señaló que los resultados de la política gubernamental se reflejarán el 6-D. «El estado de excepción se decretó en medio de una brecha electoral de 24% a favor de la oposición, no está Chávez, los precios del petróleo están cayendo, la escasez cada vez es más pronunciada y hay disputas y alianzas en el chavismo».
El también politólogo Luis Salamanca afirmó que han convertido el estado de excepción en una política regular y eso es preocupante: «Hasta ahora no se aprecia que con la medida Maduro haya logrado modificar la matriz nacional; se evidencia que el gobierno tiene poca capacidad para resolver los problemas y perseguir los delitos».
El analista Freddy Rincón aseveró que el conflicto fue originado por Maduro ante el peso de la política interna. «El cierre fronterizo no ha mantenido la unidad en el país y tampoco entre sus propios seguidores. Se ha trasladado la responsabilidad de un conflicto creado en un modelo y una política equivocada», añadió.
El Tiempo de Bogotá informó ayer que la comunidad wayúu denunció que la GNB mató a dos indígenas (Henry Ipuana, de 29 años, y Dáiver Fernández, de 28 años) en territorio colombiano, cuando asistían a un funeral.
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