El presidente estadounidense, Barack Obama, decretó nuevas sanciones, incluyendo el congelamiento de bienes y restricción de visas, contra siete funcionarios venezolanos, a quienes señala de violaciones de derechos humanos y declaró una situación de «emergencia nacional» por el «riesgo extraordinario» que supone la situación en ese país para la seguridad de EE.UU.
«Estamos profundamente preocupados por los esfuerzos del gobierno de Venezuela de escalar la intimidación contra sus opositores», informó la Casa Blanca al divulgar el decreto.
La Casa Blanca dijo en un comunicado que la acción ejecutiva tiene un alcance mayor a la ley de sanciones que emitió Obama en diciembre.
Los funcionarios sancionados son el Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Central (REDI Central) Antonio Benavides Torres; el director de la policía política SEBIN Gustavo González López; el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana y ex comandante de la Guardia Nacional Justo Noguera Pietri y la fiscal 20 del Ministerio Público Katherine Haringhton.
La lista de sancionados la completan el director de la Policía Nacional Bolivariana Manuel Pérez Urdaneta, el comandante de la 31 brigada armada del Ejército Manuel Bernal Martínez y el Inspector General de las Fuerzas Armadas Miguel Vivas Landino.
La Casa Blanca responsabiliza a estos funcionarios de violar los derechos humanos al reprimir las protestas que dejaron 43 muertes el año pasado. “La única manera de resolver los problemas de Venezuela es a través del diálogo verdadero, y no deteniendo a los oponentes e intentando silenciar las críticas”, subraya el texto.
A la fiscal Haringhton le señala haber formulado cargos criminales a líderes de la oposición usando correos electrónicos fraudulentos. Esta funcionaria es la misma que citó a Diego Arria y a María Corina Machado a la Fiscalía.
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