Nuestras fuentes, generalmente bien informadas, nos han alertado que tanto en el Poder Judicial, así como en el Ministerio Público se gestan marcados esfuerzos para diluir todo grado de responsabilidad y lograr la exoneración de la abogada Soraya Pérez Ríos, juez de Corte de Apelaciones del estado Carabobo y del comisario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) Wilfredo Mendoza, supervisor de Investigaciones de la Sub Delegación Las Acacias, en el funesto evento que los hace responsables de la generación de un falso positivo contra cuatro jóvenes agricultores, estafados con la venta de 5.000 dólares por un hijo de la citada juez.
Resulta ¡Insólito! y de muy difícil comprensión ante la opinión pública, un hecho como este. Como explicar que, luego de quedar al descubierto el incalificable plan que idearon y ejecutaron los funcionarios señalados, en contra los agricultores Argelis José Rodríguez Valbuena, Jorge Arturo Rodríguez Valbuena, José Alexander Martínez Pinto y de José Antonio Enríquez Díaz, este ultimo un teniente de la Guardia Nacional Bolivariana, adscrito a Dirección General Contra Inteligencia Militar (DGCIM), la juez Soraya Pérez Ríos siga, sin el más mínimo pudor, ejerciendo su cargo como si nada hubiese acontecido
La nada honorable juez de la República, en complicidad con el comisario del CICPC Wilfredo Mendoza -hasta ahora único detenido por el condenable caso- decidieron el arbitrario arresto de esos cuatro agricultores, bajo la supuesta comisión de delito de robo. Su propósito no era otro, que tratar de encubrir la estafa que contra esos agricultores había cometido Gabriel Acosta Pérez, hijo de la juez Pérez Ríos, por la venta de 5 mil dólares, que nunca entregó, a pesar de que recibió los bolívares por parte de los afectados.
El juez Ángel Gómez del Tribunal 5to de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo firmó el pasado jueves 3 de octubre, en horas de la tarde, a solicitud del Ministerio Público (Fiscalía 32°, contra la corrupción), la respectiva orden de captura contra 11 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), adscritos a la Sub Delegación Las Acacias, en Valencia. Entre los afectados por la medida se encuentra el comisario Wilfredo Mendoza, supervisor de Investigaciones. El mismo jueves 3, se materializó la aprehensión del Comisario Mendoza, quién fue llevado a la sede del CICPC/Plaza de Toros, en mismo Valencia. El resto de los funcionarios implicados fueron identificados como el detective jefe Amílcar Baroni, detectives agregados Luis Ramírez, Javier Hurtado, Robert Pérez, Frank Pulido, Pablo Ascanio, Luis Flores; así como los detectives Soriangel Pantoja, Jack Moyetones y Javier Barráez.
Todo ellos al conocer la medida que les fue dictada, optaron por huir para evitar ser capturados y hoy aparecen como solicitados por los cuerpos policiales. A los funcionarios se les imputan los delitos de: 1. Simulación de hecho punible 2. Uso indebido de Arma Orgánica 3. Agavillamiento 4. Peculado de uso 5. Abuso de funciones. 6. Tráfico de influencias.
La mentira de la versión oficial
Como lo escribimos en principio, la verdad real en este caso que nos ocupa está muy alejada de la versión oficial de los hechos que ofreció el director del CICPC, comisario Douglas Rico en su cuenta de Instagram y que le fue suministrada en el parte policial por el comisario Wilfredo Mendoza.
Quedó demostrado en la investigación realizada por el Ministerio Publico que es *falso* que los detenidos *Argelis José Rodríguez Valbuena, Jorge Arturo Rodríguez Valbuena, José Alexander Martínez Pinto y de José Antonio Enríquez Díaz* hayan intentado *robar residencia de la magistrada Soraya Pérez Ríos de la Corte de Apelaciones de Carabobo.* Dijimos entonces y lo sostenemos ahora, que esa es una mentira tan grande o más que el Palacio de Justicia del estado Carabobo, donde tiene su despacho la juez Soraya Pérez Ríos, integrante de la Corte de Apelaciones.
La verdad verdadera
La verdad, que siempre sale a relucir, es la siguiente: Los agricultores de la población de Miranda, estado Carabobo, de nombre Arturo Rodríguez Valbuena (25), Argelis José Rodríguez Valbuena (26) y José Alexander Martínez Pinto (23) estaban por concretar un negocio referido a la actividad agrícola que los ocupa, para el cual necesitaban pagar cinco mil dólares. Tratando de conseguir quien se los vendiera lograron contactar a Gabriel Acosta Pérez, quien les ofreció venderle los dólares. Éste individuo es hijo de la abogada Soraya Pérez Ríos, integrante de la Corte de Apelaciones del estado Carabobo. Los Rodríguez Valbuena les transfirieron los bolívares requeridos al hijo de la magistrada, quien entonces no entregó las divisas a los compradores.
¿La verdad? Gabriel Acosta Pérez, hijo de la juez, estafó a los agricultores y su madre puso preso a los estafados
Estos se cansaron de llamarlo y de buscarlo para en forma personal cerrar el negocio como inicialmente había sido convenido. Todo su esfuerzo fue inútil, y con certera tristeza, se percataron que los habían estafado. Las víctimas del fraude contactaron a la magistrada y le explicaron lo que estaba pasando. Ella les dijo que respondería por el compromiso de su hijo y los citó a un apartamento en la Urbanización Los Mangos, parroquia San José, municipio Valencia del estado Carabobo, para entregarle los dólares.
Los hermanos Rodríguez Valbuena fueron a la cita acompañados de un amigo “por si acaso”. Se trata de José Antonio Henríquez Díaz, teniente de la Guardia Nacional Bolivariana, adscrito a la Dirección General de Inteligencia Militar (DGCIM), pero tardíamente se percataron lo que les habían montado era una trampa. En el sitio se encontraba un grupo de funcionarios del CICPC, que procedieron a detenerlos bajo la presunción de que los afectados estaban ejecutando un atraco en contra la magistrada Soraya Pérez Ríos, madre de Gabriel Acosta Pérez.
Inocentes
Tratando que de que Gabriel Acosta Pérez les devolviera los dólares o el dinero que le transfirieron, los agricultores en su desesperación agotaron todas las modalidades posibles de persuasión para convencerlo de cerrar el negocio, o en su defecto, proceder a devolver los bolívares que ya ellos habían depositado en su cuenta corriente.
Se cansaron de llamarlo, pero este siempre los evadió, hasta que lograron comunicarse con la madre de este, la *juez Soraya Pérez Ríos* a quién pusieron en conocimiento de la situación. Pues bien, la “administradora de justicia” los citó para verse en el edificio Sayonara de la urbanización Los Mangos, para hacerse responsable de la deuda según les dijo. Los agricultores le pidieron al teniente de la GNB amigo, José Antonio Enríquez Díaz, que los acompañaron. La sorpresa fue que cuando llegaron al sitio, los esperaba una comisión del CICPC al mando del Comisario Wilfredo Mendoza, supervisor de Investigaciones de la Sub Delegación Las Acacias, estado Carabobo, la cual los detuvo con el invento del delito de robo.
Con puede apreciarse en forma clara y determinante, la verdad verdadera, liquida abruptamente esa singular verdad jurídica inventada con muy mala fe por la juez de la Corte de Apelaciones del estado Carabobo, Soraya Pérez Ríos y por el comisario del CICPC Wilfredo Mendoza. Queda claro que Arturo Rodríguez Valbuena (25) y Argelis José Rodríguez Valbuena (26) y José Alexander Martínez Pinto (23) no son delincuentes, son agricultores, con asiento en la población de Miranda, municipio Miranda del estado Carabobo, locación ubicada a unos 45 kilómetros de Valencia. Resulta que ellos necesitaban unos 5 mil dólares para hacer un negocio. Resulta que Gabriel Acosta Pérez, hijo de Eduardo Acosta Barreto y Soraya Pérez, les ofertó las divisas. Para concretar el negocio, le hicieron las respectivas transferencias a Acosta Pérez, el hijo de la juez las cuales quedaron registrada en las entidades bancarias.
14 días presos y torturados
Los hermanos Rodríguez Valbuena y José Alexander Martínez Pinto, además de estafados por Gabriel Acosta Pérez, hijo de la magistrada Soraya Pérez Ríos, estuvieron, junto al teniente de la GNB José Antonio Enríquez Díaz, adscrito a Dirección General Contra Inteligencia Militar (DGCIM), presos y torturados en el CICPC, según los relatos que aparecen en el expediente, durante 14 días, acusados por la juez Soraya Pérez Ríos del delito de robo.
La juez Lesily Díaz, del tribunal de 1° de Control del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, otorgo la libertad a los afectados por este falso positivo al mediodía de día martes 1° de octubre de 2019. A su criterio, la juez valoró los medios probatorios que le fueron presentados por el abogado Miguel Augusto Ramos en donde se demuestra que sus defendidos estaban negociando la compra de dólares, con el hijo de la magistrada Soraya Pérez Ríos.
Además de sus dichos, entre esos medios probatorios, los agricultores presentaron las copias de las transferencias bancarias que les hicieron a la cuenta bancaria de Gabriel Acosta Pérez, así como el intercambio de diversas comunicaciones entre ellos e incluso con la supuesta atracada, juez Soraya Pérez Ríos, madre del estafador.
Hoy preocupa a todo el país que, dado el cargo, así como el grado de influencia de la funcionaria del Poder Judicial, esta logre evadir toda su responsabilidad en la gestación del grave acto de simulación de un hecho punible. Se teme que se salga con la suyas, pretendiendo consolidar en el juicio, este horrendo crimen contra unos muchachos, cuyo único delito fue tratar de recuperar el dinero que le transfirieron a su hijo Gabriel Acosta Pérez.
“Si la juez Soraya Pérez Ríos tuviera un poquito de vergüenza, ya habría renunciado”
Resulta insólito de creer que esta historia, incluya la actuación de una juez superior penal, integrante de la Corte de Apelaciones del estado Carabobo, quien conjuntamente con funcionarios de alto rango en el Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), hayan armado y ejecutado este perverso plan, para encubrir una estafa. Todos, actuaron en concierto para delinquir, con premeditación y alevosía. Se destaca el severo grado de criminalidad y perversión de una persona responsable de administrar justicia en el área penal. Sin lugar a dudas que en este caso se evidencia la mala fe, acompañada de los delitos de simulación de un hecho punible, calumnia, abuso de autoridad y detención arbitraria, con sus consecuencias ulteriores, como el terrorismo judicial.
Esta aberrante monstruosidad no puede quedar impune. Ya decía sabiamente el filósofo y jurista francés Charles Louis de Secondat, conocido como el Barón de Montesquieu (1689-1755), que: «Una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad.»
José Rafael Ramírez
Periodista, CNP 3.141
Sé el primero en comentar en «Una aberración que no puede quedar impune: La juez debe ser sancionada»