Una danza de euros y dólares volvió loco al Juez Rector de Aragua, Carlos Gámez

Juez Rector Ramón Carlos Javier Gámez Román

 Utilizando una especie de Comando Swat “asaltó” el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil y sacó prácticamente detenida con un comando de la Policía Municipal de Girardot del estado Aragua a la juez Luz María García Martínez y todo porque cerró el Libro Diario, donde pretendían publicar una sentencia liberando una millonada en cuentas en España y Curazao

Las denuncias que procesamos y que originaron una sacudida de mata en el Circuito Judicial Penal del estado Aragua, se quedan en pañales, en comparación a lo que está ocurriendo en los tribunales civiles, donde a Ramón Carlos Javier Gámez Román, quién es el Juez Rector y además Provisorio del Tribunal Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, lo llaman en los pasillos de los tribunales “el pran Gámez”. El caso concreto que nos lleva a procesar la siguiente denuncia tiene que ver con un caso judicial, donde la danza de dólares y euros ha vuelto loco a más de uno. Veamos:

Lo sucedido en contra de la juez Luz María García Martínez en la sede del Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, rompe todos los esquemas del decoro y la ética que deben prevalecer en los órganos de la administración de justicia, con el agravante que fue el propio Juez Rector, junto a un grupo de personas, quién dirigió el agavillamiento, mediante el cual se desalojó de su despacho a la juez García Martínez.

Según lo que hemos podido conocer, el viernes 02 de noviembre a eso de las 3:00 de la tarde, acompañado de un grupo de personas, irrumpió en el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil el Juez Rector Carlos Gámez con la intención de desalojar del mismo a la juez Luz María García Martínez, con el argumento de que había sido denunciada por el  Pedro Pablo Castillo Carrillo, juez 4to de Municipios, y quién hasta el martes 30 de octubre había estado encargado de ese tribunal en calidad de suplente. Según Gámez el juez Castillo la denunció por forjamiento de documento público. Se refería en ese momento a una sentencia, que según los denunciantes, estaba pegada en el expediente marcado con el numero 49.420. Al momento del asalto al Tribunal Segundo, solo se encontraban allí la juez García Martínez y Brígida Terán, la Secretaria. Llamados por el juez Gámez, a eso de las 5:00 de la tarde llegó a esa sede judicial una especie de Comando Swat, dirigido por el Supervisor Agregado José Siliani, jefe de Inteligencia de la Policía Municipal de Girardot, e integrado por siete funcionarios, entre ellos una femenina, quienes sacaron de allí a la juez Luz María García Martínez, a quién condujeron a la sede del reten de la Municipal, ubicado en la calle Carabobo con Negro Primero, donde la metieron en un cuartico durante varias hora y donde le informaron que estaba allí en calidad de detenida. Según nos informó un funcionario, ella pidió que le permitieran hacer una llamada y por orden del juez Gámez se la negaron. Al rato le informaron que estaban negociando y que podrían liberarla. ¿Negociando qué? Habría preguntado la juez, pero nadie le dio respuesta. Durante todo ese tiempo fue sometida a una terrorífica presión sicológica. Ya casi oscureciendo le presentaron un “Acta de Compromiso”, presumiblemente elaborada por el juez Rector, que la obligaron a firmar, so pena de dejarla detenida y llevarla a Cuartelito, si se negaba. Según esa acta ella manifestó: “Por mi propia voluntad hago entrega del Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua”. Luego de firmar, le pidieron entregar las llaves del tribunal y ella se las entregó al Juez Gámez, quién manifestó que se haría inspección en el Tribunal, pero si la presencia de la jueza. Allí terminó para Luz María García la pesadilla de ese día. Hoy ella está en el limbo. No tiene procedimiento disciplinario abierto por este caso, pero está fuera del Tribunal y muy afectada sicológicamente debido a este atropello.

El origen de toda esta locura y la danza de los dólares

En un resumen, vamos a explicar lo más sencillo posible el caso para que todos entiendan. Rene Alejandro y Andre Horcajuelo Martin y otros demandaron un “FRAUDE PROCESAL” contra la ciudadana Mariza Vicenta Gudiño. Todo tiene su origen en una controversia hereditaria y donde existe una gran cantidad de dinero en euros y dólares inmovilizados en los bancos BILBAO VIZCALLA ARGENTERÍA BBVA, en la ciudad de Algota, España; y el GIRO BANK, ubicado en Curazao. La inmovilización de ese dinero ocurrió por orden judicial, según oficios 2017-649 y 2017-650, librados el 11 de agosto de 2017.

El caso es que la jueza Luz María García Martínez estaba de reposo medico y juez 4to de Municipios, Pedro Pablo Castillo Carrillo, le estaba haciendo la suplencia. Llegó el día miércoles 31 de octubre y a la juez García le tocaba incorporarse. Efectivamente ese día bien temprano llegó al Tribunal y reasumió su cargo. Lo primero que hizo fue ordenar el cierre del libro diario, para comenzar al día con sus funciones. El cierre de ese libro originó el gran problema, pues el suplente le reclamó por eso y la acusó de arbitraria. La doctora García argumentó que sus funciones habían cesado el día anterior, que por cierto no hubo despacho, es decir, el martes 30.

Revisando su Despacho, la juez Luz María García Martínez se encuentra con un proyecto de sentencia en el expediente 49.420. Según ese proyecto, los actores resultaban favorecidos y hasta los oficios liberando los euros y los dólares estaban conjuntamente engrapados a ese proyecto de sentencia. La verdad es que tenían su guiso montado y la incorporación de la juez Luz María García les echó a perder el gran negocio; y de allí el gran escándalo, pues vieron esfumarse los euros y los dólares. Hay quienes sostienen que la actuación del jefe de inteligencia de la Policía Municipal de Girardot  en este caso, no fue de gratis, hubo divisas, nos aseguró un funcionario policial de ese cuerpo.

El Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Publico, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) pueden darse por enterado.  En el propio expediente 49.420 y el Libro Diario del Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, las pruebas están a flor de piel.

 

To be continued

 

José Rafael Ramírez
Periodista, CNP 3.141

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