Redacción Noticias jr
Las manecillas del reloj parecen haberse anclado perpetuamente en aquel fatídico instante del 24 de junio, fecha en que la tierra tembló con una furia implacable sobre Maracay, sacudiendo los cimientos de la escuela Miguel José Sanz ubicada en la urbanización Girardot de Maracay y, con ellos, la paz de cientos de familias. A más de cuatro meses de aquella pesadilla telúrica que dejó fisuras profundas en paredes caídas y columnas, el recinto educativo continúa bajo el peso implacable de una inquebrantable etiqueta roja.
Este estandarte oficial de peligro mantiene las puertas trancadas y sella el destino de 752 niños que hoy deambulan entre la desolación y el olvido institucional. La incertidumbre se ha transformado en un calvario cotidiano para padres y representantes, quienes transitan un laberinto burocrático plagado de inspecciones vacías y respuestas diluidas en el tiempo.
U.E.Miguel jose Lans
Según relatan Maghesell Terán y Mariana Rizzuto, representantes de alumnos del colegio y voceras de la Asociación Civil de la urbanización comunitaria, el proceso de evaluación oficial ha sido una burla sistemática a la dignidad de la comunidad.
«Se nos han hecho seis inspecciones y la respuesta siempre es la misma; cambiaron de etiqueta de verde a amarilla y finalmente a roja, impidiendo el ingreso de los niños», denuncia Terán, con la voz quebrantada por la impotencia de ver cómo los meses pasan sin que se mueva un solo ladrillo en favor de la institución.
El estallido del megáfono y la simulación pedagógica en penumbras
Meses después de aquel comienzo escolar mutilado, el descontento popular rebasó los límites de la paciencia. El sonido estridente de un megáfono terminó por rasgar el silencio frente a las instalaciones inhabilitadas. No se trataba de un mitin proselitista ni de una algarabía política, sino del grito desgarrador de una sociedad civil cansada de mendigar derechos fundamentales. Con pancartas alzada y miradas cargadas de frustración, la profesora Dila Barboza parte de la sociedad civil de la zona confrontó públicamente las prioridades del Estado:
Mientras las autoridades eluden sus responsabilidades, la supuesta modalidad educativa a distancia opera como un eufemismo de la exclusión. Los alumnos enfrentan condiciones de extrema precariedad: tienen que estudiar sin luz ni ventilación adecuada, soportando altas temperaturas, y llegando incluso a recibir clases de apenas una sola hora de duración.
Los estudiantes de primaria dependen exclusivamente de un rudimentario intercambio de cuadernos donde las maestras envían deberes, careciendo absolutamente de plataformas virtuales, videollamadas, cámaras o contacto telemático real.
Por su parte, los jóvenes de secundaria malabarizan su formación asistiendo solo tres días a la semana y en horario postmeridiano a las instalaciones prestadas de la institución vecina, el liceo José Luis Ramos, donde soportan las inclemencias atmosféricas de la zona.
Testimonios recabados en el lugar confirman que los niveles avanzados han quedado reducidos a ejercicios mecánicos de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, vaciando de contenido real los programas académicos oficiales.
La angustia colectiva se profundiza ante el aislamiento absoluto de los entes rectores:
«No tenemos un método para comunicarnos virtualmente, no hay cámaras ni videollamadas; los niños de primaria no han visto a ningún ente institucional del colegio», sentencia la ciudadana Terán con amargura y dolor.
Lo insolito… Y la indolencia oficial: Comunicados de coacción y autogestión forzada
Las tensiones estallaron por completo cuando, tras protestas vecinales que se viralizaron masivamente en las redes sociales, los representantes del poder regional rompieron su prolongado silencio.
Sin embargo, la respuesta gubernamental estuvo lejos de ser una solución: tras el sismo, las altas instancias solo han dado la cara en dos ocasiones, y únicamente cuando la presión mediática digital expuso las vergüenzas del sistema.
Lejos de enviar maquinaria, ingenieros o presupuesto, la respuesta institucional se tradujo en comunicados fríos donde se dictamina que son los padres y representantes quienes deben costear los gastos operativos, adquirir los materiales faltantes y aportar la mano de obra necesaria para levantar la escuela.
Hasta la fecha, ningún perito, arquitecto o ingeniero enviado por el Estado ha pisado la obra para iniciar trabajos reales de recuperación estructural.
En medio de este panorama desolador, alzar la voz se ha convertido en un acto de valentía expuesto al hostigamiento.
Los ciudadanos denuncian con firmeza que los padres organizadores han sido presuntamente tildados de «Revolucionarios opositores, agitadores o desestabilizadores de la paz comunal» , llegando incluso a difundir comunicados intimidatorios en los grupos de la urbanización para criminalizar una exigencia que es estrictamente constitucional. Mientras que la presión también asfixia al personal docente, atrapado en una red de doble vulnerabilidad.
«Sabemos el amedrentamiento que hay contra ellos, que no pueden hablar porque ponen en riesgo su cargo. Ninguno está aquí por el miedo a quedar sin el cargo, que de paso no ganan nada, que de paso no tienen sueldo, porque también soy docente», enfatiza la representante, revelando la precariedad salarial de los educadores que sostienen el sistema educativo con las manos vacías.
La consecuencia directa de este colapso prolongado es la diáspora interna de la matrícula, más de 300 alumnos han abandonado las listas oficiales debido al temor, la desatención y la imposibilidad de mantener el ritmo escolar, reduciendo el total de inscritos a 752 estudiantes que resisten en la deriva.
Los escombros del sismo no solo derrumbaron paredes de concreto y vigas de acero; fracturaron la fe y la educación en las instituciones públicas.
Hoy, los pasillos vacíos de la escuela Miguel José Sanz permanecen a la espera de que el eco del megáfono y la dignidad de sus padres logren derribar los muros de la indiferencia estatal y se avocan a pedir a las autoridades que cumplan con su deber ante la comunidad y ante el futuro de nuestro país.
A semanas de aquel sismo del pasado 24 de octubre que dejó a la infraestructura prácticamente en ruinas, la comunidad de la urbanización Girardot continúa esperando. Mientras las aulas siguen agrietadas y el silencio institucional se prolonga, el llamado de vecinos, padres y representantes es unánime: la educación no puede quedar bajo los escombros.
La sociedad civil insiste en que las promesas y paños calientes ya no son suficientes. Es responsabilidad ineludible del Estado y de los entes gubernamentales regionales —a quienes legal y constitucionalmente compete actuar— asumir de inmediato la reconstrucción integral de la Unidad Educativa Miguel José Sanz. La desatención oficial no solo vulnera el derecho a la enseñanza de cientos de niños y jóvenes, sino que condena al abandono a una comunidad que hoy solo exige lo que por ley le corresponde: respuestas firmes, recursos oportunos y un espacio seguro para el futuro de sus hijos.
Se hace un llamado a las autoridades del Estado para que asuman su responsabilidad con la educación de todos los estudiantes matriculados en la Unidad Educativa Miguel José Sanz. Los afectados exigen una respuesta inmediata ante los graves daños materiales ocasionados por el sismo del pasado 24 de Junio de este año, así como el envío prioritario de los materiales y del personal técnico calificado para la reconstrucción total del plantel.
Esta exigencia recae directamente sobre la gobernadora del estado Aragua, Johana Sánchez; el alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales; el Ministerio de Educación y el Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura, quienes tienen la obligación legal y constitucional de restituir las condiciones óptimas para el regreso a clases.
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