GUÁRICO. – El polvo de los caminos de Calabozo y Valle de la Pascua no solo levanta el sudor del campesino; hoy, levanta el hedor de una presunta red de corrupción que habría convertido los tribunales agrarios en una oficina de bienes raíces para privilegiados. La reciente destitución del Juez Superior Agrario, Leonardo José Rosales, ha desatado un vendaval judicial que promete arrastrar consigo años de supuestas sentencias amañadas y despojos silenciosos.
EL RASTRO DE LA INJUSTICIA: EL FACTOR «MORALES PADRÓN»
Mientras los tribunales de primera instancia intentan mantener a flote la integridad del sistema, las sombras del pasado emergen con nombres propios. Según denuncias que reposan en el clamor popular, la gestión del anterior juez, Humberto Morales Padrón, habría sentado las bases de un esquema donde el derecho a la tierra se transaba, presuntamente, al mejor postor.
Se habla de decisiones «complacientes» y de una supuesta ingeniería legal basada en «memorias perpetuas de bienhechurías» que habrían servido de instrumento para desplazar a los verdaderos pisatarios. Familias que por generaciones trabajaron el surco, hoy miran desde la cerca cómo sus tierras, ubicadas en zonas estratégicas como la carretera de Parapara de Ortiz, Ortiz y Calabozo, habrían pasado a manos de familiares y allegados del entorno judicial.
DE GRANEROS DE LA NACIÓN A CLUBES DE LUJO
Lo que antes era suelo productivo, hoy parece ser el escenario de la opulencia más insultante. Los reportes indican que fincas como «La Padronera» y «Los Potrillos» habrían dejado de producir alimento para convertirse en supuestos «clubes privados».
«Es un insulto al hambre del pueblo», comenta una fuente que prefiere el anonimato por temor a represalias. «Mientras el campesino no tiene para la semilla, ellos presumen piscinas y mangas de coleo para el disfrute de fines de semana».
La gravedad del caso escala hacia la explotación laboral. Se presume que en estos predios, los peones —antiguos dueños morales de la tierra— sobreviven con salarios de miseria que apenas rozarían los 20 dólares mensuales a BCV, una cifra que condena a la servidumbre moderna bajo el sol inclemente del estado Guárico.
EL «DOPING» FINANCIERO Y EL DESFALCO AGRÍCOLA
El escándalo no se detiene en las cercas de alambre de espino. La trama se extiende hacia los estados Aragua y Amazonas, donde presuntos «deportistas» de los toros coleados habrían fungido como fachada para el desvío de créditos agrícolas millonarios.
Empresas como CARPA están hoy bajo la lupa de la opinión pública por un supuesto desfalco a la nación. Se investiga si los fondos destinados a la soberanía alimentaria terminaron financiando las camionetas de lujo último modelo que hoy desfilan por los pueblos, y los ostentosos festivales de coleo donde abundan las «damas de dudosa compañía» y el desprecio por el ciudadano común que, antes de 2015, conocía a estos hoy magnates como simples vecinos sin fortuna.
UN CLAMOR POR LA REVOCACIÓN
La destitución de Rosales es vista por las víctimas como la primera grieta en un muro de impunidad que parecía infranqueable. La exigencia es clara y contundente: el nuevo Juez Superior tiene sobre sus hombros la responsabilidad histórica de revocar los títulos agrarios otorgados bajo supuestos favores políticos y personales.
¿Se hará justicia o será este solo un cambio de nombres para mantener el mismo juego? El pueblo de Guárico ya no espera respuestas, exige la devolución de su dignidad y de sus tierras. El huracán judicial apenas comienza a soplar.
