¡Cuando el dolor de los familiares no cuenta!

En ninguna ley venezolana existe la figura de “entierro controlado” o “inhumación controlada” y menos “cremación controlada”, cuando se trate de muertes violentas, sometidas a investigación. No hay alguna disposición legal alguna que le impida a los familiares de una persona fallecida brindarle una cristiana sepultura, con todo lo que implica la ceremonia de un acto fúnebre. A lo sumo está permitida una inhumación “inmediata” (por entierro o cremación) si hay riesgo de descomposición del cadáver.

Un riesgo que en el caso del capitán de corbeta Rafael Ramón Acosta Arévalo sería culpa del régimen de Nicolás Maduro, quien le aplicó la receta del entierro controlado que había ensayado con el piloto del CICPC, Inspector Óscar Pérez, el policía que se rebeló contra Maduro en el año 2017 y que junto a seis compañeros fue masacrado por las fuerzas de seguridad, el 15 de enero de 2018, en una operativo bautizado “operación Gedeón”.

Existen algunos videos que muestran cómo Oscar Pérez, cercado en su escondite final, en El Junquito, intentó negociar con quienes le asediaban, y que terminaron asesinadolo a mansalva, como sus compañeros. El país y el mundo fueron testigos de esta masacre.

El cuerpo de Óscar Pérez fue retenido seis días en la morgue de Bello Monte en Caracas, por las autoridades, que justificaban el retraso en la entrega del cuerpo acribillado del inspector a sus familiares asegurando que realizaban pesquisas forenses e investigaciones. El 21 de junio y en un operativo relámpago llamaron a una tía y una prima -únicos familiares que se encontraban en ese momento en Venezuela, para que reconocieran el cadáver. Ambas pudieron verle solo la cara, pues el cuerpo de Pérez estaba vestido.

El domingo 21 de enero de 2018, de manera apresurada y escoltada por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y funcionarios de la Policía Nacional, salió una furgoneta hacia el cementerio del Este, donde cordones policiales y militares impidieron el paso a otros allegados y a la prensa. Nunca se le preguntó a la familia dónde querían enterrarlo. El espacio estaba dispuesto y la orden de enterrarlo sin mayores protocolos. El ataúd fue rápidamente depositado en la parcela 42A. La misa y las flores vinieron después. El padre Alexander Hernández, capellán del cementerio del Este, que ofició la misa, debió salir del país días después debido a que fue victima de una feroz persecución.

Ya había ocurrido algo similar con los compañeros de faena y de infortunio de Pérez, Abraham Agostini y José Díaz Pimentel, enterrados dos días antes que el policía en el mismo operativo, rápido y sin testigos más que un par de familiares. En ese momento, uno de ellos aseguró a la prensa, pidiendo reserva de su nombre, que “la familia en ningún momento dio autorización para el entierro arbitrario de los cadáveres de nuestros familiares ajusticiados por el régimen de Nicolás Maduro”. El resto de sus compañeros fueron enterrados en Zulia y Táchira en similares condiciones.

 Rafael Acosta Arévalo, capitán de fragata, muerto a manos del régimen

La receta aplicada al cuerpo de Acosta Arévalo, muerto a manos del régimen de Maduro la madrugada del sábado 28 de junio de este año, solo excedió a lo ocurrido con Pérez en días y crueldad. No fue asesinado de disparos en la cabeza, sino tras siete días de torturas que terminaron con una conclusión irrefutable: “edema cerebral severo debido a insuficiencia respiratoria aguda, debido a rabdomiólisis por politraumatismo generalizado”.

Su cadáver no estuvo seis días en la morgue, sino once. La misma llamada en la mañana del miércoles 10 de julio a sus familiares para informarles sobre una “entrega controlada” que en realidad fue un entierro express en un lugar previamente dispuesto, sin que la familia pudiera velarlo, rezarle o llevarlo a Maracay, estado Aragua, donde realmente querían enterrarlo. El mismo reconocimiento rápido por parte de un familiar, esta vez su hermana María Acosta Arévalo, a quien dejaron ver solo el rostro, pues el cuerpo del capitán de corbeta -como aquella vez el de Pérez- ya estaba vestido.

Como si los muertos hablaran, a Rafael Acosta Arévalo, lo mismo que a Oscar Pérez, lo llevaron en una furgoneta negra, en volandas y escoltada por decenas de motorizados de la Policía Nacional Bolivariana al cementerio del Este. La prensa fue mantenida aún más a raya que cuando Pérez, sin que alguna persona pudiera pasar la reja de la entrada. El ataúd del capitán de corbeta solo contó con la mirada de su madre, su hermana, su sobrina y su prima, entre decenas de funcionarios policiales, para recibir un adiós entrecortado y terminar al otro lado del mismo cementerio en el que está también enterrado el Inspector Óscar Pérez.

Caso del José Antonio Tovar Colina,

alias “el picure”

Salvando las distancias, también es obligado referir el caso del temido delincuente José Antonio Tovar Colina, alias “el picure”, caído  martes 03 de mayo de 2016 en un enfrentamiento con funcionarios del CICPC en la población Concha e Mango, ubicada en El Sombrero, estado Guárico. Dos días después de espera, las autoridades dieron respuesta a los parientes de alias “el picure”: Su cadáver sería cremado en el cementerio Jardín Principal del Oeste en El Junquito. “Nos llamaron y dijeron que fuéramos a la morgue. Allí lo identificamos, nos dieron el acta de defunción y certificado de inhumación. Cuando salimos, nos dimos cuenta de que no había guardias ni policías; por eso supimos que se lo habían llevado. Preguntamos y nos informaron que lo llevaron a El Junquito, porque por orden presidencial lo iban a cremar”, explicó una de las familiares de Tovar Colina. En aquel entonces los funcionarios mostraron fotos y videos exhibiendo el cadáver de Tovar Colina, alias “el picure”. “Lo tenían como un trofeo, como si fuese un premio”, exclamaron sus parientes en la morgue de Bello Monte, en Caracas, después de dos días de que el cuerpo fuese trasladado desde el estado Guárico en una avioneta. Finalmente, sin la autorización de sus familiares fue cremado el cuerpo de alias “el picure” y la tarde del viernes 06 de mayo de 2016, en una cajita de cartón y sin certificado de cremación, entregaron sus cenizas a las tías y primas que viajaron desde Guárico para encargarse de los trámites. El director del Servicio de Medicina y Ciencias Forenses (Senamefc) fue quien realizó la entrega. Trascendió que la entonces viceministra de investigación penal del Ministerio de Interior y Justicia, Katherine Harrington, estuvo al frente del proceso, las abrazó y les dio el pésame en la morgue. La verdad fue que el cadáver fue cremado, para borrar evidencia. El cuerpo de “el picure” mostraba impactos de proyectiles de muy alto calibre. Según la Ley para la Regulación y Control de la Prestación del Servicio Funerario y Cementerios (Gaceta 40.358 de fecha 18 febrero 2014) los cuerpos sometidos a procesos de investigación no pueden ser cremados. El artículo 28 de esa ley reza que son impedimentos: que en el cuerpo se encuentren alojados marcapasos, prótesis que impliquen  riesgos o cualquier sistema de energía que funcione con mercurio u otro material; que esté sometido a un proceso de investigación penal y científica; que la persona haya sido trabajada con nitroglicerina en un lapso de tres días antes de su fallecimiento, entre otras.

En conclusión, el régimen de Nicolás Maduro no se conforma con matar personas, sino que además, secuestra sus cadáveres y los entierra cuando quiere y donde quiere, creyendo que así desaparecerá la evidencia de su barbarie.