Mientras Maduro pidió ayuda a Ban Kimoon, Colombia acudió a la Corte Penal Internacional

El presidente Nicolás Maduro se reunió con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Kimoon, a quien le solicitó ayuda y asesoría para detener el éxodo de colombianos hacia Venezuela

«Dije al secretario Ban Kimoon que necesitamos ayuda y asesoría de la ONU para parar el éxodo humanitario masivo de Colombia hacia Venezuela, que nos ayude, somos un país pequeño», informó el jefe del Estado en declaraciones a medios internacionales.

En el encuentro en China el miércoles en la tarde, Maduro manifestó al secretario general de la ONU que en la frontera que Venezuela comparte con Colombia «gobiernan paramilitares, contrabandistas y narcotraficantes».

Mientras Maduro hacía esas gestiones, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó que está dispuesto a reunirse con su homólogo de Venezuela con «algunas condiciones» para tratar la crisis fronteriza.

Entre esas condiciones están permitir un corredor humanitario para que más de 2.000 niños que se encuentran en el lado venezolano de la frontera asistan al colegio en Colombia; autorización para que 15 camiones entren a Venezuela con el fin de que deportados recuperen pertenencias, y que para el diálogo las autoridades venezolanas «cumplan con los protocolos mínimos y no maltraten a los colombianos que van a ser deportados».

Foros internacionales

La Procuraduría General de Colombia acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Penal Internacional para dar a conocer la situación de compatriotas desde que estalló la crisis fronteriza con Venezuela.

Fuentes de la institución confirmaron a EFE a través de un correo electrónico que el procurador general, Alejandro Ordóñez, radicó ante la CIDH una solicitud de medidas cautelares para «proteger la integridad, libertad personal y garantías judiciales», entre otros aspectos, de los más de 11.000 colombianos que han salido de Venezuela en las últimas 2 semanas.

A esta medida se añade un informe sobre la crisis humanitaria en la frontera que el procurador general envió a la Corte Penal Internacional con la esperanza de que ese organismo «abra una investigación de oficio».