Los delitos y abuso de poder cometidos por la integrante de la Corte de Apelaciones del estado Carabobo para encubrir la estafa que su hijo Gabriel Acosta Pérez cometiera contra los agricultores Argelis José Jorge Arturo Rodríguez Valbuena, hoy detenidos, ha alarmado a representantes del Ministerio Publico y de la Dirección de la Magistratura
El fiscal general Tarek William Saab ordenó a la dirección general de Actuación Procesal del Ministerio Publico tomar cartas en el asunto en el caso de la detención de los agricultores Argelis José y Jorge Arturo Rodríguez Valbuena, además de sus amigos José Alexander Martínez Pinto y de José Antonio Enríquez Díaz, ocurrida hace varios días en Valencia, luego que la abogada Soraya Pérez Ríos, juez de Corte de Apelaciones del estado Carabobo, en contubernio con el Comisario Wilfredo Mendoza, supervisor de Investigaciones de la Sub-Delegación Las Acacias, en el estado Carabobo, quien bajó a los muchachos de la camioneta en la que llegaron al edificio Sayonara de la urbanización Los Mangos de Valencia para atender la citación que les hizo la juez Soraya Pérez, con el argumento que ella se encargaría de la deuda contraída por su hijo Gabriel Acosta Pérez y, los detuvo bajo la calumnia de estar ejecutando un atraco contra la juez de la Corte de Apelaciones.
El fiscal Tarek William Saab debe ordenó ya las acciones penales pertinentes en este caso
La denuncia de los delitos y el abuso de poder cometidos en este caso y que deja muy mal parada a la justicia carabobeña, ha sido atendida tanto por el Ministerio Publico, como por la Inspectoría de Tribunales y hoy posiblemente se comisione un fiscal nacional para que atienda proceda a investigar el caso.
También hemos sido informados que el Magistrado Marco Medina Salas, Inspector General De Tribunales, ordenó la correspondiente investigación contra la juez Soraya Pérez Ríos y contra la juez del Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control, que privó de libertad a los agricultores estafados. Ella le ha dicho a sus colegas que ella consultó y alertó a los jueces de la Corte de Apelaciones de la aberración que significaría dejar privado a esos muchachos, pero recibió la orden: “Dicte la privativa y punto”. Compungida obedeció la orden. Lamentablemente eso no la exime, pues la arbitrariedad la cometió a sabiendas que no debía hacerlo. No hay justificación ni la ley lo permita que se abuse de autoridad por mandato superior.
Como hemos informado, en el estado Carabobo ocurren Injusticias y complicidades de jueces que aterrorizan. Hemos seguido la secuencia de este caso y hemos escritos: A la injusticia en el Poder Judicial de Carabobo contra unos humildes y trabajadores del campo cometida por la juez Soraya Pérez, una de las máximas representantes de la Corte de Apelaciones, cualquier calificativo le sienta bien, más aún cuando no hay quién se atreva a ponerle punto final a la situación, lo que los hace cómplices a todos en este delictual proceder. Es una injusticia que causa terror en el seno de la ciudadanía. Ya decía sabiamente el filósofo y jurista francés Charles Louis de Secondat, conocido como el Barón de Montesquieu (1689-1755), que: «Una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad.»
José Rafael Ramírez
Periodista, CNP 3.141
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