Acaba de conocerse que Baltasar Garzón, el tristemente célebre ex juez español, cobró 1,85 millones por asesorar al general Hugo “El Pollo” Carvajal

El despacho del ex juez Baltasar Garzón, facturó a la sociedad panameña Maroil Trading 1.850.000 euros durante la segunda mitad del año 2016. La mercantil es una de las empresas de Wilmer Ruperti, magnate del transporte marítimo y de los medios de comunicación y un destacado “boliburgués”, los empresarios que hicieron o incrementaron su fortuna con el régimen rojo-rojito.

Lo llamativo de estos pagos es que responden a un contrato cuyo objeto es elaborar “un informe independiente sobre el origen, desarrollo, consistencia (…) sobre las investigaciones abiertas en Estados Unidos de los casos que afectan a quien fuera director Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), general ® Hugo “El Pollo” Carvajal”.

Estados Unidos reclamaba al “Pollo” Carvajal por narcotráfico, entre otros delitos. Actualmente, el exjefe de la inteligencia chavista, que renunció a Maduro y apostó por Guaidó, se encuentra detenido en Madrid, a la espera de que se resuelva la petición de Estados Unidos.

La firma del contrato

El contrato fue suscrito el 17 de junio de 2016 por el propio Wilmer Ruperti, en representación de Maroil Trading Inc., y, el número dos de Garzón, Ricardo Arranz, director de Oficina y responsable del área Civil y Mercantil de Ilocad (International Legal Office for Cooperation & Development).

Ruperti fue quién pago al poderoso bufete del abogado neoyorquino David Boies la defensa a los narco-sobrinos

Recordemos que Wilmer Ruperti dijo el 29 de septiembre de 2016 al periodista José de Córdoba en una entrevista exclusiva para el Wall Street Journal, que fue quién pagó al poderoso bufete del abogado neoyorquino David Boies, los costos de la defensa de Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, inclusive mientras mantiene sus conexiones de negocios con el régimen y empresas del Estado venezolano. Reciente a esa entrevista a Ruperti le fue entregada una concesión por $138 millones para el manejo montañas de coque generado por las plantas mejoradores de crudo del Complejo de José, en el oriente venezolano. Según le dijo al WSJ ambas cosas no estaban relacionadas y que él ganó una concesión donde compitieron 10 empresas. El caso contra los sobrinos de la pareja presidencial es “una gigantesca conspiración para ayudar a la oposición”,  y “un intento de etiquetar a Venezuela como un narco-estado” dijo en esa oportunidad el empresario sirviente del régimen de Nicolás Maduro. La identidad de la persona que pagó la defensa de los sobrinos se mantuvo en secreto hasta que Ruperti dijo a los periodistas del WSJ en esa entrevista que hizo eso “por razones patrióticas” y una forma de aliviar las cargas a Nicolás Maduro. “Esto perturba la tranquilidad del la familia presidencial. Tú necesitas que el presidente esté calmado. Yo estoy ayudando a preservar el gobierno constitucional”, dijo entonces el empresario.