El encuentro con Dinorah Figuera expuso la incertidumbre de cientos de familias, mientras el diálogo retoma las garantías civiles y los derechos políticos.
Noticias JR
Familiares de presos políticos y representantes del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) se reunieron este sábado 19 de septiembre con la Comisión de Transición encabezada por Dinorah Figuera. El objetivo fue presentar casos de detenidos y exigir información concreta sobre el avance de las excarcelaciones.
Durante el encuentro, los familiares denunciaron situaciones que incluyen presuntas detenciones arbitrarias, problemas de salud, incomunicación y traslados sin notificación. Sandra Hernández, familiar de un militar detenido en Ramo Verde por el caso Cotiza, pidió “respuestas claras” sobre el proceso de liberaciones.
La petición llega mientras continúa en Caracas el segundo ciclo de conversaciones entre representantes del chavismo y la oposición encabezada por Figuera. Las partes iniciaron esta nueva ronda el 17 de septiembre, con asuntos como garantías civiles y políticas, libertad de expresión y la renovación del Tribunal Supremo de Justicia.
Figuera reconoció durante la reunión que la situación de los presos políticos no formaba parte de la mesa de negociación con el Gobierno. Sin embargo, sostuvo que los testimonios recibidos muestran una realidad más grave de la que reflejan las informaciones públicas y defendió el diálogo como un canal para avanzar hacia soluciones.
El reclamo de los familiares también se relaciona con las 131 excarcelaciones anunciadas por el Gobierno venezolano el 14 de agosto, después del primer ciclo de conversaciones.
EFE informó entonces que algunos liberados salieron con medidas cautelares, como la obligación de presentarse periódicamente ante los tribunales.
La cantidad de liberaciones verificadas ha sido objeto de discrepancias entre organizaciones. El Foro Penal registró posteriormente las excarcelaciones y, al 14 de septiembre, contabilizó 344 presos políticos todavía detenidos, entre ellos 330 hombres y 14 mujeres. De ese total, 200 son civiles y 144 militares.
El mismo balance indica que 153 detenidos habían sido condenados y 191 permanecían sin condena. El Foro Penal también registró siete excarcelaciones durante la semana previa al corte y 23 personas incorporadas recientemente a su lista. Sus cifras son independientes de los registros de otras organizaciones.
Clippve, por su parte, sostiene que el universo de personas detenidas por motivos políticos supera los 400 casos. La organización había solicitado desde comienzos de septiembre un espacio con los negociadores para presentar expedientes individuales y reclamar que las liberaciones alcancen a todos los detenidos que considere presos políticos.
La discrepancia en las cifras refleja también las diferencias entre los criterios y momentos de actualización de las organizaciones. Mientras el Foro Penal contabilizaba 344 presos al 14 de septiembre, Clippve mantenía una cifra superior a 400, por lo que el número exacto depende de la metodología y del universo de casos considerado.
El proceso de excarcelaciones se desarrolla además en un contexto de negociación política respaldada por Estados Unidos. En la segunda ronda, iniciada esta semana, las delegaciones han incorporado una mesa técnica para revisar la libertad de expresión y el derecho a la información, además de mecanismos de seguimiento de los acuerdos alcanzados.
Para las familias, sin embargo, el debate político tiene una dimensión inmediata: conocer qué ocurrirá con quienes permanecen encarcelados. Clippve sostiene que la libertad de los detenidos no debe convertirse en una concesión negociadora y reclama que cualquier liberación sea plena, incondicional y verificable.
La presión de los familiares se ha extendido a otros espacios institucionales. El 17 de septiembre, representantes de Clippve se reunieron también con Álvaro Rodríguez, coordinador residente y coordinador humanitario interino de Naciones Unidas en Venezuela, para exponer denuncias relacionadas con los detenidos y sus condiciones.
Mientras las delegaciones políticas continúan sus conversaciones en Caracas, las familias buscan convertir sus expedientes individuales en compromisos verificables. La reunión con Figuera abrió un nuevo canal de interlocución, pero la exigencia central permanece intacta: información precisa sobre quiénes serán liberados, bajo qué condiciones y cuándo.
Las cifras sobre presos políticos y excarcelaciones deben atribuirse a las organizaciones que las producen, porque existen diferencias entre sus registros y criterios de contabilización.
