*** Los tres diputados de ese estado y el representante indígena del sur, todos de la Mesa de la Unidad y electos en los comicios de 2015, solicitan hoy su reincorporación ante el Parlamento. Ellos fueron suspendidos por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, dictada en enero, la cual creó un vacío de poder y lesiona derechos constitucionales, según especialistas.
«No hay tributación sin representación» fue el lema que desató en Estados Unidos la revolución y terminó por romper sus vínculos con la corona británica en el siglo XVIII. La queja fundamental de los colonos era que si no tenían diputados en el Parlamento británico, las leyes allí aprobadas no podían serles aplicadas.
Sin llegar a esos extremos se puede hacer una analogía con la situación que viven los habitantes de Amazonas, que desde el 13 de enero de este año y por primera vez en su historia, pagan tributos al Seniat, son contados como parte de la federación de estados de Venezuela, pero no tienen representantes en el Parlamento.
El 30 de diciembre de 2015, la magistrada de la Sala Electoral, Indira Alfonzo, respondió a una impugnación de los resultados presentada por el PSUV con una inédita medida cautelar: suspender los efectos de la elección de los 3 diputados de Amazonas y el representante indígena del sur. El dictamen crea un vacío de poder y lesiona el principio constitucional de Estado federado. En la práctica, desde el 13 de enero cuando los tres diputados de la oposición (Nirma Guarulla, Julio Ygarza y Romel Guzamana) se desincorporaron de la cámara, Amazonas está borrado del mapa de Venezuela.
En ello coinciden el constitucionalista Gustavo Linares Benzo; el gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla; el diputado José Guerra, la subjefe de la fracción parlamentaria de la MUD, Mariela Magallanes, y el diputado desincorporado por Amazonas, Romel Guzamana. Incluso el subjefe de la fracción del PSUV en la AN, Víctor Clark, admitió que debe subsanarse la situación.
Contra natura
Linares Benzo no dudó en afirmar que el fallo golpeó a la federación de forma peligrosa: «El Tribunal Supremo de Justicia estaría provocando prácticamente una secesión de Amazonas, algo contra natura, pues ningún Estado insta a sus estados federados a irse de la federación.
La decisión del TSJ es casi como si se hubiese expulsado a Amazonas de Venezuela».
Magallanes, por su parte, no descarta que la falta de una decisión que determine si hay que hacer una nueva elección oculte un trasfondo político y geopolítico: «Político, porque intentaron quitarnos la mayoría de dos tercios que el pueblo nos dio. Y geopolítico, porque al gobierno no le conviene tener la representación de Amazonas, para hacer lo que quiera».
Guarulla sostuvo que la entidad que gobierna fue borrada del mapa: «Al ser federación estamos aliados, no somos subalternos y deben tratarnos de la misma manera. Tener a nuestros diputados significa que nuestros problemas serán planteados ante el país: la conservación de la selva y de las culturas, la defensa de 184.000 km» de territorio invadido de narcotráfico y contrabando bajo la mirada de la fuerza armada».
Guzamana apuntó: «Ya no somos 23 estados y el Distrito Capital, son 22 estados».
Insólito
Linares Benzo advirtió que los habitantes de Amazonas pagan impuestos a un Estado que no les permite tener una voz que los represente. «Eso lesiona, más que al estado Amazonas, a sus habitantes que son los que pagan el IVA y el ISRL».
Guerra coincidió: «Parte del mantenimiento del Estado es mantener al Parlamento. ¿Cómo es que vas a contribuir con los impuestos, pero no tienes quien te represente en el Congreso?».
En la elección del 6 de diciembre de 2015, el PSUV obtuvo un representante por Amazonas, Miguel Rodríguez, que ni siquiera se ha juramentado ante la plenaria. El subjefe de la fracción oficialista, Víctor Clark, no está conforme con la dilación de los poderes Judicial y Electoral.
«Hay que exigir su reincorporación a través de un pronunciamiento de la Sala Electoral».
Cuando se le preguntó el porqué de la dilación en decidir, si según el PSUV existen pruebas de ilícitos electorales, respondió: «La misma pregunta nos hacemos nosotros».
Maru Morales P. / El Nacional
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