Estado delincuente: Gobierno no ha acatado ninguno de los 17 fallos de la Corte IDH

*** RCTV es la sentencia número 15 que el Estado venezolano ignora. El abogado Héctor Faúndez señaló que el incumplimiento revela la existencia de «un Estado delincuente» que puede ser denunciado ante la OEA

*** Dictámenes favorecen a más de 280 víctimas en el país

La sentencia del 7 se septiembre que ordenó devolver la concesión de RCTV es el dictamen número 15 que el Estado venezolano ha desconocido. La Corte Interamericana de Derechos Humamos ha emitido 17 fallos condenatorios contra Venezuela, de los cuales se han acatado parcialmente solo 2, sobre la masacre de El Amparo y el Caracazo, cuyos hechos, sin embargo, no corresponden a la gestión de este gobierno.

Las sentencias de la Corte Interamericana se refieren a vulneraciones del derecho a la vida, la integridad física, el debido proceso y la libertad de expresión, así como a la debilidad del Poder Judicial por la inestabilidad laboral de los jueces.

La Corte conoció 19 casos del país y archivó 2: el de Joe Castillo, asesinado en Machiques en 1999, y el de Allan Brewer Carías, que denunció falta de garantías en el proceso en su contra por conspiración en abril de 2002. En el primer caso el tribunal consideró que no existían elementos que evidenciaran una situación de riesgo notable que obligaran al Estado a adoptar medidas de protección, y en el segundo no se agotaron las instancias internas.

Héctor Faúndez, especialista en derecho internacional de los derechos humanos, señaló que sería ingenuo esperar que Venezuela acate las sentencias, que inciden sobre aproximadamente 280 víctimas, y detenga las violaciones de derechos. «Estamos ante un Estado delincuente que puede ser denunciado por la Corte Interamericana ante la Asamblea General de la OEA y pedir sanciones políticas. Venezuela no controla esa Asamblea».

Dijo que el procedimiento señala que el tribunal espera un año luego de emitidas las sentencias para que el Estado se pronuncie sobre su cumplimiento.

Subrayó que el acatamiento de las sentencias es clave para que se concrete el principio de las garantías de la no repetición de los hechos que lesionan derechos humanos.

La investigadora del Ininco Luisa Torrealba recuerda que el irrespeto conlleva el desconocimiento de la carta magna, que en el artículo 23 establece la sujeción a los tratos y pactos sobre derechos humanos.

«Cuando se afecta a un medio de comunicación, como ocurrió con RCTV, se vulnera el artículo 58 de la Constitución, según el cual la comunicación es libre y plural. La libertad de expresión no solo atañe a medios y periodistas, sino que también compete a los ciudadanos, que requieren de información para la toma de decisiones cotidianas; debe garantizarse la búsqueda, difusión y recepción de la información», explicó Torrealba.

Oswaldo Cali, consultor jurídico de Espacio Público, indicó que los organismos internacionales no tienen facultad para forzar el acatamiento, «pero las sentencias son de obligatorio cumplimiento y conllevan presión política».
Impunidad. La principal deuda del Estado es la condena contra los responsables de las violaciones de derechos humanos, coinciden Liliana Ortega y Rafael Uzcátegui, directora y coordinador de Cofavic y Provea, respectivamente.

Ortega lamentó que el Estado no haya demostrado «su voluntad política de rectificación y de interés real por los derechos humanos». Considera que se ha optado por la política de la reducción progresiva de la tutela de las víctimas.

«En el caso del Caracazo solo se cumplieron las medidas de indemnización y la publicación de la sentencia en Gaceta Oficial y en diarios nacionales.

No hay sentencia condenatoria contra los responsables intelectuales y materiales de estos graves hechos ni se ha cumplido con el mínimo gesto humanitario de entregar debidamente identificados los restos de los desaparecidos inhumados en las fosas clandestinas de la Peste», señaló.

Destacó que esa sentencia se constituyó en un precedente significativo sobre la adecuación de las medidas de control de orden público y advirtió que instrumentos como la resolución 0088610, en la que el Ministerio de la Defensa definió las normas para la actuación de la FANB en el control de orden público, representan un «desacato abierto».

Uzcátegui subrayó que el incumplimiento de los dictámenes interamericanos evidencia «la impunidad estructural» que existe en el país. Refirió que en los reportes anuales del Ministerio Público se ha omitido información acerca de la fijación de responsabilidades en el caso El Amparo.

«La posición del Estado es contradictoria: por un lado aplaude las actuaciones del sistema interamericano, como ocurrió en el caso de Ayotzinapa en México, y por el otro desacata las decisiones que se toman en su contra», alegó.

Sofía Nederr / El Nacional