La fiscal general, Luisa Ortega Díaz debe renunciar
*** Ex magistrado y el Foro Penal consideran que las declaraciones del fiscal Franklin Nieves evidencian cómo se usa el sistema judicial para perseguir a la disidencia política y que la Fiscal Ortega Díaz debe renunciar por avalar pruebas falsas
*** El constitucionalista Román Duque Corredor dijo que la revelación de que a Leopoldo López lo condenó la jueza Susana Barreiros con pruebas falsas obliga a llevar el caso a la Corte Penal de La Haya. Además, emplazó al Parlamento y al Consejo Moral a investigar la responsabilidad de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, que a su juicio debe renunciar
*** El activista Alfredo Romero expresó: «El sufrimiento que este esquema de jueces investidos de maldad o sometidos a la maldad ha ocasionado es terrible y encuadra perfectamente en el concepto de persecución por motivos políticos, crimen de lesa humanidad de conformidad con el artículo 7 del Estatuto de Roma»
El fiscal Franklin Nieves
La confesión del fiscal Franklin Nieves referida a que Leopoldo López fue enjuiciado con pruebas falsas evidencia cómo en Venezuela se usa el sistema judicial para perseguir a la disidencia política, lo que acarrearía sanciones penales en el ámbito nacional e internacional contra los jefes de los poderes públicos, sostienen expertos y el Foro Penal Venezolano.
Leopoldo López fue enjuiciado con pruebas falsas
«Las declaraciones de Nieves de que forjó pruebas contra López muestran el deterioro institucional del país. En una nación democrática y seria, si un fiscal arma un juicio con pruebas falsas tiene que poner su cargo a la orden y como se evidencia que recibía instrucciones del jefe superior, en este caso de la fiscal Ortega Díaz, el Parlamento y el Consejo Moral deben investigar la responsabilidad de sus miembros porque su conducta ética está en tela de juicio», afirmó el ex magistrado Román Duque Corredor.
El ex magistrado Román Duque Corredor.
En el campo jurídico y procesal señaló que el sistema de justicia violó el principio constitucional del debido proceso y la tutela de garantía efectiva al sentenciar con pruebas falsas, lo que implica sanciones contra el Ministerio Público y el tribunal. En consecuencia, por el Código Procesal Penal, López tiene que ser liberado.
«El Poder Judicial, en este caso la jueza Susana Barreiros, admitió pruebas falsas, lo que es algo grave y por ende Barreiros y Ortega Díaz tendrán que responder ante la justicia nacional e internacional por intimidación y persecución a la disidencia política. En Venezuela, los poderes planifican para condenar a la disidencia por lo que la confesión de Nieves debe llevarse a la Corte Penal de La Haya junto con otras que revelan cómo se criminaliza a la disidencia», expuso Corredor.
La jueza Susana Barreiros
Sin embargo, aclaró que Ortega Díaz no puede alegar que Nieves actuó a modo personal para así evadir su responsabilidad: «Aunque la Constitución dice que todo funcionario es responsable de sus actos, en el caso de López se violaron derechos humanos y la ética pública, por lo que Ortega Díaz debe renunciar. El silencio del gobierno preocupa porque pudieran preparar una estrategia para lavarse la cara nacional e internacionalmente. Si fuera un gobierno inteligente, la fiscal debe renunciar y someterse a una investigación».
Alfredo Romero, director ejecutivo de Foro Penal, denunció que hay «responsables directos»: «Es decir, personas que se visten provisionalmente de jueces o fiscales al servicio de otras personas en el poder para dictar fraudulentas decisiones judiciales que tienen el único objetivo de perseguir, encarcelar y torturar incluso a los políticamente inconvenientes».
Alfredo Romero, director ejecutivo de Foro Penal
Romero describió las «consecuencias terribles» por las decisiones de tribunales y fiscales como Nieves: 78 encarceladas, más de 2.000 personas con restricciones a su libertad, 200 torturados y obligados a solicitar refugio por razones políticas.
«En definitiva, el sufrimiento que este esquema de jueces investidos de maldad, o sometidos a la maldad, ha ocasionado es terrible. Esta situación encuadra perfectamente en el concepto de persecución por motivos políticos, crimen de lesa humanidad de conformidad con el artículo 7 del Estatuto de Roma».
Hernán Lugo-Galicia / El Nacional
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