La abogada Soraya Pérez Ríos, Juez Superior Penal del estado Carabobo urdió deleznable plan para que su hijo Gabriel Acosta Pérez consolide una estafa contra dos agricultores. Funcionario del CICPC se prestó para montar falso robo en perjuicio de dos hermanos agricultores que estaban siendo estafados
Hay informaciones que con solo leerlas, uno como periodista detecta que no se corresponden con la verdad, simplemente porque carecen de elementos fundamentales para convencer. “A ese cuento le falta”, decía mi abuela, cuando uno tratando de salirse de un paquete, contaba una historia inventada. Es esto lo que nos ha ocurrido al leer una información que dio cuenta de la detención de: *Argelis José Rodríguez Valbuena, Jorge Arturo Rodríguez Valbuena, José Alexander Martínez Pinto y de José Antonio Henríquez Díaz, este ultimo un teniente de la Guardia Nacional Bolivariana, adscrito a Dirección General Contra Inteligencia Militar (DGCIM), en el área de Laboratorio de Criminalística.*
Las notas de prensa
En sus respectivas ediciones de este martes 24 de septiembre de 2019, los diarios El Carabobeño y 2001 publicaron la información sobre la detención de varias personas sorprendidas robando una residencia en Valencia. La reseña tuvo como origen en un reporte que hizo en su cuenta en Instagram el Comisario Douglas Rico, (douglasricovzla) director del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
Esto escribió el director del CICPC
“Cuatro detenidos por robo en residencias de Valencia: José Antonio Henrique Díaz (23), José Alexander Martínez Pinto (23), Jorge Arturo Rodríguez Valbuena (25) y Argelis José Rodríguez Valbuena (26), ingresaban a las residencias portando armas de fuego de distintos calibres y someten a los residentes, para despojarlos de sus pertenencias. Mediante arduas averiguaciones realizadas por funcionarios de la Subdelegación Las Acacias se logró aprehensión de los mencionados en la Urbanización Los Mangos, parroquia San José, municipio Valencia del estado Carabobo; fueron recuperados un vehículo, marca Toyota, modelo 4Runner, placas AB616SA e incautados cuatro teléfonos celulares, dos chalecos antibalas, un facsímil de arma de fuego, tipo sub fusil, marca Tippmann A-5, utilizada para practica de paintball y un arma de fuego tipo pistola, marca Star, calibre 9mm. Los detenidos fueron puestos a la orden de la Fiscalía 32° del Ministerio Público del estado Carabobo.”_*
Lo que llamó la atención
De esta publicación surgen varios elementos que llaman poderosamente la atención: 1) La persona que aparece como víctima, Soraya Perez Ríos es nada menos que una magistrada del mas alto tribunal penal del estado Carabobo y, 2) entre los asaltantes detenidos aparece un teniente de la Guardia Nacional Bolivariana, adscrito a Dirección General Contra Inteligencia Militar (DGCIM) de nombre José Antonio Henríquez Díaz. Estas circunstancias nos motivaron a profundizar una investigación periodística sobre el hecho y, en la que primeramente logramos obtener copia del parte policial, el cual transcribimos textualmente a continuación:
AVERIGUACIÓN K-19-0066-01859 / DELITO: ROBO / LEY PARA EL DESARME, CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES INGRESO DE CUATRO (04) DETENIDOS/ UN (01) VEHICULO. VICTIMA: SORAYA PÉREZ RIOS, de 52 años de edad, MAGISTRADA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL ESTADO CARABOBO. DETENIDOS: 01).- ARGELIS JOSE RODRÍGUEZ VALBUENA, de 26 años de edad, C.I V-22.310.916 (-) Siipol. 02).- JORGE ARTURO RODRÍGUEZ VALBUENA, de 25 años de edad, C.I V-22.310.917 (-) Siipol. 03).- JOSE ALEXANDER MARTÍNEZ PINTO, de 23 años de edad, C.I V-24.797.112 (-) Siipol. 04.- JOSE ANTONIO HENRIQUEZ DÍAZ, de 23 años, CI V-26.781.417 (-) Siipol. (Funcionario activo de la Guardia Nacional Bolivarana, con la jerarquía Teniente, adscrito a Dirección General Contra Inteligencia Militar, área de Laboratorio de Criminalística). EVIDENCIA INCAUTADA: 01.- UN (01) ARMA DE FUEGO, TIPO PISTOLA, MARCA STAR, MODELO FIRESTAR PLUS, COLOR PLATA, SERIALES DEVASTADOS, PROVISTO DE SU CARGADOR CONTENTIVO DE CUATRO BALAS CALIBRE. 02.- UN FASCIMIL DE ARMA DE FUEGO, TIPO SUB FUSIL, MARCA TIPPMANN A-5, UTILIZADA PARA LA PRÁTICA DE PAINTBALL, DE COLOR NEGRO. 03.- UN BOLSO, TIPO BANDOLERO, COLOR BEIGE, MARCA HILFIGER. 04.- UN SUÉTER, DE COLOR NEGRO, CON LAS INICIALES DE LA Dirección General Contra Inteligencia Militar) 05.- UNA GORRA, DE COLOR NEGRO CON LAS INICIALES LA Dirección General Contra Inteligencia Militar) 06.- DOS CHALECOS ANTIBALAS, UNO DE ESTOS CON LAS INICIALES Dirección General Contra Inteligencia Militar) 07.- CUATRO TELÉFONOS CELULARES, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS. 08.- UN PASAPORTE A NOMBRE DE JOSE ALEXANDER MARTÍNEZ. 09.- UNA CREDENCIAL DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA, A NOMBRE DE JOSE ANTÓNIO HENRÍQUEZ DIAZ, CI V-26.781.417. CON LA JERARQUÍA DE TENIENTE. 10.- UNA CREDENCIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL CONTRA INTELIGENCIA MILITAR (DGCIM), A NOMBRE DE JOSE ANTÓNIO HENRÍQUEZ DIAZ, CI V-26.781.417. CON LA JERARQUÍA DE SUB INSPECTOR. 11.- UN (01) VEHICULO CLASE: CAMIONETA, MARCA: TOYOTA, MODELO RUNNER, COLOR GRIS, PLACAS AB616SA. L/H/F: URBANIZACIÓN LOS MANGOS, AVENIDA 108, CRUCE CON CALLE CIEGA, FRENTE AL EDIFICIO SAYONARA, VIA PÚBLICA, PARROQUIA DAN JOSE, MUNICIPIO VALENCIA, ESTADO CARABOBO, A LAS 08:00 HORAS DE LA NOCHE, DEL DÍA DE HOY LUNES 16-09-2019. BREVE RESEÑA: FUNCIONARIOS ADSCRITOS A LA SUB DELEG LAS ACACIAS, LOGRARON LA APREHENSIÓN DE LOS REFERIDOS CIUDADANOS POR CUANDO LOS MISMOS UTILIZANDO PRENDAS ALUSIVAS A LA DIRECCIÓN GENERAL CONTRA INTELIGENCIA MILITAR DGCIM INGRESARON A LA RESIDENCIAS SAYONARA E INTENTARON DESPOJAR A LA VÍCTIMA DE SUS PERTENENCIAS, DONDE ESTA AL DARSE CUENTA DEL HECHO, DIÓ PARTE A ESTA OFICINA NACIONAL DE INVESTIGACIONES, A SI COMO A OTROS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO, ACUDIENDO AL LUGAR, SIENDO DETENIDOS EN FLAGRANCIA, INCAUTANDOLES LAS EVIDENCIAS ANTES DESCRITAS, POR LO QUE FUERON PUESTOS A LA ORDEN DE LA FISCALÍA TRIGÉSIMO SEGUNDO DEL MINISTERIO PUBLICO DE ESTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL.”
La verdad real, es decir, la verdad verdadera
Profundizamos nuestra investigación y descubrimos la historia real, que nos permite afirmar que la verdad en este caso que nos ocupa, está muy distante a eso que conocemos como la versión oficial de los hechos; y que es falso que los detenidos Argelis José Rodríguez Valbuena, Jorge Arturo Rodríguez Valbuena, José Alexander Martínez Pinto y de José Antonio Enríquez Díaz hayan intentado robar residencia de la magistrada Soraya Pérez Ríos de la Corte de 
Apelaciones de Carabobo. Esa es una mentira tan grande o más, que el Palacio de Justicia del estado Carabobo, donde tiene su despacho la denunciante, Soraya Pérez Ríos, magistrada de la Corte de Apelaciones. Sin lugar a dudas, esa verdad verdadera, mata abruptamente a esa verdad jurídica inventada con muy mala fe por la mencionada magistrada. La verdad es la siguiente:
Ejecutada una trampa para encubrir una estafa
En Facebook aparece que el hijo de la magistrada, Gabriel Acosta Pérez, es ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO, egresado de la Universidad Arturo Michelena
Dos agricultores de la población de Miranda, estado Carabobo, de nombre Arturo Rodríguez Valbuena (25) y Argelis José Rodríguez Valbuena (26) estaban por concretar un negocio referido a la actividad agrícola que los ocupa, para el cual necesitaban pagar cinco mil dólares y, tratando de conseguir quien se los vendiera lograron contactar a Gabriel Acosta Pérez, quien les ofertó los dólares. Éste individuo es hijo de la abogada Soraya Pérez Ríos, integrante de la Corte de Apelaciones del estado Carabobo. Los hermanos Rodríguez Valbuena les transfirieron los bolívares requeridos al hijo de la magistrada, quien entonces no entregó las divisas a los compradores. Estos se cansaron de llamarlo y de buscarlo pero fue inútil, los habían estafado. Las víctimas del fraude contactaron entonces a la magistrada y le explicaron lo que estaba pasando. Ella les dijo que respondería por el compromiso de su hijo y los citó a un apartamento en la Urbanización Los Mangos, parroquia San José, municipio Valencia, para entregarle los dólares. Los hermanos Rodríguez Valbuena fueron a la cita acompañados de amigos “por si acaso”, uno de ellos, José Antonio Henríquez Díaz, teniente de la Guardia Nacional Bolivariana, adscrito a la Dirección General de Inteligencia Militar (DGCIM), pero lo que les habían montado era una emboscada, pues cuando llegaron al sitio, los esperaba una comisión del CICPC al mando del Comisario Wilfredo Mendoza, supervisor de Investigaciones de la Sub-Delegación Las Acacias, estado Carabobo, la cual los detuvo bajo la calumnia de estar ejecutando un atraco a la magistrada.
La inocencia de los hermanos Rodríguez Valbuena
Los hermanos Rodríguez Valbuena además de estafados por Gabriel Acosta Pérez, hijo de la magistrada Soraya Pérez Ríos, ahora está presos acusados de haberla intentado atracar, delito de robo y otros, y las personas que solo iban a acompañarlos, como medida de precaución, visto que iban a recibir la mencionada cantidad de divisas norteamericanas, también fueron victimizados como parte de los hechos delictivos que se les imputa. Lo cierto es que los hermanos Rodríguez Valbuena cuentan con medios probatorios para demostrar que estaban negociando la compra de dólares, con el hijo de la magistrada que ahora los acusa de robo. Ellos tienen las constancias de las transferencias bancarias que les hicieron a su cuenta bancaria, así como el intercambio de diversas comunicaciones entre ellos e incluso con la magistrada, solo que les preocupa que dado el cargo e influencias de ésta, se pretenda consolidar este horrendo crimen contra la justicia que tiene como protagonista nada mas y nada menos que a esta alta funcionaria del Poder Judicial que conjuntamente con funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), armó y ejecutó este perverso plan, para encubrir una estafa cometida por su hijo; actuando en concierto para delinquir con premeditación y alevosía y donde se destaca el grado de criminalidad de una persona responsable de administrar justicia en el área penal. Sin lugar a dudas que en este caso se evidencia la mala fe, acompañada de los delitos de simulación de un hecho punible, calumnia, abuso de autoridad y detención arbitraria, con sus consecuencias ulteriores, como el terrorismo judicial.
Seguiremos pendientes de este caso para informar. También para pedir que no se consolide este acto de terrorismo judicial y que se haga justicia.
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