Foto: Secretaria de Tribunal Barbara Flores y Juez Jose Alexander Infante
Las investigaciones en curso por parte de las autoridades no solo confirman las denuncias previas contra el juez José Alexander Infante y su entorno cercano, sino que revelan una estructura delictiva mucho más compleja. Al momento de su aprehensión, el Ministerio Público inició una carpeta fiscal en la que se les imputa por al menos siete delitos, entre los que figuran:
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Extorsión,
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Corrupción agravada,
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Asociación para delinquir,
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Aprovechamiento de cosas provenientes del delito,
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Obstrucción de la justicia,
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Abuso de autoridad
y tráfico de influencias.
Las víctimas, con rostros marcados por la impotencia y las lágrimas, relataron ante este medio cómo este “par de pillos” –refiriéndose al juez y su secretaria– convirtieron los tribunales en un mercado de sentencias. Testimonios recogidos indican que, al no tener la suma exigida por el juez Infante, este ordenaba detenciones injustas contra familiares de las víctimas, y fallaba a favor de los agresores.
Uno de los casos más aberrantes es el de la ciudadana y victima Manyore Lugo, donde el victimario fue beneficiado tras pagar una alta suma de dinero. También destaca el caso documentado por nuestro propio equipo de investigación, en el cual un victimario amenazó verbalmente a la víctima ( Quien forma parte de nuestro equipo de trabajo) dentro de la sala de audiencia delante del juez, sin recibir sanción alguna. ¿La razón? Según fuentes, el juez ya había recibido 10.000 dólares en efectivo y un vehículo Arauca plateado como parte del “trato”.
Este vehículo ha sido uno de los elementos clave que ahora forma parte de la investigación patrimonial en contra del juez Infante. Las víctimas claman justicia, exigiendo que se esclarezca la procedencia de ese bien, que, según se afirma, fue entregado como pago por una sentencia favorable.
¿QUIÉN MANEJA LOS HILOS? TODAS LAS MIRADAS APUNTAN A ALFONZO CARABALLO
No es la primera vez que este medio realiza esta denuncia. Sin embargo, la gravedad de lo expuesto y la magnitud de los hechos ameritan profundizar en el verdadero poder detrás del trono: el abogado Alfonzo Caraballo, actual coordinador de los tribunales de violencia en Maracay.
Las víctimas coinciden en que José Alexander no tomaba decisiones sin su aprobación, siendo simplemente un ejecutor de las órdenes del que muchos ya señalan como el cabecilla de esta mafia judicial. Según fuentes ligadas a los tribunales, Caraballo se quedaba con al menos el 70% del botín recaudado por sus “lacayos” en los juzgados.
Pese a haber sido denunciado en reiteradas ocasiones ante la Inspectoría de Tribunales, Caraballo sigue al mando, y actualmente estaría moviendo influencias para reducir o anular la condena de sus subalternos, consciente de que una sentencia ejemplar podría arrastrarlo con ellos. Su nombre y su carrera jurídica ya están en entredicho, y las víctimas no solo exigen su destitución inmediata, sino que claman por la apertura de una investigación penal en su contra.
DAÑO INSTITUCIONAL Y HUMANO
El daño institucional y humano que ha generado la permanencia de Alfonzo Caraballo como coordinador de los tribunales de violencia en Maracay es incalculable. No solo ha permitido, por acción u omisión, que se instale una cultura de corrupción y extorsión dentro del sistema judicial, sino que ha contribuido a revictimizar a mujeres y familias enteras que acudieron buscando justicia y fueron recibidas con chantajes disfrazados de “procesos legales”. Muchos de estos ciudadanos, con temor, hoy relatan cómo fueron despojados de sus bienes, su dignidad y, en algunos casos, su libertad, mientras Caraballo sigue al mando de la estructura.
La apertura de una investigación penal profunda y urgente en su contra no es solo una exigencia moral, sino una necesidad institucional. ¿Cómo es posible que, siendo el coordinador directo de los jueces involucrados, no tuviese conocimiento de lo que ocurría de forma sistemática y pública en los despachos que están bajo su tutela? Esto deja en entredicho dos escenarios igualmente graves: o fue un cómplice activo y mayoritario del delito, supervisando y recibiendo parte del botín como señalan diversas fuentes, o simplemente estamos ante un funcionario pusilánime, inútil e incapaz de ejercer el cargo que ocupa. En ambos casos, su permanencia representa una afrenta al principio de justicia y al Estado de derecho.
Todo apunta a que Caraballo toma sus funciones como coordinador, pero no para garantizar el cumplimiento de la ley, sino para coordinar una red delictiva estructurada, operada por sus subordinados como verdaderos “bufones judiciales”, quienes cumplen su voluntad a cambio de beneficios económicos. Su nombre, ya manchado por múltiples denuncias anteriores, hoy se asocia inevitablemente con el desmoronamiento de la credibilidad de los tribunales de violencia de Aragua. La justicia, si quiere recuperar su rostro ante el pueblo, debe empezar por investigar y destituir al cabecilla de esta mafia togada.
Foto: Coordinador de tribunales de violencia del estado Aragua Alfonso Caraballo
EXIGENCIAS DE LAS VÍCTIMAS
Las voces de las víctimas resuenan hoy con más fuerza que nunca. Con respeto, pero con firmeza, exigen respetuosamente al Ministerio Público, al Tribunal Supremo de Justicia y a la Inspectoría de Tribunales:
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La destitución inmediata de Alfonzo Caraballo de su cargo como coordinador.
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La apertura formal de una causa penal en su contra.
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El resarcimiento judicial y reparación simbólica a quienes fueron víctimas de esta red de extorsión.
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Que se nombre una comisión independiente de investigación que intervenga los tribunales de violencia del estado Aragua.
Los aragüeños esperan que estas investigaciones no se detengan únicamente en los tribunales de violencia, sino que se extiendan también a los tribunales ordinarios, donde según múltiples testimonios, persisten graves irregularidades y presuntos actos de corrupción y extorsión. La petición de las víctimas es clara: evitar que estos hechos se repitan y garantizar que quienes administran justicia lo hagan con integridad.
Gracias a las denuncias que hemos recogido y canalizado con respeto desde este medio, muchas víctimas han comenzado a recibir respuestas positivas por parte de los organismos competentes en Caracas. De hecho, se espera en los próximos días la destitución de al menos seis jueces, actualmente bajo investigación formal y con expedientes abiertos por su presunta vinculación a estas prácticas delictivas.
Cabe destacar que sabemos que no todos los funcionarios del sistema judicial forman parte de esta banda delictiva. Desde este medio mantenemos el respeto hacia aquellos que aún actúan con honestidad, ética y compromiso, rigiéndose por la ley y siendo fieles a sus principios morales. A ellos, nuestro reconocimiento.
La justicia debe actuar con firmeza. No se trata de un funcionario corrupto aislado, sino de una estructura operativa que usó la ley como herramienta de chantaje, humillación y abuso. En nombre de todas las víctimas, este medio seguirá vigilante y comprometido con la verdad.