Maracay, 05 de junio de 2025 – Redacción Sucesos
En un operativo sorpresa ejecutado por funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), fue detenido en horas de la tarde del día de ayer el juez de violencia José Alexander Infante, junto a su secretaria Bárbara Flores. y un alguacil adscrito al mismo tribunal. La acción tuvo lugar tras intensas averiguaciones que apuntan a una presunta red de extorsión que operaba desde los pasillos del Palacio de Justicia de Maracay.
Según fuentes extraoficiales, el procedimiento se activó luego de que el juez intentara extorsionar a una víctima en un delicado caso de violencia, exigiendo el pago por una fuerte cantidad en dolares para favorecer al victimario con una decisión judicial amañada. La transacción del dinero habría sido ejecutada por la secretaria Bárbara, en plena vía pública, específicamente en el reconocido centro comercial de Maracay.
Esta redacción había venido alertando en ediciones anteriores sobre el comportamiento irregular del juez Alexander, con múltiples denuncias previas por hechos similares que nunca pasaron de una simple queja. Sin embargo, en las últimas 24 horas, decenas de víctimas se han acercado hasta nuestras oficinas para entregar sus testimonios y pruebas que podrían comprometer aún más a esta presunta banda delictiva togada.
Lo que resulta aún más alarmante es que los señalamientos apuntan hacia el actual coordinador de los tribunales de violencia en Maracay, Alfonzo Caraballo, como posible cabecilla de esta red, descrito por múltiples fuentes como el titiritero detrás del juez José Alexander, a quien no dudan en calificar como su «perro fiel de guerra». La estructura operativa de esta mafia judicial empieza a ser desmantelada pieza por pieza.
Los cuerpos de inteligencia no descartan nuevas detenciones en las próximas horas. Una de las líneas de investigación se centra en un vehículo Arauca plateado, ahora propiedad del juez, el cual habría sido comprado en la agencia AP MAQUINAS donde el ciudadano Antonio Parco funje como dueño y entregado por un victimario a modo de “pago” para obtener una sentencia favorable. Esta y otras propiedades están siendo analizadas por las autoridades para determinar su procedencia.
El Ministerio Público ya fue notificado y, de confirmarse los cargos, podríamos estar ante uno de los escándalos judiciales más graves del estado Aragua en los últimos años. La sociedad exige respuestas y justicia.
