La situación de los medios impresos en el estado Lara es la más precaria de la historia de Venezuela desde la Gazeta de Caracas. El Impulso, decano de la prensa nacional, con más de 114 años dejó de circular en su versión impresa desde el sábado 10 de febrero, (imagen), inicio de una nueva etapa luctuosa de silenciamiento de los derechos de los ciudadanos consagrados en la Constitución en su artículo 58: «La comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral”.
El día anterior, en un desacostumbrado editorial en primera página, el matutino El Informador que acaba de celebrar su medio siglo de existencia, pidió encarecidamente a Maneiro respuesta a sus peticiones de los insumos, papel y otros materiales, para mantenerse en circulación y ante el silencio oficial anunció su disminución de páginas de 32 a 16 y la interrupción de su periodicidad de no salir viernes y sábados para continuar en su labor. La pasada semana el vespertino El Diario de Lara también anunció la reducción de páginas al pasar de 32 a 16, por supuesto limitando con ello los derechos de los larenses a las noticias y opiniones. Y ayer martes 20 de febrero, el diario La Prensa también anunció su disminución de 32 a 16 páginas y no saldrá los sábados, con la consiguiente reducción de los espacios informativos.
La negativa de la Corporación Maneiro de entregar a los periódicos los materiales o insumos para su publicación es una acción directa y deliberada de impedir a los ciudadanos ejercer su derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, por una institución dependiente en forma directa del despacho del Presidente a quien podemos achacar la responsabilidad de callar y amordazar a los periódicos.
Al acaparar y monopolizar en su ejercicio el manejo del papel y los insumos para la producción de periódicos, de manera descarada e inescrupulosa la Corporación Maneiro también viola el artículo 113. «No se permitirán monopolios. Se declaran contrarios a los principios fundamentales de esta Constitución cualquier acto, actividad, conducta o acuerdo de los particulares que tengan por objeto el establecimiento de un monopolio o que conduzcan, por sus efectos reales e independientemente de la voluntad de aquellos a su existencia cualquiera fuere la forma que adoptare en la realidad. También es contrario a dichos principios el abuso de la posición de dominio que un particular, un conjunto de ellos o una empresa o conjunto de ellas adquiera o haya adquirido en un determinado mercado de bienes o de servicios, con independencia de la causa determinante de la posición de dominio, así como cuando se trate de una demanda concentrada. En todos los casos indicados, el Estado adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio, del abuso de la posición de dominio y de las demandas concentradas, teniendo como finalidad la protección del público consumidor, de los productores y el aseguramiento de condiciones efectivas de competencia en la economía. Cuando se trate de explotación de recursos naturales propiedad de la Nación o de la prestación de servicios de naturaleza pública con exclusividad o sin ella, el Estado podrá otorgar concesiones por tiempo determinado, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público».
El artículo 114 es más claro aún: «El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo con la ley».
El estricto control de las divisas ha impedido a los periódicos la adquisición en el exterior de los recursos necesarios para su publicación, estrechando aún más las tenazas al derecho de los ciudadanos a la información: no venden los insumos ni aprueban los recursos para su adquisición afuera. En una palabra, Censura.
En su editorial del 31 de diciembre de 2016, El Impulso advertía que “desde 2013 han desaparecido 15 periódicos y 85 están en riesgo, ahora, según las cuentas de Espacio Público. Unos 30.000 empleos, directos e indirectos, pudieran perderse, alerta el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP). Los impresos que aún circulan han disminuido entre 60 y 70 % su paginación, o su tiraje, o, desesperados por sobrevivir, se han visto forzados a migrar a la web, o a cambiar su periodicidad, de diario a semanario, o, en su defecto, a renunciar al formato tradicional”.
Algunas tradicionales mentes sindicales sólo se preocupan por los puestos de trabajo de periodistas, fotógrafos y técnicos como personal de administración y publicidad, sin ir más allá pues independiente de las injustificables reducciones de personal –otra violación a la Ley y al decreto de inamovilidad– el asunto es más profundo que un tema laboral. Se trata de los derechos a la libertad de expresión y a la información, considerados además Derechos Humanos.
Pasivamente la sociedad y los partidos políticos aceptan el amordazamiento de los periódicos larenses, que se suma a la misma acción de la Corporación Maneiro contra los periódicos de todas las regiones, ratificando la vocación totalitaria de un régimen que en cada paso conculca los derechos ciudadanos para ratificar el mote de tiranía con que lo nombran las más autorizadas voces en los países democráticos del mundo.
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