El documento destaca un deterioro de la libertad de expresión, con un intento por parte del régimen de «imponer su propia versión de los hechos y crear un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes». «Exhorto a todas las personas con poder e influencia, tanto en Venezuela como en el resto del mundo, a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo en Venezuela»
Desde 2016 el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia «orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al régimen», se sostiene en el informe
En el documento se sostiene que las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) entre enero de 2018 y mayo de 2019 y bajo la figura de “resistencia a la autoridad” mató a 6.856 personas, según cifras aportadas por el propio régimen
Michelle Bachelet, alta comisionada del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha sorprendido al mundo con un informe lapidario contra el régimen de Nicolás Maduro, exhortando a todas las personas con poder e influencia, tanto en Venezuela como en el resto del mundo, a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo en Venezuela.
En el letal el informe que se publicó ayer jueves, tras la reciente visita Michelle Bachelet a Caracas, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos insta a Nicolás Maduro a acabar con «las graves vulneraciones de derechos» en Venezuela, señalando que «si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país», que supera ya los cuatro millones de personas. Además el texto del informe detalla que fuerzas de seguridad arrestaron y dispararon a mansalva a jóvenes, les plantaron drogas, armas y manipularon evidencia para que pareciera que resistieron al arresto, como parte de una estrategia del régimen para neutralizar a la oposición en el país.
El informe que presentará hoy viernes en Ginebra, la comisionada para los derechos humanos advierte que desde 2016 el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al régimen.
Se señala que el informe se elaboró mediante 558 entrevistas en Venezuela y otros ocho países a víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, abarcando el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.
También denuncia la ex presidenta chilena una paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década, y atribuye a fuerzas tanto civiles como militares la responsabilidad en detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del régimen y a sus familiares. Asimismo, les culpa de violencia sexual y de género perpetrada durante periodos de detención y en visitas de familiares o amigos a detenidos, así como de un uso excesivo de la fuerza contra las manifestaciones. En este sentido menciona a los grupos armados civiles oficialista, conocidos como «colectivos», y documenta al menos 66 muertes durante las protestas realizadas entre enero y mayo de 2019, de las cuales, al menos 52 son atribuibles a fuerzas de seguridad.
Seguidamente se sostiene que mucho mayor son las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas represivas del Estado, en particular por las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES), con un total de 6.856 personas ejecutadas. 5.287 de esas muertes ocurridas en 2018 por supuesta «resistencia a la autoridad» están bien documentadas; y al menos otras 1.569 entre enero y mayo de este año, 2019, según cifras que le aportó el propio régimen de Maduro.
El informe también apunta que en la actualidad hay al menos 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, entre ellas 58 mujeres, y que en lo que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su presidente Juan Guaidó, han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.
Ante las violaciones y abusos que cometen los funcionarios del régimen, «son pocas las personas que presentan denuncias, por miedo a las represalias o por falta de confianza en el sistema judicial» y «quienes lo hacen, en su mayoría mujeres, se enfrentan a constantes obstáculos», subraya el informe.
El documento se hace énfasis al deterioro de la libertad de expresión, con un intento por parte del régimen de «imponer su propia versión de los hechos y crear un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes»: «Exhorto a todas las personas con poder e influencia, tanto en Venezuela como en el resto del mundo, a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo», concluye Bachelet.
Éstas denuncias de Michelle Bachelet se producen poco después de que la alta comisionada visitó Venezuela, del 19 al 21 de junio, un viaje en el que mantuvo entrevistas tanto con Nicolás Maduro como con Juan Guaidó -reconocido por casi 60 países, como Presidente Interino de Venezuela- y otras personalidades. Tras la visita permanecen en el país dos funcionarios de la Alta Comisaría para prestar asesoramiento y supervisar la situación de los derechos humanos.
«Maduro se comprometió con nosotros a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas, entre otras el uso de la tortura y el acceso a la justicia, y a facilitarnos la entrada ilimitada a los centros de reclusión», afirmó Bachelet en el comunicado. Este evidentemente que no lo ha cumplido en lo más mínimo, y prueba de ello es el asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, martirizado en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)
Sobre este hecho, a principios de esta semana Michelle Bachelet pidió una investigación «independiente, imparcial y transparente» de la muerte bajo custodia del capitán de corbeta de la Armada venezolana, tras ser detenido y acusado por el régimen de conspirar para asesinar a Maduro.
El documento destaca un deterioro de la libertad de expresión, con un intento por parte del régimen de «imponer su propia versión de los hechos y crear un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes». «Exhorto a todas las personas con poder e influencia, tanto en Venezuela como en el resto del mundo, a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo en Venezuela»
Desde 2016 el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia «orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al régimen», se sostiene en el informe
En el documento se sostiene que las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) entre enero de 2018 y mayo de 2019 y bajo la figura de “resistencia a la autoridad” mató a 6.856 personas, según cifras aportadas por el propio régimen
En el letal el informe que se publicó ayer jueves, tras la reciente visita Michelle Bachelet a Caracas, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos insta a Nicolás Maduro a acabar con «las graves vulneraciones de derechos» en Venezuela, señalando que «si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país», que supera ya los cuatro millones de personas. Además el texto del informe detalla que fuerzas de seguridad arrestaron y dispararon a mansalva a jóvenes, les plantaron drogas, armas y manipularon evidencia para que pareciera que resistieron al arresto, como parte de una estrategia del régimen para neutralizar a la oposición en el país.
El informe que presentará hoy viernes en Ginebra, la comisionada para los derechos humanos advierte que desde 2016 el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al régimen.
Se señala que el informe se elaboró mediante 558 entrevistas en Venezuela y otros ocho países a víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, abarcando el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.
También denuncia la ex presidenta chilena una paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década, y atribuye a fuerzas tanto civiles como militares la responsabilidad en detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del régimen y a sus familiares. Asimismo, les culpa de violencia sexual y de género perpetrada durante periodos de detención y en visitas de familiares o amigos a detenidos, así como de un uso excesivo de la fuerza contra las manifestaciones. En este sentido menciona a los grupos armados civiles oficialista, conocidos como «colectivos», y documenta al menos 66 muertes durante las protestas realizadas entre enero y mayo de 2019, de las cuales, al menos 52 son atribuibles a fuerzas de seguridad.
Seguidamente se sostiene que mucho mayor son las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas represivas del Estado, en particular por las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES), con un total de 6.856 personas ejecutadas. 5.287 de esas muertes ocurridas en 2018 por supuesta «resistencia a la autoridad» están bien documentadas; y al menos otras 1.569 entre enero y mayo de este año, 2019, según cifras que le aportó el propio régimen de Maduro.
El informe también apunta que en la actualidad hay al menos 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, entre ellas 58 mujeres, y que en lo que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su presidente Juan Guaidó, han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.
Ante las violaciones y abusos que cometen los funcionarios del régimen, «son pocas las personas que presentan denuncias, por miedo a las represalias o por falta de confianza en el sistema judicial» y «quienes lo hacen, en su mayoría mujeres, se enfrentan a constantes obstáculos», subraya el informe.
El documento se hace énfasis al deterioro de la libertad de expresión, con un intento por parte del régimen de «imponer su propia versión de los hechos y crear un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes»: «Exhorto a todas las personas con poder e influencia, tanto en Venezuela como en el resto del mundo, a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo», concluye Bachelet.
«Maduro se comprometió con nosotros a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas, entre otras el uso de la tortura y el acceso a la justicia, y a facilitarnos la entrada ilimitada a los centros de reclusión», afirmó Bachelet en el comunicado. Este evidentemente que no lo ha cumplido en lo más mínimo, y prueba de ello es el asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, martirizado en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)
Sobre este hecho, a principios de esta semana Michelle Bachelet pidió una investigación «independiente, imparcial y transparente» de la muerte bajo custodia del capitán de corbeta de la Armada venezolana, tras ser detenido y acusado por el régimen de conspirar para asesinar a Maduro.
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