Este personaje de conducta violenta nuevamente pretende burlarse descaradamente y pasar por encima de la ley aseverando tener inmunidad diplomática otorgada según por una ONG de países árabes.
Dicho individuo, quien en reiteradas oportunidades ha indicado ser venezolano de nacimiento, decide, luego de dos años de uno de los tantos juicios que se lleva en su contra por violencia de género, escudarse fungiendo como funcionario de una ONG de países arábicos para pretender que sus crímenes y sus actitudes violentas y peligrosas en contra de la mujer venezolana no sean castigados.
En el año 2022 se inicia una averiguación por parte de fiscalía con contra de este ciudadano por una denuncia interpuesta por quien redacta este artículo, ya que luego de una serie de publicaciones donde quedan descubiertos varios expedientes judiciales que existen en su contra interpuestos por mujeres víctimas de sus maltratos, acoso y violencia se detona en este individuo una fuerte acumulación de odio hacia la verdad, así que decide iniciar una fuerte persecución en mi contra e intenta amedrentarme a través de terceras personas.
Al entender que mi trabajo se basa en una investigación real y una pulcra ética periodística su frustración es tal que decide amenazarme verbal, física, personalmente e incluso usando la violencia informática al escribir públicamente en mis redes sociales cualquier cantidad de improperios en mi contra y en contra de mi fallecido padre.
Durante este tedioso proceso de casi más de dos años ha intentado a toda costa comprar psicólogos, jueces, alguaciles y a todo el que se le pase al frente de sus narices sin obtener éxito alguno, ha llegado incluso a fingir operaciones y enfermedades ocasionadas por vicios que aún mantiene.
Aun cuando este juicio ha debido terminar, ya que no queda más nada que decir y las pruebas y testigos han sido evacuados en su totalidad, el ciudadano pretende volverlo el “Caso sin fin”.
Durante estas audiencias la testigo aceptó muy orgullosamente formar parte del acoso en contra de la víctima aun cuando existe una orden de protección de por medio, los psicólogos especialistas en el tema han dado constancia del daño ocasionado a la víctima y los funcionarios del S.I.P. han revisado minuciosamente las evidencias y han reiterado la violencia ejercida por el acusado, pero aun así el juicio que debió terminar en la audiencia del día 15 de febrero del año en curso, tuvo que alargarse, ya que según el acusado el juez no tiene competencia para conocer ninguno de los delitos de orden público tipificados en la legislación venezolana ya que ahora posee supuestamente inmunidad Diplomática por parte de la ONG, misma que ahora pretende usar en los expedientes abiertos con nomenclatura DPQ01- Q- 2021-0001 y AP01-M-2020-001643.
¡…Habrase visto…!
Legalizando a los lectores
Para que nuestros lectores puedan comprender la burla que pretende hacerle a la justicia venezolana este personaje, debemos explicar el contexto legal. La ley de Inmunidades y prerrogativas de los funcionarios diplomáticos extranjeros, en su artículo 10, párrafo único, indica:
“Cuando los funcionarios diplomáticos, delegados o representantes a conferencias internacionales o miembros de organismos o servicios oficiales internacionales fueren VENEZOLANOS, no podrán gozar de las inmunidades a que se refiere la presente Ley”.
Dejando esto claro, se denuncia a través de este portal web que:
Primero: JEAN ANTIBA ABDEL se identifica con cédula venezolana, como ciudadano venezolano de nacimiento; por lo tanto, no aplica inmunidad.
Segundo: El alegato que además resulta ser nulo debió hacerlo al inicio del proceso y no al final, ya que sabía que dicho alegato no es aplicable a esta disposición legal.
Tercero: Este no es el único proceso legal donde el ciudadano es el acusado y, además, ya ha sido condenado, lo que demuestra la reincidencia. En estos expedientes no ha alegado ni mucho menos probado esta condición.
Cuarto: Debe ser castigado por tratar de engañar al Tribunal y al Ministerio Público con este argumento falso.
Todo esto independientemente de que debe demostrar sin lugar a equívocos tener la cualidad que invoca.
Hacemos nuevamente un llamado al Ministerio Público, a los Tribunales de Violencia del Estado Aragua, a la Fiscalía General de la República para que metan la lupa Y NO SE DEJEN ENGAÑAR en este y otros casos concernientes a la violencia de género en Aragua para que las víctimas puedan conseguir la tranquilidad y seguridad que el poder judicial venezolano debe brindarles.
