TRIBUNALES DE VIOLENCIA EN MARACAY:¿A FAVOR DE LA VÍCTIMA O DEL ACUSADO?

En los últimos tiempos, ha surgido una pregunta que sobrevuela infatigable sobre los Tribunales de Violencia en Maracay. ¿La interrogante intenta establecer a quién sirven realmente, a las víctimas o a los acusados?

Es una calamitosa tragedia observar cómo muchas víctimas de violencia de género evitan denunciar a sus agresores por temor al proceso judicial que enfrentarán. Muy pocas se atreven a dar el paso y presentar denuncias ante las autoridades, pero, cuando finalmente lo hacen se ven obligadas a enfrentar un sinfín de obstáculos que a todas luces parecen un reto insuperable.

Los tribunales que deberían ser un auxilio para las víctimas que buscan justicia han dado un giro de 360 grados en una dirección de incomprensible opacidad donde se han reportado numerosas irregularidades que obligan que se sientan desamparadas y desprotegidas. En algunos casos, las audiencias se diferieren repetidamente sin justificación aparente lo que prolonga la agonía de las víctimas. Se han documentado casos de psicólogas que han sido denunciadas ante el colegio respectivo en el estado Aragua, indicando falta de profesionalismo en el trato hacia las víctimas. También las víctimas se han visto afectadas no solo por el proceso judicial en sí, sino también por las acciones de algunos funcionarios del tribunal, incluso se ha llegado al extremo de que se han registrado actos de violencia por parte de alguaciles contra las víctimas y sus abogados.

Estas reflexiones se deben a que hemos intentado comprender el por qué muchas víctimas evitan denunciar la violencia que se ejerce en su contra. Ciertamente son muy pocas las que se arman de valor para denunciar a su agresor, logrando precisar las crueles formas de su maltrato, al denunciar los hechos cometidos por su atacante.

Aun así, las víctimas se encuentran con una fuerte pared caracterizada por una corrosiva corrupción que en muchos casos logra que éstas prefierran seguir sufriendo el acoso y las agresiones físicas y psicológicas, infligidas por su agresor.

El coordinador de los tribunales de violencia, Alfonzo Elías Caraballo, es el mayor responsable de la patética condición que reviste todo el temor que se genera durante el proceso de denuncia, éste impone inexplicables dilaciones que hacen soportar a las víctimas la fatiga emocional generadas ante las audiencias diferidas repetidamente. Ante esta irregularidad el juez Caraballo esgrime explicaciones sorprendentes, absurdas.

Se constata el caso de psicólogas que están denunciadas ante el colegio profesionales del área del estado Aragua por omisión gravosa en su desempeño, indulgencia con la víctima y trato directo de los funcionarios con el acusado, pero nada ocurre al respecto.

Aunque suene increíble, se da el escandaloso caso de alguaciles que han llegado a incurrir en violencia en contra de las mujeres víctimas y sus abogados que van a denunciar, o a tramitar sus casos.

Está causano escándalo un caso en particular que lleva su curso en el tribunal itinerante donde la víctima fue amenazada públicamente por un individuo de ascendencia libanesa. Ella fue con pruebas sólidas y aceptadas previamente en la fase intermedia, pruebas que fueron debidamente procesadas y revisadas donde consta que un experto comprobó la violencia con la que el acusado -hoy en día se encuentra en libertad y además cumpliendo una sentencia anterior- ordena a la víctima guardar silencio. El agresor la amenazó en el mismo tribunal de cortare la cabeza, lo cual se suma a una cantidad de irregularidades que realmente son sorprendentes.

 

En una audiencia preliminar se ordenó la apertura inmediata de juicio para el ciudadano que además es reincidente y tiene más causas abiertas por violencia, y para esta fecha, un año después, extrañamente el agresor ha logrado salir impune. Ya se cuentan 9 diferimientos uno más injustificado que el otro, llegando incluso a diferir un acto de apertura alegando la enfermedad de la suegra de la abogada del acusado…. !!!insólito!!!!

Debemos recordar en este caso lo que indica el artículo 79 de la ley de protección para una vida libre de violencia para la mujer:

 

 

 Más sorprendente aún es que el tribunal le prohibió a la víctima escribir sobre el acusado, a pesar de las múltiples sentencias por violencia que pesan sobre él. Sin embargo, el acusado a través de terceros supuestos periodistas, levanta injurias en contra de la madre de la víctima y de su padre quien falleció hace dos años, un periodista que gozó de gran prestigio en Aragua reconocido por denunciar injusticias judiciales y además sobre su tío un reconocido abogado que lucha incansablemente porque se mantenga la justicia en Venezuela, un gran defensor de los derechos humanos.

 

En este cuento de terror, debemos endosar el sufrimiento que no solo ha vivido la víctima, sino tambien sus abogados, sobre todo su madre. La abogada Matilde Paiva Motta quien ha llegado a ser agredida físicamente por una alguacil del tribunal de violencia. Resulta que una alguacil de nombre no identificado ya que fue cubierta por sus jefes, el día 19 de mayo del 2023 le arranco el teléfono violentamente de la mano a la abogada Paiva, evento que dejó evidencia en las cámaras del tribunal, existiendo además una denuncia de este violento acto en el tribunal. No obstante, esta alguacil trabaja aun libremente sin haber recibido sanción alguna por su incívico comportamiento.

 

La preferencia hacia el acusado maltratador es obvia y evidente. Los múltiples aplazamientos parecen beneficiar sus intereses. Esto plantea serias dudas sobre si estos tribunales están cumpliendo su deber de proteger a las víctimas o si, de alguna manera, están favoreciendo al acusado.

En este caso es más que evidente la preferencia que existe en este tribunal por el acusado, ya que los diferimientos que ya cumplen un año son una táctica del acusado para ganar tiempo, para de esta forma lograr terminar con la sentencia que ya cursa sobre él y de esta manera no quedar sentenciado por este nuevo caso.

Sobre el mencionado imputado recae lo que llamaríamos reincidencia y que debría dejar como consecuencia su inmediata detención, pero no ocurre, las influencias del agresr son superiores al mandato de la ley.

Eh aquí pues, como una audiencia de apertura de juicio fijada inicialmente por el tribunal para el 9 de mayo del año 2023 quedo diferida para el día 23 de mayo, nuevamente para el 10 de julio, luego para el 1 de agosto, pasada para el 21 del mismo mes, luego para 28 de agosto, más adelante para el 14 de septiembre, fijada nuevamente para el 9 de octubre para finalmente terminar en el limbo.

En un acto de abuso y falta de ética de los abogados del reo decidieron el mismo día de la audiencia aparecer como revocados en sus funciones para seguidamente otorgar poder a otros abogado que según indican en el tribunal, trabajo con la juez con la que tiene un nexo de amistad.

La inhibición de la juez un año después de nueve diferimientos, supuestamente por una conexión con el acusado, plantea interrogantes y la falta de respuesta de la Corte de Apelación a esta inhibición refuerza las sospechas sobre la influencia indebida en el tribunal.

El acusado ha alardeado públicamente de su control sobre los tribunales, lo que es motivo de preocupación. Después de siete peticiones de los abogados de la víctima, se emitió finalmente una orden de aprehensión, pero el acusado la trató con indiferencia, llegando a presentarse en el tribunal para luego quedar en libertad sin siquiera tener fiadores. Todo a través de una reunión donde no tuvo parte ni presencia la víctima ni sus abogados, a pesar de ser parte de una acusación particular propia.

La historia cuestiona la integridad del sistema judicial en estos casos y sus lazos con el acusado. La percepción de amistad o influencia en el tribunal plantea serias preocupaciones sobre la justicia y el apoyo a las víctimas en los Tribunales de Violencia de Maracay. Debido a esta y a muchas más irregularidades, no solo en ese caso, si no en muchos otros casos, han dejado a las víctimas con una sensación de indefensión y ausencia total de justicia.

Psicólogos o pacientes

¿Es posible imaginar el escenario donde una víctima de violencia es tratada por una psicóloga que le confiesa a la víctima durante su examen que está sufriendo de estrés postparto? La respuesta a esta interrogante es un si inmediato.

❝Tú también sufres de depresión postparto, yo aún estoy pasando por ese proceso, por eso estaba de reposo, pero aún no lo he superado. ❞

Estas fueron las palabras exactas de la psicóloga del tribunal que entrevisto a otra de las víctimas de violencia y aun así arrojo un informe donde diagnostica a la víctima de masoquista, de suicida y de violenta, entre otras tantas calificaciones delicadas que quedan asentadas en su expediente. En el momento que la víctima preocupada por estos resultados pregunta a las psicólogas encargadas de su caso, estas alegaron que nada de lo que decía en el informe era real y que no le prestara atención que solo eran palabras y ya…

Aunque esto resulte desconcertante, el área de psicología de las víctimas del tribunal de violencia tiene a supuestas especialistas que además han sido denunciadas por inventar incluso enfermedades mentales a las que ellas llaman “Síndrome de Mujer Tóxica”.

Entre tantas denuncias que ha recibido nuestra mesa de redacción con respecto a estos tribunales de la manera más insólita recibimos a otra víctima que es acusada por la psicóloga de esta área de sufrir de esta enfermedad que hasta la fecha es inexistente. (Síndrome de Mujer Tóxica) ¡En estos términos!

En este caso diferente una de las tantas víctimas a las que le han intentado arrebatar la custodia legal de sus hijos para dársela a un padre que no vivía en el país, pero que ostenta una gran fortuna fuera del mismo y regresó simplemente a tomar por la fuerza la felicidad de sus hijos y de una madre que quiso alejarse del daño que este hombre infligía sobre ella.

Con respecto a estos casos, existe la gran interrogante sobre si los tribunales están cumpliendo con su deber de apoyar a las víctimas o, por el contrario, tienden a defender al acusado. Resulta inclemente el tiempo que las víctimas deben pasar en una sala que ahora es compartida con los abogados, sea de la defensa o de la víctima. Han arrumado unas sillas donde es difícil hasta para un niño sentarse al lado de la mesa donde abogados y acusados deben revisar sus expedientes dejando totalmente desprotegidas a las víctimas ante sus agresores.

Un problema recurrente en estos tribunales es la reticencia de las víctimas a denunciar casos de violencia de género debido al temor al proceso de denuncia y a las audiencias que se posponen repetidamente, a menudo con explicaciones de muy dudosa veracidad. Es alarmante que la justicia pueda parecer esquiva para quienes buscan protección y justicia en casos de violencia de género. Esta falta de apoyo puede tener un impacto perjudicial en la disposición de las víctimas a buscar ayuda legal y perpetuar un ciclo de violencia.

Entonces nos preguntamos ¿Se está tomando en serio la protección de las víctimas y la sanción de los agresores en los tribunales de violencia del estado Aragua? ¿Son culpables los jueces y alguaciles?  o ¿Quien realmente tiene la responsabilidad del mal manejo, además inmoral que existe en estos tribunales es Alfonzo Caraballo quien al parecer se presta para formar parte del desastre judicial de Aragua?

Evidentemente no se ha tomado en serio la sanción de los agresores sobre todo en los casos donde el acusado ha proclamado públicamente su influencia sobre los tribunales, y ha llegado a alegar ser «amo, dueño y señor» de los tribunales cosa que aparenta ser real.  Estas declaraciones plantean serias dudas sobre la imparcialidad del proceso judicial y si las víctimas realmente pueden esperar justicia en estos tribunales.

Todo esto lleva al descrédito de los Tribunales de Violencia de Género en Maracay en cuanto a su honestidad y capacidad para proteger y apoyar a las víctimas.

Es imperativo abordar esta situación y garantizar que las víctimas de violencia de género reciban la protección y la justicia que merecen.

Esta historia de injusticias para las victimas…. ¿Continuara?

Dorelys Ramírez

Periodista

C.N.P. 25.825

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