El proceso judicial que se desarrolla en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, aunque aparezca formalmente etiquetado a los jóvenes Francisco Campos Flores y Franqui Flores, va mucho más allá de ellos por tratarse de unos hijos putativos de la pareja presidencial de Venezuela, y como tales con acceso a todas las estructuras del poder omnímodo y abusivo que esta ejerce, facilidades que usaron para la comisión del terrible delito del narcotráfico a escala internacional. La defensa la paga Wilmer Ruperti, uno de esos superricos de la revolución y quien asumió tal carga a pocos días de haber sido beneficiado con un contrato por 138 millones de dólares de la petrolera estatal.
Esos procesados vivían en un medio de poder y corrupción sin límites donde nada les estaba prohibido, tenían al primo Erick Malpica Flores como tesorero de Pdvsa y a casi toda la familia colocada en cargos claves de la administración pública. Desde que Hugo Chávez asumió la Presidencia vieron a sus partidarios llenarse de riquezas que ostentaban sin recato, entonces ¿porqué no hacer lo mismo? ¿Porqué no participar de aquella orgía de poder y dinero teniéndolo allí a la mano sin policía ni fiscal que te investigue ni juez que te castigue?
Sin tener nada que ver con las relaciones exteriores, fueron dotados de pasaportes diplomáticos con los cuales viajaban por el mundo sin restricciones, entraban y salían de Colombia, España, Honduras, Estados Unidos, entre otros países. Sin ser requisados entraban y salían en aviones privados bajo reglas de la inmunidad diplomática que hacían intocables sus equipajes. En los puertos y aeropuertos venezolanos además de no pasar por los controles habituales a todo viajero no había puerta que los parara y la Guardia Nacional lo que hacía era llevarles las maletas.
Los pasaportes 005886069 y 001435773 que los acreditaban como diplomáticos les fueron expedidos por orden de Nicolás Maduro cuando era ministro de Relaciones Exteriores, cargo al que accedió en el año 2006, y haciendo uso de tales documentos tomaron un avión privado que les piloteó un oficial de la Fuerza Aérea hasta Haití llevando consigo una panela de cocaína de alta pureza, obtenida de manos de un miembro de la guerrilla colombiana FARC, grupo con el que ha mantenido estrechas relaciones el gobierno venezolano. Al llegar a Puerto Príncipe se trasladaron a un hotel a negociar la venta de casi una tonelada de la droga a quienes creyeron que eran representantes de un cartel y además les ofrecieron traficarla hasta Estados Unidos, todo por 20 millones de dólares.
¿De dónde obtendrían la cocaína? Se las daría la guerrilla FARC. ¿Cómo la traficarían? Desde Caracas a Estados Unidos en equipajes amparados por la inmunidad diplomática. ¿Cómo harían para legitimar esa inmensa cantidad de dinero? Pdvsa. Todo eso está en los autos del juicio. “Es que tenemos que equiparar con la oposición que la financia el imperialismo, estamos en guerra contra Estados Unidos”, dijeron, solo que con quienes estaban hablando era con la DEA.
Ante la aplastante evidencia de la acusación fiscal la defensa no ha podido negarla y han optado por lo que en derecho penal se conoce como causa de justificación: “Señor juez nuestros clientes solo son unos estúpidos inexpertos que cayeron en una celada del gobierno” (textual). Es una extraña teoría según la cual el hecho delictivo puede excusarse por impericia del agente activo aun obrando con intención lo cual no luce muy eficaz y de ser aceptada revolucionaría la ciencia del derecho.
Carlos Ramírez López
@CarlosRamirezL3
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