En Apoyo a Goyita Diaz

La libertad de expresión es la matriz, la condición indispensable de casi cualquier otra forma de libertad.

Benjamín Cardozo.

El progresivo deterioro institucional que experimenta la sociedad venezolana nos convirtió en pasivos espectadores de la primera fila. Sujetos que se aperciben de la manera como desparecen y como se extinguen los más elementales modos de convivencia democrática. La liturgia que rige la vida en democracia, ha sido desarticulada, vaciada de contenido para ser sustituida por un simulacro de modo político inspirado por el más rancio y primitivo fascismo. Ese que asume el rol de hermano mayor en este remake del totalitarismo tropical y tercermundista del siglo XXI. Su norte y norma es el control total del pensamiento de la ciudadanía. Un propósito concebido justo, para que este hombre, hechura de la peor ingeniería social de esta agitada centuria no piense, no viva, y no sea capaz de trascender.
No solo la democracia, también el periodismo crítico, libre e independiente, también es vulnerado y herido de muerte en cada acto de estos cancerberos del averno civil. Los actos que constituyen la expresión genuina en los modos que distinguen la vida pública, a la luz de los últimos acontecimientos, nos advierten el obvio peligro que se cierne sobre la libertad ciudadana y la libertad de expresión. Los disimulan bajo los ritos ormales del control social. La amenaza directa contra medios y periodistas para que desistan en su tarea de informar al ciudadano, es parte de un libreto ya conocido en toda américa latina y el mundo. El espíritu totalitario del populismo que asola el continente, es un acérrimo enemigo de la democracia y de las libertades individuales. Son extremos que se repelen.

Las fuerzas más oscuras de este régimen, inspiradas en el pensamiento totalitario más primitivo y procaz disponible, aspiran generar y controlar las denominadas zonas silenciadas. Esos espacios de nuestra geografía en las cuales no existan ni medios que informen, ni periodistas que construyan con su esfuerzo profesional la desasistida opinión pública de los ciudadanos. Así las cosas, no constituye un juicio imprudente advertir que el nuestro, es un oficio en vías de extinción. Que el silencio y la ausencia de justas reacciones en su defensa, constituyen sus más solícitos sepultureros.

Se persigue y criminaliza al periodista por ejercer su trabajo. Se cierran medios, se controlan y extinguen los espacios requeridos para el debate público. Desde el poder hegemónico, se decreta una narrativa oficial que anula todo criterio posible de verdad, salvo lo que se difunde en la orwelliana propaganda del régimen. Se informaliza la vida de las instituciones, hasta convertirnos en habitantes de una sociedad inhábil políticamente, limitada en su vida social, en la que sobreabundan aquellos ciudadanos, qué, impedidos de informarse debidamente, luego hablan con soltura de todo aquello de lo que no saben. La colega Gregoria Díaz informó el calamitoso estado de la salud pública en el estado Aragua y fue hostilizada en forma soez y denigrante en las redes sociales, por los responsables de ese desastre. Goyita, como le conocen y nombran sus íntimos, es una periodista bien formada y mejor entrenada en sus hábitos profesionales. No le hace falta mentir para alcanzar alguna notoriedad. Puedo dar fe de ello, al contarla entre mis alumnos de periodismo informativo en la notable Escuela de Periodismo en LUZ. Su trabajo incomoda al poder por lo sórdido del tema y lo obvio de sus consecuencias.

No es necesario confrontar los detalles de los reportes de Gregoria Díaz para validar lo dicho en su trabajo por la irreductible colega. La salud pública en toda Venezuela es un paciente en cuidados intensivos, que es muy poco lo que puede hacer por la salud de todos los ciudadanos; que ahora se ven reducidos por los efectos de la pandemia de coronavirus que nos asola desde hace más de un año. El régimen miente y trata de ocultar su incapacidad asesinando al mensajero. Lo obligante en el caso de esos sicarios del oficialismo talibán, es haber dado las explicaciones que les hubiese permitido pergeñar al menos una disculpa por tanta incapacidad junta.

El más reciente informe denominado El Virus de la Censura, elaborado por la ONG YPS Venezuela, alertó que más de 100 mujeres que ejercen la labor periodística en el país, han sido agredidas de alguna u otra forma por el régimen de Nicolás Maduro en este primer trimestre. Según los números del documento recientemente publicado un total de 111 reporteras de calle, seis reporteras gráficas, cuatro directoras de medios, tres ciudadanas de a pie, dos productoras de noticieros, igual número de asistentes de producción, más dos locutoras, conforman la extensa lista de mujeres periodistas o gente vinculada al oficio, que han sido agredidas en menos de un año por el sicariato rojo. Es un feo hábito de los intolerantes que se dicen ser gobierno. Un feo gesto contra la mujer venezolana.

Recientemente la ONG de derechos humanos Foro Penal denunció que una decena de personas, la mayoría personal de salud, han sido detenidas en Venezuela por difundir información relacionada con la nueva cepa del coronavirus. De un centenar de detenciones por razones políticas reportadas desde marzo de 2020, diez corresponden a personas que se han referido a la pandemia, en especial trabajadores de la salud, según declaró Alfredo Romero, director de Foro Penal, una ONG crítica del régimen de Nicolás Maduro. No hace falta mentir, para mostrar la fea cara de la censura que llegó con ganas de quedarse entre nosotros.

La ONG FundaRedes – otra más de la familia- presentó ayer viernes 16 de abril un audio, en el cual un supuesto miembro del frente 47 del ELN extorsiona al periodista y abogado Magno Bravo. El indeseable actuaba con el único propósito de hacerlo desistir en sus denuncias por las actuaciones de los grupos irregulares armados que proliferan en el estado Amazonas y que aspiran ejercer control político sobre la población civil. El lunes será consignada la denuncia correspondiente ante las autoridades del Ministerio Público.

No hay que mentir, el audio es suficiente prueba para arrojar luz sobre una situación de conflicto bélico, la cual no ha sido lo suficientemente bien explicada por las autoridades del régimen y sobre la cual los periodistas tendrían mucha tela que cortar. Si alguna palabra define con precisa exactitud la situación de los medios de comunicación en Venezuela – y la de los periodistas muy en especial- esa palabra es incertidumbre. No sabemos exactamente qué sucederá con los pocos diarios y espacios de difusión de noticias que aún sobreviven venciendo heroicas luchas contra el silencio y la censura. Menos aún, se puede vislumbrar en el futuro inmediato lo que sucederá con los infatigables reporteros venezolanos, quienes a diario defienden un oficio condenado a desaparecer por el régimen y su corrosiva intolerancia.

Javier Tarazona, director de esta ONG reitero sus denuncias ante una comisión de relatores del CIDH en cuanto al grado de complicidad existente entre el régimen de Nicolás Maduro y los grupos de irregulares armados que actúan en el país. Han acudido –dijo Tarazona- ante esta instancia, para visibilizar esta emergencia y la actuación perversa en nuestro territorio por parte de estos grupos irregulares que suman 9 Frentes de las FARC y 10 del ELN, además de otros grupos paramilitares.

El discurso de Iván Márquez, difundido en las redes sociales no hace más que certificar la alianza entre las FARC y la fuerza armada nacional. Denuncian que las actividades de la guerrilla colombiana en la zona fronteriza del país, facilita la instauración de una economía paralela para la comercialización del oro, los diamantes y el coltan. Los periodistas, según Diosdado Cabello, no son bienvenidos en esa zona.

En Venezuela, al igual que en muchos países de américa latina existen las denominadas “zonas silenciadas”. Son áreas geográficas controladas por poderes totalitarios y excluyentes donde no existen medios independientes, noticieros, ni espacios de intercambio de información de interés para el ciudadano. Son extensas áreas en donde al no existir la atenta mirada crítica de la prensa, es muy fácil y conveniente cometer cualquier tipo de tropelía y delitos contra poblaciones indefensas. México, Honduras, Brasil y Colombia están a la cabeza de los países con estas debilidades institucionales que facilitan y estimulan la proliferación de las denominadas zona silenciadas. Ahora le corresponde a Venezuela no quedarse atrás.

Hoy día en la zona suroriental del país, donde antes se consolidaron importantes iniciativas mediáticas, el silencio impuesto por el régimen hace muy fácil la actuación de los interesados en la opaca explotación del arco minero. El concepto “zonas silenciadas” se aplica para describir la violencia ejercida contra la integridad física y psicológica de periodistas y trabajadores de medios de comunicación por violentas estructuras criminales sin o con la aquiescencia del Estado. Sin embargo, no puede desconocerse que en la región o zona silenciada subsisten otros medios de orden institucional también encaminados a censurar u obstaculizar la labor de la prensa.

La guinda de la torta que han puesto los jerarcas del apartheid rojo, lo constituye la liquidación de uno de los diarios más importante de la última centuria en el país. El Nacional es asediado con recursos legales para que cese en su labor de informar como lo hace, desde el término mismo de la II Guerra Mundial. La empresa editora fue condenada a pagar 237.000 Petros, una cifra equivalente a los 14,2 millones de dólares como la indemnización consecuencia de un juicio incoado a solicitud de Diosdado Cabello, por la presunción del delito de daño moral en su contra.

El agraviado argumentó que se sintió lesionado en su integridad, luego que este rotativo publicase el contenido de una información proveniente del diario español ABC, en la cual un escolta del citado funcionario, denunciaba graves delitos de corrupción por parte de Cabello, asociados a la actividad del narcotráfico y lavado de divisas. Una acción similar se intentó sin mayor éxito en contra del Wall Street Journal por las mismas razones, la cual fue desestimada por los tribunales de Estados Unidos. El ABC y la justicia española también desestimaron un juicio donde Cabello no pudo estar presente.

La misma información en su momento, fue reproducida por más de 80 diarios y las principales agencias de noticias a nivel internacional. El cumplimiento de la sentencia y la opacidad del juicio, según advierte la directiva del mismo diario, forman parte de una expropiación encubierta que convertiría a Diosdado Cabello en el nuevo propietario editor del icónico medio de comunicación. Los duros señalamientos de diversos entes gubernamentales estableciendo relaciones de c causa efecto entre el caballero Cabello y las redes del narcotráfico, no son una invención de El Nacional. Se trata de un suceso noticioso sobre el cual coinciden la casi totalidad de medios independientes del mundo civilizado, pero es obvio que la mejor táctica asesinar al mensajero.

La idea era escribir unas líneas para comentar el melifluo y muy frágil comunicado del CNP de Aragua hecho público, para dar su apoyo a la colega Gregoria Díaz. Me resultó una extraña manera de manifestar un apoyo gremial a quien ha sido difamado por un funcionario del régimen, denunciado con suficientes pruebas, por su incapacidad gerencial. Extraño comunicado, donde ni siquiera la nombran como agraviada y vulnerada en su derecho y obligación a informar sobre aspectos de interés de toda la comunidad. Habiendo tanta tela de donde cortar y reflexionar en este aciago momento de nuestra vida ciudadana, el comunicado luce flojo, inconsistente y bastante ajeno al contexto que enfrentamos. Muy saludo a la bandera. Demasiado wild para los vientos que soplan.

No se trata de defender por causa única a la inextinguible Gregoria Díaz, nada más alejado de la verdad-verdadera. Es nuestra obligación ver que detrás de ella, estamos todos los periodistas y todos los ciudadanos de este país a quienes quieren convertir en sordomudos funcionales, grupos de seres humanos los cuales han sido domados ideológicamente. La libertad de expresión, el derecho a la información y el acceso a las fuentes de información, es un problema de todos que va más allá de las fronteras del gremio. Representa un derecho consagrado en la constitución nacional. Un periodista es un ciudadano que actúa por delegación para ser el garante del cumplimiento de este noble derecho Ese comunicado del CNP fue escrito o con mucha pereza intelectual, o con mucho miedo de por medio. Salve o Goya, los dioses te saludan. Llantén no cura tubo.

 

 

Alfredo Alvarez. /CNP 5289

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