¡Por reclamar vicios en el Acta de Audiencia! Privados de libertad en el Palacio de Justicia de Aragua dos abogados durante 40 minutos

*** ¡Insólito! El juez suplente Freddy Mejía Quintero del Tribunal Único de Juicio, en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, luego de amenazar en plena Audiencia a los defensores del “gordo” Matías Salazar Moure, ordenó que no los dejaran salir de la sede judicial

La honorable abogada Alejandra Steinhaus Gutiérrez y su colega Luis Perdomo Franco, fueron víctimas, el pasado viernes 9 de julio de 2021, de una arbitrariedad cometida por el juez suplente Freddy Mejía Quintero, quien ordenó a los funcionarios de seguridad, no dejar salir a ambos profesionales del derecho, de las instalaciones del Palacio de Justicia del estado Aragua, por  negarse a firmar el acta, en las condiciones que le fue presentadas, debido a que en la misma se omitió una amenaza que les hizo el referido juez en el desarrollo del juicio.

El juez suplente Freddy Mejía Quintero del Tribunal Único de Juicio, en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del estado Aragua

Los doctores Steinhaus Gutiérrez y Perdomo Franco, estuvieron presentes en el Tribunal Único de Juicio, en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, a cargo del mencionado juez suplente Mejía Quintero, para la continuación del juicio que se le sigue al “gordo” Matias Salazar Moure, de quién son sus defensores.

Nos relata el doctor Luis Perdomo Franco que “una vez iniciado el acto,  tomó la palabra, así como también lo hizo su colega Alejandra Steinhaus Gutiérrez, para señalar y denunciar hechos concretos que se refieren a vicios en el proceso que se le sigue al procesado Matías Salazar. Ante esta situación, el Juez Mejía Quintero tomó la palabra y de forma intimidante y amenazante, nos advirtió que podríamos enfrentar acciones, bajo la figura de «INJURIA», conminándonos a sustentar “muy bien, con pruebas lo dicho en su contra, para evitar que nos metiéramos en un problema mayor.” Ante esa evidente amenaza, hice un gesto de sonrisa, lo que molestó al Juez Mejía, quién volvió a dirigirse a mí, preguntándome si eso me causaba un chiste, provocándome para que cayera en una especie de careo en plena audiencia y llevarme al terreno de irrespetar la seriedad del acto. No caí en su juego”

Pasada una hora y 40 minutos, luego de haber terminado la audiencia, el Alguacil nos presentó el acta, para que la firmáramos. Luego de leerla y constatar que en el contenido de su redacción se había omitido en la misma la amenaza proferida por el Juez Freddy Mejía Quintero, de enjuiciarnos por injuria, le pedimos al Alguacil que, por favor, informara al Tribunal de esto y le pedíamos que se dejara constancia de manera expresa en esa acta, de los pormenores de situación ocurrida, especialmente de la amenaza. El Alguacil fue donde el juez y regresó diciéndonos que el acta se quedaba así, que no sería modificada; motivo por el cual, haciendo uso de la norma contenida en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, referido a que el “…Tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores,…” no nos negamos a firmar la referida acta, y procedimos  a dejar constancia de nuestra inconformidad ante tal  omisión, al no estar de acuerdo con su redacción por no constar en la misma de forma expresa lo manifestado por el Juez en cuánto al señalamiento de la figura de la «Injuria» y sus consecuencias.

La Secretaria de Tribunal, Barbará Flores, se mostró muy molesta

En el momento cuando estábamos entregando el acta al Alguacil, con la respectiva nota de salvatura; se acercó la secretaria de tribunal, Barbará Flores y en evidente molestia, en vez dejar constancia de nuestra nota de salvatura, lo que hizo fue dirigirse a mí en mal tono, indicando que eso no lo podíamos hacer. Para no caer en discusiones ni provocaciones con la Secretaria, nos retiramos y en el momento que nos disponemos a salir de las instalaciones del Palacio de Justicia, en el estacionamiento, concretamente en la garita de la salida; los funcionarios de seguridad Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), así como funcionarios de la Policía de Aragua y una femenina de civil, nos cerraron el paso, colocándose frente al vehículo donde nos desplazábamos, indicándonos que por órdenes del Juez Freddy Mejía Quintero no nos permitirían salir de esas instalaciones judiciales. “…Regresen al Tribunal, nos ordenaron…”, es decir, que desde ese momento, estábamos sometidos a una privación ilegítimamente de nuestra libertad, así como del libre tránsito. Ante esa situación y como Profesionales del Derecho, preguntamos al funcionario que se dirigió a nosotros, si estábamos siendo privados de nuestra libertad y que cuál era el delitos que habríamos cometiendo, para que se cumpliera esa orden emanada del Juez, obteniendo como respuesta: “El delito y la orden que ellos estaban cumpliendo, nos los aclararían en el despacho del juez”

«Este grupo de funcionarios nos mantuvieron retenidos por más de 40 minutos, ante nuestra negativa de acceder a regresar al Tribunal, pues ya el acto había concluido. Luego apareció el asistente del Juez Coordinador de Violencia, Alfonso Elías Caraballo, de apellido Benedeto, quien cumpliendo instrucciones igualmente no nos permitió que abandonásemos la sede judicial e hizo un papel de mediador, logrando que la doctora Steinhaus subiera en su compañía y parte de los funcionarios que nos mantenían retenidos, hasta la sede del Tribunal. Ante el Juez, la Secretaria, la Fiscal 24 del Ministerio Público y  los Alguaciles, la colega Alejandra Steinhaus Gutiérrez expuso las razones de hechos y de derechos que motivaron la salvatura en la referida acta. Esos argumentos dieron como resultado la elaboración de una nueva Acta de Audiencia de la continuación de juicio oral y dejando sin efecto lo que motivó todo ese desafuero jurídico, que originó nuestra privación ilegítima de la libertad», detalló el doctor Perdomo.

«Luego de solventada la situación, la colega Steinhaus, se comunicó conmigo desde la sede del Tribunal y me pidió que subiera. Lo hice acompañado de los  funcionarios de seguridad de la DEM que nos mantenían retenidos. Una vez adentro, la doctora Alejandra Steinhaus, me informó de lo acordado, por lo que procedimos a firmar el acta, la cual será la correspondiente que aparecerá en el cuerpo del expediente de la causa en cuestión. Desde ese momento, cesó nuestra privación ilegítima de libertad y pudimos retirarnos de las instalaciones del Palacio», puntualizó.

Como último punto de información, el hermano de nuestro representado, de nombre Henry Salazar Moure, también fue retenido cuando procedía a salir del Palacio de Justicia en su vehículo, prohibiéndosele su salida. Le argumentaron que tenían que llamar para saber si de igual manera sería retenido; pasados 5 minutos y estando ya en el portón de salida del Palacio de Justicia, el funcionario recibió instrucciones para que lo dejaran salir; situación esta que evidencia una vez más el abuso de autoridad del administrador de justicia sobre el caso donde se encuentra privado de libertad el gordo Matías Salazar Moure, acusado de un supuesto delito, carente de pruebas.

Lo ocurrido en todo este caso en fase de juicio, hasta lo ocurrido el día viernes 09, dentro de la Sala de Audiencia, aparece registrado fílmicamente; motivo por el cual, todo lo afirmado aquí puede ser perfectamente constatado por los órganos que conocerán de la denuncia contra el juez suplente Freddy Mejía Quintero del Tribunal Único de Juicio, en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del estado Aragua.

Caso del gordo Matías Salazar

A Matías Enrique Salazar Moure, lo han creído un hombre adinerado, y con fundamento en eso, en la Fiscalía, en el CICPC y en el Poder Judicial han querido arrancarle una tajada

Matías Enrique Salazar Moure, mejor conocido en Maracay como “el gordo Matías”, es el hombre que defienden la abogada Alejandra Steinhaus Gutiérrez y su colega Luis Perdomo Franco. Ha sido un caso emblemático en Aragua, debido al escándalo mediático que produjo arrancando el año 2020, con el fundamento de que este mantuvo secuestrada durante 31 años a una mujer, en un edificio ubicado en pleno centro de Maracay.

La fiscalía 25 del estado Aragua, imputó a Matías Enrique Salazar Moure por de los delitos de violencia psicológica, amenaza, violencia sexual y esclavitud sexual, previstos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el agravante del artículo 99 del Código Penal.

La extraña nota de prensa emitida por el Ministerio Público, cuando imputó a Matías Salazar, señaló que “ante los elementos de convicción presentados por ese despacho, fue privado de libertad Matías Enrique Salazar Moure (de 56 años), por su presunta responsabilidad en la violencia y esclavitud sexual de su pareja de 49 años de edad, hecho detectado el 24 de enero del año 2020 en Maracay, estado Aragua”.

Aunque la comunicación del MP no precisó quién es la víctima, se presume que es la mujer de 49 años de edad, identificada por los medios de comunicación como Morella.

Secuestrada durante 31 años

Se dijo en aquel momento, que Morella logró escapar del apartamento donde Matías Salazar la tuvo en cautiverio durante 31 años. El 20 de enero 2020, la supuesta víctima acudió ante funcionarios del Instituto de la Mujer de Aragua y la Fiscalía 25ª, en la cual habría manifestado que Salazar Moure la mantuvo privada de su libertad durante 31 años dentro de un apartamento, ubicado en Maracay, urbanización Los Mangos, avenida Constitución”, señala la nota de prensa del Ministerio Público.

Según la Fiscalía, luego de verificarse el hecho y tras varias experticias efectuadas por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), de la Unidad Técnico Científica y de la Unidad de Atención a la Víctima del Ministerio Público, el supuesto agresor fue detenido el 7 de febrero del año pasado.

La defensa de Matías Salazar sostiene que en el desarrollo del proceso han desmantelado el cúmulo de irregularidades que existen en el amañado expediente y donde se demuestra la inocencia del enjuiciado. Se ha demostrado durante el juicio que la presunta víctima salía permanente de su “lugar de cautiverio” a realizar compras en las panaderías y supermercados de la zona.

El doctor Luis Perdomo señaló que Matías Salazar fue detenido ilegítimamente en febrero de 2020, es decir, hace más de 500 días, sin que existiera una flagrancia o delito que lo incrimine, todo a través de falsas actuaciones hechas en su contra por quienes intentaron convalidar los simulados rescates y acusaciones fiscales, apoyados además con una campaña mediática, contando una infame trama digna de una serie de Netflix”, donde ha participado el Ministerio Publico, al emitir una extraña nota de prensa en contra del imputado.

En el medio judicial hay quienes sostienen que la única verdad en este caso, es que a Matías Enrique Salazar Moure, lo han creído un hombre adinerado, y con fundamento en eso, en la Fiscalía, en el CICPC y en el Poder Judicial han querido arrancarle una tajada. Lamentablemente para esos funcionarios corruptos, Matías Salazar no tiene ni medio y si…deudas a montón.

 

 

José Rafael Ramírez
Periodista, CNP 3.141

 

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