Carlos Ramírez López: EL DESAFÍO JUDICIAL DE GUYANA

En resumen, Guyana se está adueñando del territorio en disputa a pesar de que en el Acuerdo de Ginebra del 17 de noviembre de 1973 de hecho admitió la suspensión de efectos del Laudo de París que se lo había otorgado, sentencia formada mediante componendas fraudulentas para arrebatarnos esos 159.500 kms2 tal y como se reveló en la ONU con el Memorándum Mallet-Prevost. Este Acuerdo de Ginebra reabrió la discusión mediante un mecanismo para el entendimiento entre las partes dirigido a evitar la confrontación mediante conversaciones directas entre sí, pero lógicamente congelando la ejecución del laudo.

GUYANA VIOLA ESE ACUERDO DE GINEBRA

El Acuerdo evidencia claramente que a Guyana no le es dado intervenir el territorio en disputa, y mucho menos ejercer actos comerciales como los que abusivamente está ejerciendo, otorgando concesiones para actividades petroleras y mineras en general.

¿PORQUÉ NO PODEMOS IR AL PROCESO JUDICIAL?

El desafío guyanés, además de ejecutar actos de disposición sobre el territorio en disputa, consiste en llevar el diferendo al terreno judicial. Ya dio el paso al proponer una demanda que formalizó el 28 de marzo de 2018 ante la Corte Internacional de Justicia y en la cual expresamente pide que se declare: 1. Que el fraudulento Laudo de 1999 es válido y vinculante para Guyana y Venezuela, así como también los límites allí establecidos. 2. Que Guyana goza de plena soberanía sobre el territorio en litigio.

ALTERNATIVAS POSIBLES PARA VENEZUELA

No debemos seguir anclados en esperar la nada, eso es lo que venimos haciendo desde que se firmó el Acuerdo de Ginebra, estancarnos en unas falsas expectativas. Siendo realistas tenemos tres alternativas para escoger una:

1) La opción militar, tomar por la fuerza el territorio en disputa, conservarlo y desarrollarlo hasta el punto de que se haga imposible revertir ese proceso. Esto no es realista.

2) Acordarnos con Guyana para una especie de condominio para la ocupación y explotación conjunta lo cual pareciera ser una salida, aunque no muy fácil, la menos costosa desde todo punto de vista

3) Poner todo en la opción judicial que, si confiamos en que tenemos la razón, allí debe ser declarado, a menos que desconfiemos del tribunal, en cuyo caso debemos decirlo, exponer las razones y retirarnos como parte que somos del mismo. Y si es que no tenemos la razón pues entonces desistamos del reclamo porque lo contrario sería injusto y estaremos pecando de abusadores.

EN LA OPCIÓN JUDICIAL PODEMOS Y DEBEMOS “CONTRADEMANDAR”

En el artículo 80 del Reglamento de la Corte Internacional de Justicia está prevista la institución de la reconvención y en el artículo 74 se tiene previsto un procedimiento para medidas cautelares los cuales están allí disponibles para un fuerte contra ataque judicial de nuestra parte.

Para cualquier abogado es obvio que cuando el demandante pide al tribunal que declare en su favor determinados derechos es porque no le están siendo reconocidos, no son plenos. Esto implica que Guyana con esa demanda está reconociendo que los actos posesorios y de disposición que ejecuta sobre las áreas disputadas son ilícitos, no están basados en derechos reales reconocidos por todos, están cuestionados. Esto permite a Venezuela avenirse al proceso judicial y de inmediato plantear una reconvención o mutua petición (lo que en leguaje popular es “contrademandar”) que ponga como punto principal la nulidad del Laudo de París y como alternativa que se haga una nueva y honesta delimitación pero que de inmediato se dicte una medida cautelar que ordene la suspensión de todos esos actos abusivos que Guyana viene ejecutando en la zona entre los que se encuentran las multimillonarias concesiones dadas a Exxon Mobil en conjunción con la petrolera china.

LA ACTITUD DE PARÁLISIS NO NOS CONVIENE

Es una actitud bobalicona esa de quedarnos aferrados a la alternativa infinita de llegar a acuerdos con quien sin pausa ejecuta la ocupación y explotación de la zona en conflicto. Claro que estamos hablando de la posición que debemos adoptar en un gobierno que restablezca la democracia en Venezuela, no del régimen dictatorial y entreguista de Nicolás Maduro y su pandilla que viene ejecutando la original línea dictada por Chávez de favorecer a Guyana para establecer allí no solo una guarida para sus fines delictivos de amplio espectro, sino además otra base del castro comunismo mientras simulan contender el despojo oponiéndose a que la Corte Internacional de Justicia abra un proceso judicial que en realidad es mejor que no hacer nada ante el despojo.

EN QUE NOS PUEDE PERJUDICAR

En nada nos puede perjudicar esta actitud de batalla judicial. Por el contrario, si nos quedamos en el planteamiento de los medios de solución comprendidos en el campo del mutuo acuerdo es Guyana la que está ganando porque de todas maneras está adueñada y disponiendo del área en litigio y de las inmensas riquezas naturales que se han descubierto dentro de ellas. Venezuela está siendo despojada sin pausa esperando un acuerdo que nunca llega y así favoreciendo los intereses de la contraparte. Otra cosa sería si Venezuela fuera la detentadora de la posesión.

ESTO NO ES SOLO UNA CONTROVERSIA DIPLOMÁTICO/JURÍDICA

El conflicto con Guyana es un cóctel de intereses con ingredientes políticos, económicos, diplomáticos y hasta militares, y debemos jugar en todo el tablero, no quedarnos atados indefinidamente al reclamo del Acuerdo de Ginebra, debemos hacer resistencia militar a las incursiones en nuestras aguas territoriales y espacios aéreos, no permitir las labores que vienen ejecutando las grandes empresas que se apoderan de las riquezas de esos suelos y subsuelos de Venezuela.

NO DEBEN REPETIRSE LOS ERRORES DEL CIADI

Tenemos que hacer presencia en la Corte Internacional de Justicia, acreditar representación de la Venezuela democrática que personifica Juan Guaidó y nuestro Parlamento y armar un equipo jurídico fuerte a la par o mejor que el que allá colocó Guyana. Contamos con juristas del área internacional disponibles y conocedores del caso como por ejemplo los doctores Víctor Rodríguez C y Oscar Hernández Bernalette, entre otros. También contamos con organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema. Es urgente cuestionar en actas la representatividad que ilegítimamente invocan Delcy Rodríguez y Jorge Arreaza junto a quien está usurpando el cargo de Procurador, el abogado Muñoz Pedroza, ellos no son Venezuela. No podemos seguir repitiendo los errores que se cometen en el CIADI.

 

Carlos Ramírez López

     @CarlosRamirezL3

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