*** De 78 presos políticos que hay en el país, 62 son civiles y 16 militares. Mientras la mayoría están recluidos en el Helicoide, en Plaza Venezuela y los sótanos de la DIM, 17 permanecen en cárceles comunes, 17 en cárceles militares y otros 10 bajo arresto domiciliario.
*** El denunció disparidad de trato: «Mientras a unos detenidos por delitos menores les niegan medidas cautelares y no les prestan ni asistencia médica, a los 3 guardias nacionales que asesinaron al ingeniero José Alejandro Márquez los juzgan en libertad»
Hasta ayer, el Foro Penal Venezolano registró 78 presos políticos en el país, 62 de los cuales son civiles y 16 militares. Gonzalo Himiob, director de la ONG, señaló que la lista incluye a los comisarios y policías del 11-A, los hermanos Guevara, los detenidos durante las protestas de 2014, así como los militares acusados por rebelión.
En un informe detallado, en el que es posible conocer el perfil de los presos políticos, el Foro Penal reporta que 29 de los detenidos han sido condenados, en tanto 49 aún son procesados.
17 de los presos políticos permanecen en cárceles comunes, 17 en cárceles militares y 10 bajo arresto domiciliario. La base de datos creada por el Foro Penal también revela que hay 31 detenidos por manifestar, 16 por rebelión militar, 2 por rebelión civil, 6 por el uso de redes sociales y 23 por otros delitos. Desde el 4 de febrero del año pasado ha habido 3.770 detenciones por protestar.
Himiob calificó de delicada la situación de los presos políticos. «El gobierno busca de alguna manera imponer la narrativa oficial sobre los hechos, su verdad, según la cual quienes disienten del poder son unos delincuentes, unos criminales. Se observa la búsqueda por revertir el proceso penal en castigo, se viola el derecho a la presunción de inocencia», indicó.
Sostuvo que se aprecia «una disparidad de trato» hacia los detenidos. Señaló que esto se aprecia en el caso de las medidas cautelares concedidas a algunos de los procesados por motivos políticos y la negativa a otorgárselas a otros, aunque los delitos son similares o existen problemas de salud.
«Al estudiante Ángel Contreras, con problemas serios de salud, se le mantiene en el Helicoide, pese a que fue acusado por delitos menores. Sin embargo, los asesinos del ingeniero José Alejandro Márquez, en cuyo caso están acusados tres efectivos de la Guardia del Pueblo, son juzgados en libertad. Contreras es juzgado por agavillamiento y desobediencia a la autoridad; la pena por homicidio calificado puede llegar hasta 30 años de cárcel», indicó.
Destacó que la violación del derecho a la salud es más evidente con los presos políticos.
«Pareciera que hubiese un especial ensañamiento contra los presos políticos. Lo que se busca es alimentar el espiral de miedo, es una forma de tratos crueles e inhumanos».
El director ejecutivo del Foro Penal, Alfredo Romero, reiteró que la justicia se ha utilizado como arma de persecución política. Aseguró que un estudio que realizan, junto con varias universidades, evidencia que «hay un fortalecimiento del sistema de justicia como el sistema represivo; en el sistema de justicia penal, más del 80% de los jueces son temporales y esto influye a los efectos de servir a las instrucciones del Ejecutivo nacional».
Romero añadió que el estudio indicó tres categorías de jueces: los que tienen temor de tomar una decisión contraria al gobierno por el efecto Afiuni, los que están aliados con el ejecutivo por nexos familiares, entre otros vínculos, y los que no tienen decisión propia y están a disposición del gobierno.
Perfiles. En el grupo de presos políticos que están en cárceles comunes se encuentran Raúl Emilio Baduel y Alexander Tirado, ambos en Tocuyito; Joselyn y Joan Prato, junto a Gean Certo en la Penitenciaría de Coro; Efraín Ortega, Chamel Akl y José Luis Santa María en Rodeo II. También están en estos recintos Vasco Da Costa, en el anexo de la Penitenciaria General de Venezuela; Araminta González (Inof), la capitana Laided Salazar (Uribana); 5 militares en La Pica, y el general Oswaldo Hernández en la cárcel de Santa Ana.
El comisario Iván Simonovis, el alcalde Antonio Ledezma y Daniel Ceballos, ex alcalde de San Cristóbal, están entre los ciudadanos bajo arresto domiciliario, al igual que el abogado Marcelo Crovato y María Elena Uzcátegui y otros 5 presos políticos.
En Ramo Verde hay 7 detenidos, entre ellos los efectivos de la Policía Metropolitana, juzgados por el 11-A, y el dirigente Leopoldo López. En la Dirección General de Contrainteligencia Militar están recluidos 10 de los presos políticos, según el Foro Penal, y 28 en las sedes del Sebin en Caracas.
Sofía Nederr / El Nacional
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