Juez Rectora de Carabobo pide “colaboración extorsiva” para la distribución de expedientes

“Una injusticia hecha al individuo es una amenaza

hecha a toda la sociedad”

 

Charles Louis de Secondat,

señor de la Brède y barón de Montesquieu.

Filósofo y jurista francés (1689-1755)

Carece de humildad, se cree superior a los demás, es soberbia, altanera, jactanciosa, prepotente y engreída. Estas “virtudes” de Omaira Josefa Escalona, C.I N° 4.604.146, nacida el 07 de octubre del año 1954, (es decir, tiene 66 años) son referida por destacados miembros del Foro carabobeño. Esta señora es nada menos y nada más que la Jueza Rectora Encargada del estado Carabobo y, al cúmulo de “virtudes” ya señaladas, se le suma el tal vez, la más grave: La corrupción. Veamos:

Según denuncia de varios abogados, es la rectora quién personalmente dirige la distribución de expedientes. De manera anárquica la asignó esta función al Tribunal Primero de Municipio, donde colocó como jueza a su ex secretaria Rosa Virginia Angulo, conocida en el Foro como “Rosita”, para que proceda con la distribución de expedientes, pero que de manera personal la Rectora Omaira Josefa Escalona estudia y maneja a su antojo, además impuso una tarifa personal de 250 dólares por “la dirección artística de los asuntos”, es decir, envía las causas a determinados tribunales y de manera personal remite a sus jueces de confianza los asuntos en los cuales ella tiene interés, nos dicen los informantes.

“La Escalona valiéndose de su condición de Rectora, le gira instrucciones a esos jueces a donde envía las causas para el trámite de declaraciones de herederos universales, títulos supletorios y demandas, a que soliciten a los interesados ‘una modesta colaboración’ que oscila entre 500 y 2000 dólares, manifestando que esas solicitudes de ‘colaboración’ están autorizada por los magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).” ¡Habráse visto! -destacan los abogados denunciantes-.

Los profesionales del derecho consideran esas peticiones de ‘colaboraciones en dólares’, no son más que DESCARADAS EXTORSIONES, lo que podría enmarcarse en delitos de corrupción o concusión, -apuntaron-

NOTA DE REDACCIÓN: Una sociedad con una corrupción estructural como la nuestra no va a poder tener nunca una justicia imparcial y eficaz. Sería anti-sistema. Una justicia así, como esta, donde una juez se atreve a tanto, requeriría mayor prevención por parte de las altas instancias judiciales del país. Por definición, en los  casos de corrupción que a diario se observan en los tribunales, consistentes en el cobro por decisiones o “servicios prestados” a los usuarios del Poder Judicial, en la mayoría de los casos no pueden probarse, porque siempre los corruptos toman previsiones para no dejar rastros de sus actos de bandidaje. No es fácil, sobre todo cuando no hay interés de sanear nuestro sistema de justicia. Y, claro está, lo que no está probado, no existe. De allí que el único recurso que queda, a pesar de los riegos, es la denuncia pública que desenmascare a estos facinerosos.

 

José Rafael Ramírez
Periodista, CNP 3.141

 

 

 

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