Diariamente, recibimos en nuestra mesa de trabajo múltiples denuncias de diferentes partes del país en contra de las fiscalías, fiscales superiores y algunas Direcciones Generales del Ministerio Público, denuncias donde algunas de las víctimas son niños o adolescentes, informando que los fiscales responsables de llevar las causas no cumplen con sus deberes y las obligaciones que le corresponde de conformidad con la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Sabemos que el fiscal general de la República Tarek William Saab ha implementado últimamente las denuncias a través de la red social Twitter, en donde nos ha dejado ver en algunas ocasiones por medio de intervenciones públicas y ruedas de prensa su interés por cumplir con el deber correspondiente a su cargo; sin embargo, es también de vista pública el desacato en el que cae la gran la mayoría de sus soldados, ya que estos son los que menos velan por el respeto de los derechos y garantías constitucionales, una y otra vez nos demuestran que la celeridad procesal en Venezuela brilla por su ausencia, y que las causas atendidas en dichas fiscalías pueden durar años esperando algún final, las investigaciones se extienden a menos que se refieran a grandes casos conocidos, y las causas duran y duran como la famosa marca de pilas.
Son infinitas las acusaciones presentadas ante el Ministerio Público, por atropello, violaciones de sus derechos, por comisión de los delitos de hurto, forjamiento, asociación para delinquir, falsedad material en documento público, fraude procesal, cohecho, contra la administración de justicia y muchos otros delitos por funcionarios en el ejercicio de sus funciones, así como también es infinito el tiempo que esperan los denunciantes por las respuestas a las mismas, obteniendo al final absolutamente nada.
La mayoría de los denunciantes cumplen con cubrir todas las instancias, incluso hasta las diversas Direcciones Generales del Ministerio Público, y la única que actúa, procesa y resuelve en tiempo más o menos prudencial es la Dirección General Contra la Corrupción, aun así, seguimos cayendo en un hoyo negro en el espacio de la justicia venezolana.
Frente a todas esto, el Ministerio Público guarda silencio al no intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, penal, administrativa o disciplinaria en que han incurrido los funcionarios públicos denunciados con motivo del ejercicio de sus funciones, los perjudicados están cansados de asistir a las diferentes fiscalías para obtener información sobre dichas denuncias, recibiendo siempre de manera soez la misma respuesta de parte de los funcionarios… “No hemos recibido los recaudos solicitados por el despacho Fiscal”. O también podemos agregar a la colección de respuestas, la favorita de estos soldados “El funcionario X no ha practicado la experticia ordenada por el Ministerio Público”.
En otras oportunidades, informan, efectivamente, de acuerdo a la investigación llevada por este Despacho Fiscal, funcionarios incursos en la investigación admitieron en sus declaraciones que son ciertos los hechos denunciados investigados, “Por lo que muy pronto concluirá la investigación”, “solo se está a la espera para los actos conclusivos contra los involucrados en esos graves delitos”, según dice, el representante del Ministerio Público, cuestión que no es cierta, pues llevan meses y hasta más de tres años con las investigaciones y nada sobre el pronunciamiento o conclusión de la causa.
En otro Despacho Fiscal, “yo no puedo hacer nada en este caso, estoy aquí prestada”, y ese funcionario lleva en condición de “prestado” más de dos años; las víctimas casi siempre son padres y abuelitos de muy pocos recursos, que viven en pueblos o ciudades muy distantes de las sedes del Ministerio Público, quienes viven el calvario de la falta de respuesta oportuna a sus denuncias, a veces llevando sol y agua durante muchas horas de espera, tratando por todos los medios se haga justicia en sus casos.
Señor Fiscal General, uno de los engaños más grave de sus soldados, consiste en que no asisten a las audiencias, indistintamente cuál sea la causa, donde han sido notificados, se da el caso de la suspensión en cuatro, cinco y hasta de seis veces por inasistencia del fiscal el día y a la hora fijada para el acto, indudablemente situación que retarda los procesos, e incluso la mayoría de los fiscales de familia, que son casos tan delicados, se atreven a afirmar que “La ley no los obliga asistir a las audiencias en las causas donde la víctima es un menor”.
Sus soldados, sobre todos los Fiscales Superiores de algunos Estados, como Guárico, Aragua, Carabobo, Lara, Cojedes, Portuguesa, en casi todo el territorio nacional, nunca se encuentran en sus Despachos, están muy ocupados o están en una reunión, aunque se les monte guardia desde la ocho de la mañana hasta horas de la tarde, no se logra hablar con ellos, algunos incluso ni van a su trabajo, así que los denunciantes se cansan de esperar para tratar de hablar con ellos buscando denunciar el retardo en las investigaciones llevadas por las diferentes fiscalías de esa entidad Regional.
Ahora le toca a los responsables de las Direcciones Generales, estos señores, aunque no todos, desconocen totalmente las causas bajo su responsabilidad, una situación bastante vergonzosa y lamentable, ya que los denunciantes van llenos de esperanzas, esperando ser atendidos y con sed de ser escuchados, sed de justicia, y con la única petición en sus corazones de que sus expedientes puedan ser atendidos como es debido.
En casos particulares el fiscal ordena y autoriza las audiencias y la sorpresa para ellos es que el jefe o jefa de la dirección pregunta ¿y ustedes a que vienen?, cuando las víctimas responden “usted nos citó para hoy”, son interrumpidos por un grito poco profesional y desagradable “Fulanita, que caso es este”, la Asistente diligentemente revisa, le ordena el expediente y le entrega la minuta, y por supuesto la jefa ni idea, demostrando de esta manera el poco conocimiento del caso, sobre el cual, habría citado a los denunciantes.
Otra respuesta de la Dirección de Familia, Caracas, cuando las víctimas del interior llaman para saber sobre los resultados de la investigación prometida, obtienen como respuesta, “quien les dio este teléfono, esta Fiscalía no es una bodega para que estén llamando” y groseramente cuelgan el teléfono. Igualmente, algunas Direcciones Generales, no se dignan ni siquiera a responder los correos enviados a su Despacho. Nunca hay respuesta, para las víctimas y, se preguntan, qué trabajo realizan los Fiscales, en beneficio de las víctimas, a pesar de que cuentan con un pool de personal asignado al Despacho, quienes son los verdaderos soldados, pero lamentablemente los jefes responsables de las investigaciones no se dignan ni siquiera conocer sobre que versa la denuncia y el estado en que se encuentra la misma.
Sorprende la conducta de estos funcionarios del Ministerio Público con tan alta responsabilidad ante la sociedad, dejando muy mal parado el prestigio de la Institución, al no cumplir con sus deberes y obligaciones en el cargo para el cual han sido designados, al convertirse prácticamente en verdugos de las víctimas, cuando por ley están en la obligación de protegerlas, sobre todo en los casos relacionados con menores.
Aunque el Fiscal General, ha decidido ser diligente y responsable, al publicar las estadísticas de todos los casos conocidos por el Ministerio Público a nivel nacional, queda demostrado una vez más que está solo en esta batalla por depurar el sistema de administración de justicia que dirige, ya que las estadísticas reflejan un espejismo, la realidad sigue allí, y aunque pueden atender miles de denuncias o un número “X” de personas denunciando atropellos, violaciones de sus derechos, el tiempo sigue pasando y las respuestas a siguen sin llegar.
Todos los días miles de ciudadanos se trasladan directamente a la Fiscalía General de la República en busca de asistencia y ayuda, dejando claramente plasmado en la realidad del país que las estadísticas en relación con los resultados o conclusiones obtenidas sobre tantas denuncias son totalmente falsas, ya que son parte del engaño de los soldados de juguete del poder judicial en Venezuela, que solo se encargan de manejar al país como un juego de monopolio a su antojo o quizás para no volverlo más complejo en un simple juego de cartas al azar.
Indistintamente, sea cual sea la causa y negligencia de estos soldados, si el Ministerio Público continúa con este tipo de gestión y funcionarios con conducta como las aquí denunciadas, la búsqueda de la justicia, propuesta por el Fiscal General de la República, simplemente no triunfara.
“La justicia no triunfará por sí sola. Para que triunfe ha de tener soldados que peleen por ella”
Ramiro de Maeztu