Muchos estudiantes que salen académicamente mal preparados de las aulas de la Universidad Bolivariana, pasan de inmediato, sin la más mínima formación doctrinaria en lo jurídico, a formar parte de este Poder Judicial rojo-rojito. Muchachos incluso, cuya ortografía constituye una vergüenza en los Estrados, por la pésima formación que han recibido

En los años que marcaron el inicio del proceso de degradación de la democracia venezolana, por allá en la década de los setenta, cuando los partidos Acción Democrática y Copei comenzaron a repartirse los cargos de jueces a través de lo que se conoció como las “tribus judiciales”, cuyos protagonistas destacados fueron David Morales Bello, Clarisa Sanoja, Gonzalo Rodríguez Corro, Otto Marín Gómez, Rafael Alfonso Guzmán, Pedro Miguel Reyes, Sofía Cardot de Briceño, Gisela Parra y otros que se nos escapan de la memoria, comenzó realmente la debacle del Poder Judicial.

Todas aquellas decisiones de aquellos jueces en representación de cada una de sus respectivas tribus, fueron causando un serio deterioro de la imagen del Poder Judicial y las denuncias y los cuestionamiento que aparecía en sendos centrimetrajes de prensa, hicieron recurrente el tema en el seno de la opinión pública, que empezó a sentir desprecio por los jueces, el mismo o peor, que hoy día se siente contra el Poder Judicial rojo-rojito y contra los militares. Así pues, las expresiones  recurrente en todos los sectores de la vida nacional, era el responsabilizar al Poder Judicial de todos los males que aquejan al país en aquel momento y que al final hirieron de muerte lo logrado a finales de la década del 50. El país y especialmente la dirigencia política se mostraron indolentes frente a la masacre que se cometía contra aquella democracia que tanta sangre costó a los venezolanos. De la responsabilidad de aquella atrocidad no se salvan los grandes medios de comunicación, escritos y hablados, tampoco muchos colegas periodistas, escritores e intelectuales, que en vez de hacer esfuerzos para que se corrigieran los males, atizaron la candela para que en esa oleada de desprestigio, se llevara a la guillotina, como en efecto pasó, a aquella democracia que produjo aquel extraordinario pacto de Punto Fijo. Hoy solo se escuchan lamentos.

Una de las manifestaciones que cobró su mayor expresión, en esa década de los 90, luego de la intentona golpista, fue la constitución de lo que se conoció, como el grupo de “Los Notables”, una extraña simbiosis de talentos y prestigios, que entre otras cosas produjo algunos documentos, alertando al gobierno y los partidos de la grave crisis social, política, económica y moral que se nos avecinaba, a la vez que propusieron una serie de reformas necesarias para asegurar la independencia y pulcritud del Poder Judicial. La tarea obligaba la aprobación urgente de una legislación para definir y castigar la corrupción administrativa, advirtiendo que esa tarea, no podía esperar.

Es propicio recordar el memorable y pertinente discurso, que con motivo a la conmemoración de los 188 años de la Firma del Acta de la Independencia, pronunció el 5 de julio de 1999 en la tribuna del extinto Congreso Nacional, el historiador, periodista y abogado Jorge Olavarría, teniendo como expectante testigo al propio presidente de la república Tcnel. ® Hugo Chávez Frías, para quién el Orador de Orden pidió su enjuiciamiento por diversos motivos: desacato al veto legislativo de los ascensos militares, reiteradas amenazas a las instituciones e incitación al caos. Allí, escuchando aquellas severas palabras, también estaban los representantes de los todos poderes constituidos de ese entonces, además de los embajadores extranjeros acreditados en nuestro país.

Olavarría con premonitoria voz…entre otras mucha cosas expresó: “Esta solemne celebración, la última del siglo, coincide con una hora menguada de la patria, es una hora triste, tensa y bochornosa. Preñada de peligros y amenazas para los que queremos vivir en libertad y democracia bajo el imperio de la ley».

Nos indicó luego que “…si los venezolanos nos dejamos alucinar por un demagogo dotado del talento de despertar odios y atizar atavismos de violencia, con un discurso embriagador de denuncias de corruptelas presentes y heroicidades pasadas. El año entrante (el 2.000) Venezuela no entrará en el siglo XXI, se quedará rezagada en lo peor del siglo XX. O retornará a lo peor del siglo XIX”.

Olavarría puntualizó en aquellos 49 minutos que duró su discurso, que «la valentía del siglo XXI, no es la valentía del asaltante temerario. Es la valentía del saber, la valentía del trabajo, la valentía del dominio de una tecnología que ha cambiado el mundo en los últimos años, más que todos los cambios del milenio que concluye y que va a cambiar la dinámica política de las sociedades humanas a extremos que la imaginación no alcanza a imaginar. Esa es la valentía de los venezolanos que tienen que ser valientes en el siglo XXI”. 

Cuánta razón y cuantas verdades se expresaron en aquel profético discurso del doctor Jorge Olavarría sobre la hora triste de la patria. Los venezolanos, en su mayoría, prefirieron seguir al encantador de serpientes y taparse los oídos para no escuchar ese grito de alerta que se lanzó en aquella fecha patria. 21 años después, el país sufre las peores calamidades que nadie pudo imaginarse cuando como borregos salieron a brindarle su apoyo a un teniente coronel que el 4 de febrero de 1992 se había alzado en armas contra sistema democrático que tanto sacrificio costó instaurarlo el 23 de enero de 1958.- https://www.youtube.com/watch?v=y1ynkRwUFP4

 

‘Aquellos polvos trajeron estos lodos’

Vino el 4 de febrero de 1992 y con él el alzamiento de un grupo de militares que tenían años cocinando la toma del poder por la vía de las armas. Esa insurrección fracasó, con la cifra oficial de 32 muertos, aunque otras cifras señalan entre 143 y 300 los caídos ese 4F y, 95 heridos. Los insurrectos se rindieron y fueron apresados, entre ellos, los tenientes coroneles Hugo Chávez Frías, Francisco Arias Cárdenas, Joel Acosta Chirinos, Jesús Urdaneta Hernández y Jesús Ortiz Contreras, como líderes de ese alzamiento contra la democracia y el poder legítimamente constituido.

Al salir ileso de esa insurrección armada, el Presidente Carlos Andrés Pérez decretó de inmediato la suspensión de las garantías constitucionales, pero según lo establecía la Carta Magna de 1961, ese decreto tenía obligatoriamente que ser aprobado por el Congreso de la República. En aquella inolvidable sesión, Rafael Caldera dio al traste con la unanimidad que existía entre los parlamentarios, para apoyar al Poder Ejecutivo. Allí ese ex Presidente de la República, veterano y ambicioso político, se afincó en criticar severamente la situación del país y desestimar el planteamiento de la mayoría sobre que los sublevados tenían como objetivo principal asesinar al Presidente Constitucional de la República, señor Carlos Andrés Pérez y luego alzarse con el poder.

En ese discurso que pronunció Rafael Caldera dijo entre otras cosa: “Es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y por la democracia, cuando piensa que la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer y de impedir el alza exorbitante en los costos de la subsistencia, cuando no ha sido capaz de poner un coto definitivo al morbo terrible de la corrupción, que a los ojos de todo el mundo está consumiendo todos los días la institucionalidad. Esta situación no se puede ocultar. El golpe militar es censurable y condenable en toda forma, pero sería ingenuo pensar que se trata solamente de una aventura de unos cuantos ambiciosos que por su cuenta se lanzaron precipitadamente y sin darse cuenta de aquello en que se estaban metiendo. Hay un entorno, hay un mar de fondo, hay una situación grave en el país y si esa situación no se enfrenta, el destino nos reserva muchas y muy graves preocupaciones.”

Existe la convicción que ese discurso, percibido como un espaldarazo a los golpistas, le sirvió a Rafael Caldera para aumentar su popularidad en el seno de la población, al extremo que le permitieron a hacerse presidente por segunda vez. Es de apuntar que en aquel momento la dirección del partido Copei, en manos de Eduardo Fernández, discrepó de su fundador, por lo que este renunció a su militancia y fundó el partido Convergencia, el cual aglutinó diversas organizaciones políticas, por lo que todo ese movimiento se denominó “el chiripero”. La misma madrugada del 4 de febrero de 1992, en plena intentona golpista, Eduardo Fernández, en su condición de secretario general del partido social cristiano COPEI, apareció en televisión al lado del presidente Carlos Andrés Pérez y le ofreció apoyo para salvar la democracia, que en aquellos momentos se encontraba herida de muerte.

Frente aquella crisis constitucional que se produjo en ese año 92, luego de esa fracasada asonada militar, el grupo de “Los Notables”, integrados intelectuales de gran prestigio en aquel momento, luego de lanzar severas críticas contra la Corte Suprema de Justicia y el sistema judicial en general, así como contra el Consejo Supremo Electoral, presentaron dos iniciativas de cambios constitucionales importantes, que aparecen asentadas en muchos documentos públicos de la época. La primera fue la propuesta de Reforma General de la Constitución de 1961 por una Comisión Bicameral del Congreso de la República, que había sido designada en el año 1989 y presidida por Rafael Caldera; y, la segunda, la activación de un Consejo Consultivo de la Presidencia de la República, presidido por una serie de personalidades y representantes del mundo político, social y económico, el cual planteó en un documento bien fundamentado, entre otras cosa, como salidas a la crisis, una urgente reforma al sistema de justicia y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Ese documento le fue entregado en un acto solemne presidente Pérez. Ninguna de las dos iniciativas fue del agrado de los cogollos partidistas, ni de los dueños grandes medios de comunicación, entre ellos los de El Nacional y los de Radio Caracas Televisión (RCTV), donde por egoísmo y nimiedades subalternas generaron atroces campañas llenas de odio, contra el Presidente Carlos Andrés Pérez, lo cual contribuyó enormemente a alimentar el desencanto popular que en 1998 condujo al triunfo del que luego se convirtió en la más grande pesadilla para el país, sometiendo y pervirtiendo todos los poderes constituidos, especialmente el Poder Judicial, que si bien es cierto lucía como uno de los mayores responsables de la crisis institucional del país, no es menos cierto que hoy puede considerarse como niño de pecho, frente a lo que vino desde entonces, hasta nuestros días.

Existe la convicción que en las décadas del 70, 80 y 90, aquel Poder Judicial había sido pervertido por los cogollos partidistas. Una buena parte de sus jueces se percibían en el seno de la población, como unos sujetos que ponían su inteligencia y brillantez jurídica al servicio de los intereses partidistas y de la corrupción. En pocas palabras, eran jueces estudiosos del derecho, pero corruptos. Muchos de ellos, por lo general producían siempre dos sentencias, una a favor y otra en contra, y se las ofrecían en venta a los justiciables. Cada quién compraba la que se ajustaba a sus necesidades. Los hechos evaluados confirman que ‘de aquellos polvos se hicieron estos lodos’

El domingo 6 de diciembre del año 1998 el Tcnel. ® Hugo Rafael Chávez Frías es electo presidente de la república para el período 1999-2004. El 2 de febrero de 1999 de manera soberbia e irreverente, asume el poder y desde ese momento todo cambió radicalmente en el país… pero para peor. Contra viento y marea, pero amenazando con el poder de las armas, impuso una ilegal Asamblea Nacional Constituyente “originaria”, con la que acabó las instituciones legítimamente constituidas. Esa ANC le confeccionó una Constitución a su medida, sin embargo, inmediatamente después la violó, para perpetuarse en el poder. Al fulano poder moral que en ella se inventó sólo le permitió el nombre, pues aquí ante ese vendaval de robos que se produjeron desde entonces hasta nuestros días, nunca nadie lo ha visto actuando. El cuestionado Poder Judicial se lo entregó a viejos adecos, copeyanos y demás mañosos, convertidos luego en “revolucionarios”, o como eufemísticamente le decía, a su «proyecto», para que hicieran con él lo que les diera la gana, con tal y le siguieran sus órdenes en los casos de connotación política.

Nuestro juicio nos lleva a asegurar que en estos tiempos de “revolución”, la mayoría de jueces son designados a dedos. Nunca más hubo un concurso de oposición ni una evaluación neuro-psiquiátrica para el igreso al Poder Judicial y, lamentablemente para el colectivo, esos jueces rojos-rojitos no solo son ignorantes, sino además corruptos en grado superlativo. Son jueces sin una real formación académica, sin escrúpulos y sin moral. Se perciben como piratas. A la hora de producir sus sentencias no valoran los elementos de convicción presentados, ni fundamentan sus decisiones, ellos solo cuentas los dólares que exigen a los justiciables. Hoy en el seno de la colectividad hay certeza de que la mayoría de los circuitos judiciales del país, así como los miles despachos fiscales son centros de corruptelas de todo tipo, donde solo le imparten justicia a los que pueden pagarla…y en dólares o euros.

La perversión judicial es incontrolable. En los despachos fiscales se chantajea y se extorsionan descaradamente a los ciudadanos con actos de imputación, con pruebas de delitos sembrados, con órdenes de aprehensión sin fundamentos. Cobran hasta para devolver objetos y vehículos que le fueron robados a sus propietarios y, que al ser rescatados pasaron a manos de esos despachos. En los tribunales de menores se habla hasta de tráfico de niños venezolanos que los sacan del país vía adopciones ilegales. En materia agraria, hay historias de magistrados que se han quedado hasta con fincas que fueron objetos de litigios. Total, todo es un desastre en este Poder Judicial de la llamada revolución, que de bonita no tiene absolutamente nada.

Ni siquiera cumplen con la Ley

La vigente Ley de Carrera Judicial, publicada en la Gaceta Oficial Nº 5.262 Extraordinaria, de fecha 11 de septiembre de 1998, establece en su artículo 10: “Para ingresar a la Carrera Judicial se requiere aprobar un concurso de oposición con la mayor calificación y ser declarado apto en una evaluación neuro-psiquiátrica. Para participar en dicho concurso se requiere ser venezolano, abogado, de conducta intachable, mayor de veinticinco años de edad, y estar en el libre ejercicio de los derechos civiles y políticos; y haber ejercido la profesión de abogado durante tres años comprobados como mínimo, o haber aprobado curso de postgrado en materia jurídica. El ingreso a la Carrera Judicial se hará por la categoría “C” prevista en el escalafón judicial. También podrán ingresar a la Carrera Judicial y admitidos a concurso en las categorías “A” y “B” aquellos aspirantes, mayores de treinta años, que se hubieren distinguido en su especialidad, sean autores de trabajos jurídicos valiosos o profesores universitarios de reconocida competencia, o sean abogados con diez años de ejercicio comprobado; o defensores públicos o fiscales del Ministerio Público con no menos de seis años de servicio.”

Está probado que en estos tiempos de “revolución”, ni siquiera cumplen con esos requisitos para designar jueces. Hoy el 98 por ciento de los jueces Provisorios. Carecen de estabilidad. Cuando deciden prescindir de sus servicios, lo que hacen es dejar sin efecto la resolución mediante la cual se les designó. Así salen del cargo inmediatamente. Esa decisión no es recurrible en ninguna instancia. Lo más grave, es que cuando se destituye un juez porque ha cometido un acto de corrupción, no se ordena que sea enjuiciado. No pasa nada. Lo botan y nada más.

Existe el caso de muchos estudiantes que salen académicamente mal preparados de las aulas de la Universidad Bolivariana de Venezuela y, pasan de inmediato, sin la más mínima formación doctrinaria en lo jurídico, a formar parte del Poder Judicial. Muchachos incluso, cuya ortografía constituye una vergüenza en los Estrados, por la pésima formación que han recibido. Esos muchachos son en su mayoría, los obedientes jueces de hoy. Para probar esta afirmación, bástese solo con meterlos en un salón, muy distantes uno de los otros y ponerlos a redactar una sentencia, para darse cuenta que la ignorancia jurídica entre ellos es generalizada. Lo más grave es que en alto porcentaje, ninguno de ellos muestran interés alguno en estudiar, aprender, superarse y, no lo hacen, porque tienen en cuenta que firmando cualquier disparate, ganan dinero fácil… y en dólares ¿Para qué esforzarse en estudiar?

La corrupción la define el diccionario de la siguiente manera: 1. Acción de corromper o corromperse. 2. Situación o circunstancia en que los funcionarios públicos u otras autoridades públicas están corrompidos. Mientras que el bandidaje tiene en el diccionario el significado siguiente: 1. Circunstancia de existir y actuar bandidos en un sitio. ¿El judicial? 2. Actividad y modo de comportamiento delictivo propio de los bandidos. ¿Los jueces, secretarios, alguaciles?

Hemos decidido buscar estas palabras en el vulgarmente llamado “mata burro”, para profundizar en lo que viene ocurriendo en nuestro Poder Judicial, hoy carcomido por tanta corrupción y degradación de la inmensa mayoría de sus integrantes. A diario llegan a nuestra mesa de redacción, procedentes de todo el país, denuncias tras denuncias, unas más graves que las otras, pero en todas, el denominador común: “El magistrado tal, el juez fulano o el fiscal X, me pidió tantos dólares para decidir a mi favor”. Es práctica común en esos tribunales penales de que jueces, secretarios y alguaciles chantajeen y extorciones a los justiciables, especialmente a los privados de libertad. “La boleta está lista, pero tienes que conseguir 500 de los verde”, les dicen a algunos. Sabemos de casos donde esas boletas de libertad han sido represadas por meses, hasta que el beneficiario no paga. También cobran por la fijación de una audiencia preliminar, o por ordenar un traslado del centro de reclusión al tribunal. Tanta es la degradación, que ponen a los familiares de los procesados a buscarles como sea comidas y refrescos. A ellos no les importa si son pobres o no.  Es realmente la aplicación de una justicia tan perversa, que podría escribirse una capitulo para adicionárselo a la obra cumbre del escritor francés Víctor Hugo, publicada en 1862 y, considerada como una de las obras más importantes del siglo XIX: “Los miserables”.

Existe la convicción de que si en la IV República, la justicia estuvo mal administrada, hoy en esta 5ta, es peor, y elevada a la enésima potencia. Tanto es así, que en los últimos días hemos observado los severos cuestionamientos que vienen haciendo los propios voceros del régimen contra su propio Poder Judicial. ¿Cómo será el desastre? Pedro Carreño e Iris Valera se han pronunciado severamente contra la gestión, aun sin nombrarlo, de Maikel José Moreno Pérez, el todopoderoso señor del Tribunal Supremo de Justicia. Según los dichos de Carreño y Varela, el fracaso judicial se evidencia en lo que ocurre en todos los tribunales del país, con la generalizada corrupción y los retardos procesales. Hoy podríamos comparar este Poder Judicial con un gran y doloroso forúnculo, lleno de pus, esperando solo por la punta de un escalpelo, para extraerle todo lo podrido hay en él, incluyendo la bolsa que lo cubre. Esa cirugía para la extirpación no debe esperar más. Se impone la necesidad urgente de un sistema de justicia integrado por profesionales brillantes, con moral intachable, eficientes, honestos y conocedores de la realidad que vive el país en esta materia. No estamos hablando de una utopía, estamos señalando el camino que el país pide a grito que se transite.

Los hechos evaluados confirman que ésta es la realidad hoy del Poder Judicial venezolano, donde, como se afirma en el titulo: La ignorancia y la corrupción caracterizan a los jueces que imparten justicia en Venezuela. Dios nos ilumine a todos para lograr pronto un sistema que  garantice una justicia idónea, donde la honestidad y la moral prevalezcan. Amén.

 

José Rafael Ramírez
Periodista, CNP 3.141