*** La actividad policial en el estado Aragua ha devenido en un tenebroso negocio sangriento, ramificado en diversas actividades delictivas y con profundos lazos con el poder político y judicial, lo que contribuye a explicar el auge criminal de los últimos tiempos, y sus nefastas consecuencias en todos los municipios del estado Aragua. La conclusión es que la principal fuerza de seguridad, es decir la Policía Bolivariana del estado Aragua, ha devenido, por obra y gracia de sus jefes, Manuel Ulises Farías Valderrama y Aimara Aguilar, en un aparato delictivo que otorga licencia a los pranes para que sometan a los ciudadanos
*** Tal eventualidad demanda un determinante sacudón en la cúpula policial así como la implantación de mecanismos destinados, sino a terminar con la corrupción policial, por lo menos disminuirla a su mínima expresión.
Hasta ahora nadie entiende el porqué el mayor general Rodolfo Clemente Marco Torres, gobernador del estado, no se atreve a poner fin a la alarmante y tantas veces denunciada corrupción en la Policía Bolivariana de Aragua y otros cuerpos policiales.
En esta región del país, la denominada corrupción policial ha devenido en un mal endémico. Es pública y notoria la denuncia, que a cada momento hacen funcionarios de los distintos cuerpos policiales sobre este espinoso asunto. Advierten en su clamor que los directores de la Policía de Aragua forman parte de la tenebrosa mega banda llamada el “Tren de Aragua”, a cuyos líderes les brindan protección, para que de esta forma actúen a sus anchas en la región.
En fecha reciente, un importante número de funcionarios policiales se reunieron con quién esto escribe; para denunciar la gravedad de lo que ocurre con la dirección de la Policía Bolivariana del estado Aragua. Ellos narraron historias y relatos terribles, en los cuales denuncian que sus superiores están asociados con peligrosísimas bandas hamponiles, a cambio de jugosas coimas que reciben, incluyendo además, jugosas comisiones en dólares.
En forma reiterada los funcionarios han asegurado que el director de la Policía de Aragua, comisionado jefe Manuel Ulises Farías Valderrama (OMEGA 1) y a la subdirectora Aimara Aguilar (OMEGA 2), utilizan la estructura legal de la institución para la delinquir. En términos más explícitos aseguran que estos funcionarios incorporan metodología y acciones especiales para favorecer a los grupos que están llamados a combatir. Estos actos de la corrupción siempre conducen al mismo destino: Un jugoso botín que se reparten entre ellos, y en más de una ocasión con connotados dirigentes de la revolución, a cambio de que los mantengan esos puestos de mando.
Evidentemente que aquí no estamos hablando de policías “buenos” y policías “malos”. No, no hay dos policías, sino una única institución que actúa en base a una doble moral, lamentable hecho que no ocurre por descuido del poder político, sino por su deliberada complicidad. El vínculo con el estamento político se gesta a partir de la necesidad de los operadores políticos en recaudar dinero para el sostén de sus actividades, decisión que los convierte en compinches de esos degenerados policías corruptos y de peligrosos antisociales. Cuando el poder político firma semejante pacto de impunidad, nunca más logrará poner orden y el ¡Honor, Integridad y Servicio! quedarán solo como adorno en el slogan de los avisos.
Nadie puede negar el financiamiento de los jefes policiales a los políticos que los mantienen en sus cargos. Es decir, que se reparten con ellos el botín que reciben al brindarle protección a bandas criminales organizadas, y cuyas fortunas tienen origen en actividades del narcotráfico, robo de vehículos, atracos, el juego y la prostitución. No hay posibilidad de que esas bandas operen sin el amparo de los corruptos jefes policiales y políticos.
En nuestros archivos encontramos que en el año 2009, el entonces Ministro de Relaciones Interiores y luego gobernador de Aragua, Tarek El Aissami, admitió que un alto porcentaje de los delitos en Venezuela son perpetrados por funcionarios policiales. Pero, desde esa fecha, aunque no existen estadísticas, la percepción general es que esas cifras han aumentado. Sobre todo después de casos como el registrado en enero de 2015, cuando 11 funcionarios de la policía judicial fueron arrestados por haber secuestrado a un comerciante en Caracas y a quién mantenían en la estación de policía y por el cual exigían un abultado rescate. Hoy eso no solo es el pan nuestro de cada día, sino que se ha agravado, luego que los jefes policiales han permitido que bandas criminales, hagan lo que les dé la gana con sus subalternos, a quienes descaradamente les ordenan no meterse con tal o cual jefe hamponil. Quien desobedece, se muere. Así de simple.
Todo esto nos lleva a destacar que en la actualidad, la actividad policial ha devenido un tenebroso negocio sangriento y ruin. Ramificado en diversas actividades delictivas y con profundos lazos con el poder político y judicial, lo que contribuye a explicar el auge criminal de los últimos tiempos, y sus nefastas consecuencias en todos los sectores de la sociedad del estado Aragua. La conclusión es que la principal fuerza de seguridad, es decir la Policía Bolivariana del estado Aragua, han devenido, por obra y gracia de sus jefes, Manuel Ulises Farías Valderrama y Aimara Aguilar, en un aparato delictivo que otorga licencia a los pranes, para que estos sometan a los ciudadanos.
Si a eso le sumamos las innumerables denuncias por chantajes, actos de concusión, secuestros y torturas en comisarías, narcotráfico, tráfico de armas, juego clandestino, decomiso y apropiación de mercancía, amenazas a ciudadanos con sembrarles delitos etc., que cometen individualmente algunos funcionarios, el asunto empeora y la verdad es que no hay políticas de Estado en materia de seguridad. Tal eventualidad demanda un determinante sacudón en la cúpula policial así como la implantación de mecanismos destinados, sino a terminar con la corrupción policial, por lo menos disminuirla a su mínima expresión. Debe designarse una junta colegiada de disciplina, integrada por funcionarios probadamente incorruptibles y aplicar mano dura a los funcionarios policiales corruptos. Para esto solo hace falta voluntad política y eso es lo que no se aprecia por ningún lado.
En el sur de Aragua la situación ha llegado a extremos calamitosos. El hampa penetró a la Policía del Estado y se desbordó, hasta que el gobierno, atendiendo un clamor popular, sacó al Ejército y a la Guardia Nacional a la calle en esa zona para intentar controlar la muy grave situación. Esa medida extrema podría evitarse, haciendo una urgente revisión al aparato policial. Para luego es tarde.
El deterioro es total
Sin exageración alguna podemos afirmar que hoy la Policía de Aragua, bajo la dirección de ese dúo perverso integrado por Manuel Ulises Farías Valderrama y Aimara Aguilar, no solo atraviesa por una severa crisis ética y moral, sino además física. Desde el comando central y comisarías, hasta el más remoto puesto policial presentan en sus instalaciones serios deterioros. En muchos ni siquiera hay teléfonos ni equipos de comunicación. Tampoco los dormitorios cuentan camas o literas. El 90 por ciento de patrullas están fuera de servicio por falta de cauchos, baterías o algún repuesto. A esto se le suman los malos sueldos a los funcionarios, quienes además no cuentan con buen armamento. Ni proyectiles le surte. Los policías ni siquiera exhiben uniformes dignos, porque hace años no reciben dotación. Tampoco cuentan con pólizas médicas y es muy bajo su nivel de vida, puesto a que sus salarios son pésimos. La gran mayoría tienen que vivir escondiendo su condición de policías en las barriadas, porque el hampa los azota. Es terrible la situación por la que atraviesan los funcionarios y es por ellos que el mayor general Rodolfo Clemente Marco Torres, gobernador del estado Aragua; así como el coronel Johan Hernández Lares, Secretario General de Gobierno; y el Coronel Juan Sulbarán, Secretario de Seguridad; deben ponerle el cascabel al gato. La purga en la Policía de Aragua debe hacerse de inmediato para que se evite su total destrucción.
José Rafael Ramírez
Periodista, CNP 3.141
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