La sobrevivencia de Venezuela depende de una lucha titánica no solo radicada en el campo político, sino también en el judicial. Las mil millonarias deudas generadas por los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro son impagables cuando menos ni en el corto, ni en el mediano plazo.Y lo peor es que el cobro compulsivo que se nos hace a través de medios judiciales no está siendo bien atendido. No hemos tenido una línea de acción clara como sí la tienen los acreedores y esto es fatal.
Recordando el caso de los bonos buitre de Argentina
A finales de 2001 Argentina incumplió pagos por deudas de 132 mil millones de dólares en bonos, y bajo ese agobio hizo acuerdos con la mayoría de los acreedores mediante reestructuración de la deuda. En ese proceso unos denominados fondos de inversión compraron parte de eses bonos y se negaron a hacer acuerdos, se les llamó “Fondos Buitre”, que demandaron en tribunales de New York logrando al final que un juez, quien ya murió, Thomas Griesa, sentenció a favor de ellos. En el año 2016 el país se vio forzado a admitir el pago los demandantes y hasta de los honorarios de los abogados de éstos, mas costas judiciales todo lo cual ha dejado serias heridas económicas y morales a la nación. Casos similares ocurrieron en Grecia, Ecuador, Panamá entre otros. En Reino Unido y en Bélgica se ha declarado ilegal la actividad de estos fondos buitre. La ONU aprobó una Resolución en la cual se dictaron pautas sobre estas actividades de reestructuración de deudas soberanas. Por cierto EE. UU estuvo entre los apenas seis países que votaron en contra. Es tarea diplomática buscar revertir esa posición de nuestro principal aliado internacional.
Que nos diferencia con el caso Argentina
Las denominadas “deudas soberanas” por las que los especuladores atacaron ferozmente a Argentina y otros países habían sido asumidas por gobiernos corruptos, pero con legitimidad de origen y con apego a sus legislaciones internas. Distinto al caso venezolano donde tenemos una dictadura, un régimen no reconocido ni por nuestro parlamento ni por una gran cantidad de países. Esto implica que ésta por la que se nos ataca no es una deuda soberana. Los bonos 2020 fueron emitidos con violación a la legislación interna por lo que se trata de una deuda ilegal. Tal defecto es conocido por el mundo entero pues ello es materia de escándalo global. No hay acreedores legítimos, ni hay buena fe en la adquisición de dichos títulos. Todo esto abre camino a la posibilidad de éxito en la demanda por desconocimiento de tales papeles, y cuando menos nos confiere un fuerte medio para la negociación si es que tal salida fue finalmente conveniente adoptarla.
Que nos perjudica
Las inconsistencias en la adopción de una línea única nos resultan muy perjudicial. Eso de que la Asamblea Nacional haya declarado ilegal la deuda del bono 2020, pero a la vez acordó hacerle ese infame abono de 71 millones de dólares en abril de 2019 es un absurdo contrasentido, como también lo es que el abogado del gobierno interino haya estado declarando que busca reestructurar esa deuda ilegítima sin haber planteado antes la demanda de su nulidad. Son dos líneas contradictorias que van en paralelo y que perjudican los intereses finales del país. Este abogado nos hizo dilapidar esos millones de dólares que aconsejó a la AN su aprobación, y también nos ha hecho perder el tiempo en esa extraña línea de complacencia con los buitres de negociar acuerdos de pago perdiendo tiempo vital en vez de demandarlos, y que ahora vencido por las circunstancias alaba la actitud de la junta directiva ad hoc de Pdvsa que sí procedió a demandar la nulidad del mencionado Bono.
Los tenedores del Bono 2020 son agentes de Maduro
Hay una versión según la cual Maduro y su élite emitieron y acapararon ese Bono 2020 para quedarse con Citgo. Eso no es descabellado pensarlo. Es necesario buscar la identidad final de dichos bonistas.Hay que buscar eso por todos los medios, y uno de esos medios será la acción penal anunciada por Antonio Ledezma ante el Fiscal General de Estados Unidos que estamos esperando con gran expectativa.
Declarar emergencia judicial, lo que nos falta hacer
Además de las demandas por nulidad de estos bonos, hay que abrir un proceso de investigación y persecución por las absurdas cantidades de dinero que por deudas en bonos asumieron los gobiernos de Chávez y de Maduro.
Que se hizo ese dineral.
Donde están las consecuencias penales de semejantes crímenes contra el pueblo venezolano.
Esto es un crimen atroz que no puede dejarse impune.Hay que buscar esos dineros y meter en la cárcel a los implicados en esto mega robos.
Además de esos Bonos 2020 ya se nos demandó en un tribunal de New York por otros bonos, los 2034. Los demandantes son empresas registradas en Islas Caimán y en Delaware. La periodista Maibort Petit detalló la información sobre esta acción, ver enlace:
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