En realidad, el monto de la deuda del país es casi que insondable. Estudiosos del tema como por ejemplo los profesionales Ramon Escovar Alvarado, Andrés Carrasquero Stolk y Mariana Castro Villalba del Observatorio de Gasto Público CEDICE la estiman en 162 mil millones de dólares, deuda radicada en papeles de deuda pública y la producida en sentencias condenatorias en procesos de arbitrajes relacionadas con la abusiva política de expropiaciones que alcanzaron a 5.500 decretadas por Hugo Chávez copiando lo que en Cuba hizo Fidel Castro. También está presente una deuda con China por 25 mil millones, otra con Rusia cuyo monto se desconoce.
De las anteriores, las referidas a los arbitrajes son las de urgente atención por ser las que están más adelantadas en trámites de ejecución. En total, de este capítulo tenemos 59 demandas de las cuales 22 están ya sentenciadas y en proceso de ejecución que alcanzan a 74 mil millones de dólares. También tenemos encima 80 mil millones de dólares en deuda por capital e intereses de bonos. Como lo han explicado los antes citados economistas, todos los bonos Venezuela han sido demandados, también 6 series de los de PDVSA han sido objeto de demandas por cobro. La información aquí expuesta puede verificarse en programa del citado Observatorio en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/live/RErB3ce0Jn0?feature=share
QUE HACER
No hay duda de la necesidad de una política de reestructuración de esa deuda, reorganizarla de manera que se haga posible cumplirla, y esto no se puede hacer con un país de responsabilidad dividida y de posibles recursos disponibles también divididos entre dos partes gubernativas.
En experiencias de otros países en condiciones deudoras similares las partes han llegado a acuerdos de importantes reducciones de acreencias, extender plazos para el pago, quitar intereses o modificar sus montos. En esto generalmente los acreedores aceptan esos cambios porque les hace posible lograr los pagos. Por esto es por lo que los economistas estiman que una reestructuración de la deuda es posible. Por supuesto, ese camino tampoco es que está limpio de tropiezos pues se sabe que entre acreedores también se manejan posiciones intransigentes que plantean “todo o nada”, que se niegan a conceder rebajas u otras alternativas diferentes al pago total de capital e intereses, así ocurrió en Argentina con el famoso caso de los llamados “Fondos buitre”, pero aún así hay experiencias incluso en nuestro país en gobiernos anteriores de que las negociaciones llevaron a soluciones.
EL DESDÉN ANTE UNA DEFENSA POSIBLE
A propósito de la anterior mención sobre acreedores que asumen posiciones intransigentes a la hora de proponer restructuración de deudas quiero traer a colación el caso “Crystallex” que es una de esas situaciones, la más agresiva y álgida, por cierto. La deuda a favor de esta empresa canadiense surge de una de esas sentencias dictadas por el Tribunal de Arbitraje Internacional CIADI que es perfectamente impugnable por nulidad no solo ante el mismo organismo sino, y con más fuerza aún, por ante los tribunales norteamericanos. Esto lo he venido hablando, escribiendo, demandando con mucha persistencia, pero sin resultados. No hay manera que quienes han tenido en sus manos la posibilidad de atacar el problema escuchen el planteamiento que seguidamente explico:
EL CASO CRYSTALEX, EL MAS AMENAZANTE DE TODOS, DEBILIDADES ATACABLES
Crystallex alegó haber sufrido daños por la suma de 1.239.632.217 dólares, suma que demandó que le fuera resarcida, pero después que presentó y se le dio curso a la demanda arbitral, sin notificar al tribunal ni a la demandada RBV, vendió por 76 millones los derechos de la demanda, venta que hizo a la empresa que fue una de aquellas que en el mismo tema en Argentina llamaban “Empresas Buitres”. Es la denominada Tenor Capital Management la cual durante el trámite procesal se mantuvo a escondidas, como una Hidden plaintiff, con lo que además de que constituyó un fraude procesal demostró cual era el monto real de los daños que podría haber reclamado, 76 millones, una cuantía significativamente inferior a los que demandó y a lo que llegó a montar la sentencia. Con esa situación tenemos que la verdadera parte actora que fue esa empresa Tenor Capital la cual no tiene ningún derecho a participar del Convenio o Tratado CIADI por no ser firmante del mismo, además de eso, repito, puso a este organismo a servir de instrumento cobro de lo indebido y de usura dado los montos implicados en el caso.
EN ESE JUICIO LA DEMANDADA VENEZUELA NO TUVO REPRESENTACIÓN LEGAL
Por otra parte, tenemos que ese juicio arbitral, al igual que todos los demás donde nos sentencian, es nulo porque la demandada RBV no estuvo válidamente representada pues aun cuando esa personería jurídica solo corresponde y puede ejercerla el funcionario constitucionalmente indicado que es el Procurador General de la República, que es como así en realidad se denomina el cargo, allí quien apareció usurpando esa cualidad en el ejercicio de la defensa fue una persona del gobierno dictatorial de Maduro sin esa cualidad.
Esas dos, de otras varias razones, son un arma poderosa para demandar la nulidad de la cuestionada sentencia y eso obligaría a la demandante y a otros como ella a sentarse en la mesa de negociaciones sin tantas ínfulas de esas de “todo o nada”. Pero lamentablemente quienes podrían hacer eso se desentienden a pesar de la insistencia con la que se les ha alertado. Repito y no me cansaré de repetir.
LO QUE SE AVIZORA
Lo que ha salvado a Venezuela de que definitivamente se ejecuten esa cantidad de sentencias pendientes es la actitud protectora del gobierno de Estados Unidos que emitió unos decretos u “Ordenes Ejecutivas” que lo prohíben. Pero esto no durará eternamente, hay mucha presión para que se levanten, ahora mismo se ha divulgado sobre las fuertes presiones sobre el Presidente Biden para que cese dichas licencias, y al margen también se ven actuaciones que dejan ver que ese camino se ha comenzado a transitar, allí está el caso de Chevron que ya está en plena actividad de extracción y comercialización de nuestro petróleo con permiso de Estados Unidos.
En resumen, hay experiencias propias e internacionales donde eso de la reestructuración de deudas se ha logrado, y en tal sentido se pueden manejar un abigarrado conjunto de alternativas de negociación, pero a ello se opone que el verdadero problema es el de naturaleza política. Venezuela es un país con dos gobiernos y esto hace inviable cualquier compromiso entre ésta y sus acreedores.
NUESTRAS POSIBILIDADES
No es imposible lograr soluciones, ya se sabe que con una política bifurcada entre conversaciones directas entre las partes y actuaciones judiciales en algunos casos se puede controlar el desastre. Para empezar, habría que buscar un modo de entendimiento entre el gobierno de Nicolás Maduro que mantiene dominio territorial y el representado por la legítima Asamblea Nacional que es el que se reconoce entre otros países en Estados Unidos e Inglaterra. Que después del tema de los presos políticos sea éste el tema prioritario en tratativas entre ambos. Dar un carácter institucional a este asunto, excluyéndolo del manejo político, creando un organismo independiente con autoridad para la renegociación de esa monstruosa deuda, sujeto a controles bien diseñados. No hay otra vía, es esa o la quiebra del país.
